El Gobierno y el PP recrudecen hasta el último minuto la batalla por la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE

Batalla sin cuartel hasta el último minuto entre el Gobierno y el PP, pero no en España, como es habitual, sino en Europa, para ver quién gana el pulso hoy en Bruselas, cuando se someta a aprobación la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Hasta el último minuto, el Gobierno y el PP multiplican los contactos en sentido contrario: el Ejecutivo para evitar que haya algún veto ―la aprobación necesita unanimidad― y el PP para lograr tumbarla con varios vetos, la manera de que ningún país se quede solo en esa posición agresiva contra el Gobierno español y pueda así cubrirse. El resultado es incierto, y en la misma mañana de este martes, antes de que se someta a aprobación al mediodía, podría haber últimas ofertas o movimientos para conseguir que salga adelante o para tumbarla.

Los dos se juegan mucho: el Gobierno, un paso muy importante de consolidación de la legislatura, ya que esta cuestión es un compromiso que el presidente alcanzó con Junts y que apoyan también ERC, el PNV y el BNG, socios habituales del Ejecutivo. Y el PP también tiene mucho interés, precisamente porque quiere debilitar esa mayoría e impedir un éxito europeo del Gobierno que demostraría la influencia europea de Pedro Sánchez. Por eso los dos están echando el resto.

El propio Sánchez se ha implicado personalmente y ha hablado de esta cuestión en los últimos meses con casi todos los presidentes de los países más reticentes, incluida la italiana Giorgia Meloni, según fuentes del Ejecutivo.

Tanto Sánchez como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llevan meses hablando con todos y negociando con una idea clara: esto es algo muy importante para España, porque estas tres lenguas se hablan en territorios donde vive el 40% de la población española, casi 20 millones de personas, según ha explicado Albares este lunes. Además, Madrid asume el coste, por lo que un rechazo sería interpretado como una votación agresiva contra el Gobierno español y que solo obedecería a presiones del PP, algo que en la lógica europea no está bien visto, porque los gobiernos se relacionan entre sí de otra manera aunque tengan diferentes colores políticos.

Así lo entienden muchos gobiernos que, hasta hace no tanto, se oponían férreamente a la idea y han ido, tras la intensa diplomacia española, moderando su postura. Son conscientes del gran capital político invertido por España y, pese a que sigue habiendo bastantes dudas legales, prácticas y financieras —como se reconoce desde varias capitales— podrían mostrarse dispuestos este martes a no bloquearlo, siempre que reciban suficientes garantías, señala una fuente diplomática en Bruselas.

Italia es un caso particular, porque el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que habla un perfecto castellano, es una persona muy vinculada a España y al PP, con el que tiene una relación muy directa. Es habitual que participe en mítines y congresos de este partido ya desde la época de Mariano Rajoy. Tajani no es del partido de Meloni, Fratelli D’Italia. Él es el líder de Forza Italia y sucesor de Silvio Berlusconi, pero esta cuestión está dentro de sus competencias y su posición es decisiva.

Aun así, ningún país, por mucha cercanía que tenga con el PP de Alberto Núñez Feijóo, quiere asumir el coste de ser el único en vetar una petición expresa del Gobierno español. Por eso, el PP se está moviendo para lograr un número lo más amplio posible de vetos, que supondría un golpe duro para el Gobierno.

En el Ejecutivo están indignados con las maniobras del PP, que consideran inauditas porque están torpedeando algo que ellos ven beneficioso para millones de españoles que las hablan. Además, el PP tiene aquí una contradicción evidente con su discurso de defensa de estas lenguas en las autonomías donde se hablan, entre ellas la de Feijóo.

Demanda del Parlamento gallego

Hace menos de tres semanas, el pasado 7 de mayo, el Parlamento gallego votó por unanimidad una proposición para instar al Parlamento Europeo a que permita que se use en gallego como lengua oficial. El PP gallego también votó a favor. Pero ahora su líder, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, dice que la oficialidad “no es prioritaria” por su coste.

España puede decidir hasta el último momento retirar la propuesta y dejarla para más adelante, pero el Ejecutivo insiste en que esta vez no lo hará y confía en haber despejado las reticencias de varios socios con la negociación del texto, que se ha cambiado mucho para dejar claro que habrá una aplicación gradual, que España pagará todo el coste y sobre todo que se trata de un caso único, por lo que no va a abrir la puerta al reconocimiento de otras lenguas minoritarias europeas.

El texto pone condiciones que solo cumplen, además de las 24 lenguas ya oficiales en la UE, el catalán, el euskera y el gallego, como una decisiva: que estuvieran contempladas en la Constitución del país que lo solicita en el momento en que entró en la Unión, en el caso de España en 1986. Las tres lenguas cooficiales están en la Constitución española desde 1978, pero ninguna de las otras lenguas que preocupan a algunos países, como el ruso, que inquieta a los bálticos, cumple esta condición.

Aunque las negociaciones han sido dirigidas principalmente desde Madrid hacia las capitales europeas, también en Bruselas fuentes diplomáticas confirman una fuerte presión española, sobre todo la última semana, para convencer a los países aún reticentes a cambiar de opinión.

Un año de pausa

La UE tiene en este momento 24 lenguas oficiales. Todas ellas son también oficiales en el conjunto de sus respectivos Estados, a diferencia del catalán, el euskera y el gallego, que solo son oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas, no en el conjunto del Estado. Tras más de un año sin ser debatida a escala europea, la oficialidad del catalán y las demás lenguas cooficiales españolas no solo vuelve a ser discutida en un Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE, cosa que no sucedía desde marzo del año pasado. Llega además con la posibilidad de ser sometida a voto, algo que no ha pasado desde que España la presentó por primera vez.

Fue en septiembre de 2023, bajo la presidencia española de turno del Consejo de la UE y justo después del acuerdo político para que el socialista Sánchez pudiera formar gobierno con apoyo de Junts, que ha hecho de la oficialidad del catalán una exigencia, y también del PNV, otro socio clave del Ejecutivo de Madrid. Finalmente, sin embargo, no se llegó a votar: durante la sesión, quedó claro que se estaba muy lejos de la unanimidad requerida y no se presionó por un pronunciamiento de los ministros que habría frenado en seco la iniciativa española. Desde entonces, España ha dado más garantías de que asumirá todos los gastos que acarree la decisión —estimada en al menos 132 millones de euros— y acotando todos los resquicios legales para que la propuesta no pueda ser usada en otros casos de lenguas minoritarias.

Pero después de languidecer durante buena parte de la presidencia de turno belga —que la retiró formalmente de la agenda en marzo de 2024, tras constatar que no había avances— y de ser completamente ignorada durante el semestre europeo húngaro, Albares relanzó a finales del año pasado la demanda, con vistas a que fuera tratada e incluso aprobada de nuevo durante la actual presidencia polaca europea. En cualquier caso, tampoco está claro que si finalmente se vota y se rechaza —para lo que basta un voto negativo— el camino del catalán, gallego y euskera hacia Europa se corte en seco. Según se señala desde el Consejo de la UE, España podría volver a presentar otra propuesta en este sentido más en adelante. Tampoco esto sería totalmente nuevo: al fin y al cabo, la primera vez que España intentó el reconocimiento de sus lenguas cooficiales fue en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque su sucesor socialista no se puede permitir esperar otros 20 años para volver a intentarlo.