La crónica | El PP escala otro peldaño: “El Gobierno es una organización criminal”

El calibre de la munición verbal del PP se agiganta cada semana. Ya muy explotado el filón del Gobierno “de las putas y la cocaína”, los populares presentaron este miércoles en la sesión de control del Congreso la nueva etiqueta: el Ejecutivo es la mafia. La palabra fue circulando de boca en boca de cada diputado popular que interpelaba a los ministros, introducida en todos los discursos con independencia del tema a tramar: los datos del paro, el apagón, los problemas del sector primario, las políticas de igualdad… Alguno se ornó de metáforas, como Elías Bendodo, que habló de un “Gobierno de España con sede en Sicilia”.

Y aún faltaba Miguel Tellado. Como era de esperar, el portavoz del grupo popular subió la apuesta y espetó a la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen: “Usted forma parte de una organización criminal: el Gobierno de España”. La también ministra de Transición Ecológica lo encajó sin una protesta. La expresión la retomó después Mirian Guardiola, una diputada que ya venía haciéndose notar en estos concursos de estridencias: “No es que sean ustedes una banda, parecen más una mafia y una organización criminal”. Y a la equiparación delictiva del Gobierno se apuntó también Pepa Millán, la portavoz de Vox. Solo que la metralla popular es de tal magnitud y con tal cantidad de efectivos frente al escaso tiempo de que dispone la extrema derecha, que esta se las ve y se las desea para sacar un poco la patita. La intervención de Millán apenas sirvió para que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, trazase la clásica identificación entre PP y Vox: “Dicen lo mismo, son una unidad de destino en lo universal”.

Los socialistas asistieron impávidos a la avalancha hasta que un veterano de las filas populares, Manuel Cobo, arremetió directamente contra el jefe y llamó a Pedro Sánchez “corrupto inductor del transfuguismo”. Entonces se despertaron los primeros murmullos de desaprobación en la bancada del PSOE. “Ha calumniado usted al presidente amparándose en la inviolabilidad parlamentaria”, le retrucó Bolaños.

La enésima escalada verbal del PP tenía como argumento los audios revelados por El Confidencial en los que una militante socialista y excontratada en empresas públicas, Leire Díez, ofrece tratos de favor a empresarios a cambio de que le suministren informaciones comprometedoras sobre uno de los jefes de la UCO de la Guardia Civil. El PP da por hecho que la que han bautizado como “fontanera socialista” actuaba en nombre del Gobierno.

Frente al martilleo de acusaciones, los socialistas optaron por escurrir el bulto. Suele suceder en las sesiones de control y la de este miércoles prolongó la costumbre. Los ministros ignoran los ataques, cambian de tema, recurren al archivo de corrupciones del PP y denuncian genéricamente, sin entrar en detalle, la difusión de bulos. “Ustedes fueron el partido más corrupto de Europa y ahora son el partido más difamador de Europa”, contraatacó Bolaños, que más tarde, a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu sobre qué ha pasado con los planes de “regeneración democrática”, anunció un inminente proyecto de ley para reformar la protección del derecho al honor. Sobre el caso concreto que denunciaban los populares, la táctica del Gobierno fue simplemente el silencio. También cuando los populares formularon cuestiones concretas, como Borja Sémper, que pidió sin éxito a Bolaños un apoyo expreso al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, señalado por Leire Díez en las conversaciones difundidas.

El despliegue acusador del PP subió la temperatura de una sesión de control descafeinada, con el banco azul medio desierto, sin Sánchez, de viaje en Bruselas para ver a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ni la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Los populares expresaron en los pasillos su indignación por estas ausencias. Y en el hemiciclo pusieron la diana en quien llevaban omitiendo desde hace mucho tiempo: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que dedicaron tres preguntas.

El objetivo quedó claro desde la primera, obra de la número dos popular, Cuca Gamarra. La idea era situar a Díaz y a Sumar como “cómplices de un Gobierno mafioso”. La vicepresidenta no entró a ese trapo. Pero sí a los emplazamientos de Gamarra para que hablase de la cohesión interna del Gabinete. “Mal que les pese, somos el Gobierno más estable de Europa”, proclamó entre las risas de los populares, acalladas cuando añadió: “La inestabilidad la ponen ustedes en las comunidades autónomas con sus pactos con la extrema derecha”. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, recurrió a uno de los clásicos en el amplísimo abanico acusatorio de su partido: el Ejecutivo maquilla las cifras del paro. “Eso que me está diciendo es un delito”, replicó la vicepresidenta, quien manifestó que ella no ha cambiado “ni una coma” de las normas que regulan cómo calcular el desempleo. Para recalcarlo exhibió un cuadro del Instituto de Estadística de Andalucía con el mismo método contable del Ministerio de Trabajo.

El PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se llevaron algunos rejonazos por su oposición a oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la UE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó por la cuestión al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Y aunque dejó un dardo a este por su fracaso el pasado lunes en Bruselas —“¿y ustedes qué pintan en Europa?”— se dedicó a reprender a los diputados del PP que hablan en esas lenguas, empezando por Feijóo. Albares prometió “no cejar” en el intento, aunque puntualizó: “Esto no puede ser solo de un partido político”. Como si el Congreso estuviera para alcanzar consensos sobre alguna cosa.