El Gobierno echa el resto para aprobar el catalán, euskera y gallego en Europa este martes

Se acerca un momento decisivo para la legislatura española, pero que se dilucida en Bruselas. El Gobierno lleva meses preparando de manera discreta con los 26 socios europeos la aprobación de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, una reclamación histórica en las comunidades que los tienen como lengua cooficial. Y el documento que lo aprobaría se someterá el martes al examen del resto de socios en el que se verá si hay algún veto, ya que se requiere de unanimidad y no hay una votación al uso. Si no hubiera ningún veto, quedaría aprobado. El Gobierno insiste en que no lo retirará en ningún caso, así que el martes habrá una decisión en uno u otro sentido.

El Ejecutivo, con José Manuel Albares, ministro de Exteriores, a la cabeza de la negociación, se moverá discretamente hasta el martes para lograr que nadie vete la propuesta, que requiere unanimidad en el Consejo de Asuntos Generales. Pero el PP también se está moviendo en sentido contrario, para intentar que algún país gobernado por alguien afín del PPE lo vete.

La batalla hasta el martes será intensa, y el resultado tiene una gran relevancia política en España, porque la aprobación de la oficialidad del catalán es una exigencia de Junts con la que el Gobierno se ha comprometido, y también del PNV, otro socio relevante para el Ejecutivo. Carles Puigdemont, líder de Junts, ha hecho de esta cuestión un punto fundamental de la legislatura, con la amnistía, que también está en trámite en el Tribunal Constitucional, que está analizando el recurso presentado por el PP contra la ley.

Aunque basta un solo país para vetar la iniciativa, el Ejecutivo sigue trabajando hasta el último momento y está convencido de que hay posibilidades porque se ha negociado mucho el texto que se aprobaría para hacer una especie de traje a medida que solo incluiría al catalán, el euskera y el gallego y no abriría la puerta a las decenas de lenguas minoritarias que existen en la UE pero no son oficiales. El Gobierno ha ido cambiando el texto en estos meses y está dispuesto a modificarlo hasta el último momento si es necesario, para resolver las inquietudes de varios países que temen que esto siente un precedente y pueda abrir la puerta a otras lenguas además de las 24 que ya son oficiales.

Una de las fórmulas para ese traje a medida es que solo serán oficiales las lenguas que estuvieran en la Constitución de los países miembros en el momento en que entraron en la UE, no vale con que se incluyan después. Eso hace que prácticamente solo queden incluidas, además de las 24 ya oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, que están en la Constitución española desde 1978 como lenguas cooficiales, y excluye los temores de que minorías rusófonas de algunos países puedan intentar incluir el ruso, o situaciones similares como el turco en Chipre.

Además, otra condición que se pondrá es que las lenguas se usen en las dos Cámaras, Congreso y Senado, de los países afectados, algo que en la práctica también solo sucede con el catalán, el euskera y el gallego, que desde la reforma de esta legislatura se usan en las dos cámaras españolas. Además el coste de traducción lo asumiría el país interesado, esto es España. Con detalles como estos, con informes jurídicos detallados, y con el argumento de que no se trata de idiomas minoritarios, sino tres lenguas que se usan con total normalidad en autonomías donde viven millones de españoles, y en el caso del catalán con más personas que lo hablan que varios idiomas oficiales europeos, el Gobierno espera convencer a los países con más dudas.

Aún así, al tratarse de una decisión en el fondo política, el movimiento de presión del PP también es importante y podría contribuir a desbaratar los esfuerzos del Ejecutivo. Países como Suecia o Italia, con ministros de Exteriores cercanos al PP, podrían ser sensibles a estas presiones en sentido contrario. Pero el Gobierno español confía en que nadie se anime a vetar, un gesto agresivo muy extremo, si se hace un trabajo de explicación y se abre la posibilidad de cualquier modificación necesaria para dar más garantías antes del martes.

Lo que más está amarrando el Ejecutivo español es el temor de que el caso español abra una caja de Pandora política en una Europa con medio centenar de lenguas minoritarias. Un extremo que el eurodiputado socialista Javi López, miembro del Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, también rechaza apoyándose en el ejemplo de los acuerdos cerrados bilateralmente con la mayoría de instituciones europeas. “¿Han pasado más de 20 años, algún otro país ha pedido que se pueda hablar otra lengua en otra institución? La respuesta es no, el argumento del precedente no funciona”, sostiene.

La propuesta española volvió a ser debatida a nivel de representantes permanentes (embajadores) ante la UE de los Veintisiete este miércoles, en la reunión preparatoria del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes. Ahí esta cuestión sigue propuesta para ser sometida a votación, aunque siempre cabe que se retire la consulta si no se consolida la unanimidad requerida, si bien fuentes del Gobierno insisten en que no la retirarán. La unanimidad, pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de España —que “ha hecho mucha presión”, coinciden múltiples fuentes diplomáticas consultadas— todavía está lejos de estar asegurada. Aunque en la última semana algunas posiciones se han suavizado —algún no rotundo ya no es tan tajante—, en vista de que basta un solo no para echarlo todo por la borda, la operación es compleja. Difícil, pero no imposible, matiza una fuente. La cita del martes, en todo caso, promete ser de infarto, vaticinan todos.

Ni siquiera los países más reticentes desde el principio a la propuesta española, como los bálticos o Suecia, parecen dispuestos a decir no de forma tajante, después de una intensa negociación de forma discreta del Gobierno español. Hay una conciencia generalizada —“sensibilidad”, lo llaman algunos— de que se trata de un tema absolutamente importante para el Gobierno de uno de los países de mayor peso de la UE —es la cuarta economía comunitaria— y nadie tiene visiblemente ganas de molestarlo. Pero también hay molestia —y eso viene de largo— con una propuesta que muchos siguen considerando de política interna española pura, aunque a la par reconocen que eso es una práctica recurrente en el bloque.

Algunos miembros como Países Bajos, o incluso Alemania, dicen que no se opondrían, aunque insisten en que les faltan datos para conocer todas las implicaciones. Alemania está ahora dirigida por el conservador Friedrich Merz, de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) donde milita el PP español.

Una de las principales inquietudes que siguen aflorando es de materia legal: numerosos países consideran que no está aclarado si esta propuesta requeriría una reforma de los tratados. Algo que, según varias fuentes, ha constatado el servicio jurídico del Consejo. También preocupa la financiación. Pese a que España se ha comprometido a asumir los costes, varias capitales señalan que la española se trata de una apuesta política, del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que la promesa de sufragar los gastos no es legalmente vinculante y no hay garantías de que un gobierno de otro signo no dé marcha atrás y deje de pagar las facturas en el futuro. Todo ello pese a que, en los 20 años que llevan funcionando diversos acuerdos administrativos bilaterales con las principales instituciones europeas —salvo la Eurocámara, donde ha sido frenado políticamente— para poder usar el catalán, España ha pagado siempre los costes de traducción, independientemente del partido en el poder. Se está evaluando solicitar un nuevo análisis de coste. Uno previo estimó en 132 millones anuales el gasto de traducir a las tres lenguas cooficiales españolas en las instituciones.