España propone someter a voto la oficialidad del catalán en la UE para cumplir con el acuerdo con Junts

España parece dispuesta a apostar fuerte con la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Tras más de un año sin movimientos oficiales —que no entre bambalinas— en Bruselas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que la cuestión del reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas a nivel europeo vuelva a ser discutida, e incluso quizás sometida a voto, entre los Veintisiete, en el próximo Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el 27 de mayo. El asunto es una condición crucial del acuerdo que selló Junts per Catalunya con el PSOE para dar estabilidad parlamentaria a Sánchez a cambio de que la lengua catalana tenga personalidad propia en las instituciones comunitarias.

Según la agenda de la cita, realizada bajo la presidencia de turno polaca de la UE y publicada este lunes, el tema debería ser llevado a “adopción”, es decir, votación, aunque no está claro aún si se tiene asegurada aún la unanimidad que requiere este tipo de cuestiones, coinciden diversas fuentes diplomáticas. En cualquier caso, la intención de España es, como ha asegurado una y otra vez el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, desde que hizo la primera petición en el verano de 2023, ir hasta el final en una cuestión en la que lleva trabajando intensamente desde hace casi dos años.

El fondo de la agenda debe ser aún discutido a nivel de embajadores europeos, en una cita el próximo 21 de mayo. Y la posibilidad de acabar retirando la propuesta de votación es grande. La única vez que España propuso someter esta cuestión a voto fue en septiembre de 2023, cuando presentó por primera vez la propuesta ante los ministros de Exteriores, aunque finalmente no impulsó su votación, en vista de que no había el necesario consenso.

En una comparecencia este lunes desde Waterloo (Bélgica), Carles Puigdemont ha dado a entender que el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE es un tema que puede quedar resuelto en breve. El expresidente catalán se ha referido a ello cuando ha justificado que Junts per Catalunya se aparte del pacto nacional por la protección del catalán, firmado por PSC, ERC y los Comunes, con el apoyo de entidades como Òmnium o Plataforma per la Llengua. Junts no se adhiere al acuerdo alegando que hay cuestiones abiertas, y de resolución inminente, que pueden hacer variar el contexto sobre la situación del catalán. Puigdemont ha aludido expresamente a la oficialidad del catalán en la UE y a la sentencia que tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional sobre la cuota del 25% de castellano en las aulas de los colegios catalanes.

Algunas fuentes diplomáticas consultadas han mostrado su sorpresa por la nueva propuesta de voto, dado que no parece que todos los países con reticencias hayan cambiado de opinión o, al menos, en Bruselas sus representantes no han recibido instrucciones al respecto, señalan bajo condición de anonimato. Otras fuentes creen que se trata de una manera de tantear dónde están las posiciones tras un año largo de intensa diplomacia alejada de los focos, pero dudan de que finalmente el punto vaya a ser sometido a votación el día 27.

En cualquier caso, coinciden todas las fuentes consultadas, hasta el mismo día del Consejo puede que las opiniones —o el órdago español— hayan cambiado y se modifique la agenda, por lo que nadie se atreve a vaticinar un resultado del encuentro, al menos por el momento.

La última vez que la oficialidad del catalán fue discutida en un Consejo de ministros europeos fue en marzo del año pasado, cuando cuando el Gobierno envió un informe a los ministros de Exteriores argumentando que el catalán, el euskera y el gallego tienen reconocimiento constitucional en España y que eso les sitúa en una posición distinta a la de otros idiomas minoritarios. Pero ante la falta de avances sobre el terreno, la presidencia de turno belga ese semestre decidió retirar el punto de las lenguas cooficiales españolas de la agenda, que tampoco volvió durante la controvertida presidencia húngara, el semestre pasado.

No obstante, Albares reactivó los planes a finales de 2024, cuando pidió por carta a su par polaco, Radoslaw Sikorski, que durante el semestre polaco de la UE que comenzó en enero y acaba a finales de junio se avanzara para alcanzar un acuerdo que permita incluir las tres lenguas en el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión.

Durante todo este tiempo, España ha tratado de convencer, en múltiples contactos diplomáticos, a los países más reticentes, sobre todo aquellos que temen que la propuesta española pueda abrir la puerta a demandas similares de minorías lingüísticas en su territorio. El Gobierno español ha asegurado por activa y por pasiva que su propuesta es un traje a medida del caso español que no podrá ser usado como precedente que despierte impulsos nacionalistas o lingüísticos en otros países comunitarios. Además, se ha comprometido a hacerse cargo de todos los gastos que implique el paso. De hecho, ya viene asumiendo el coste de los acuerdos administrativos bilaterales que ha firmado con las principales instituciones europeas —salvo la Eurocámara, donde todos los intentos han fracasado— desde el primer intento español de lograr la oficialidad del catalán, en 2004. Pese a que la oficialidad del catalán es una de las condiciones de Junts para apoyar el Gobierno de Sánchez, el Ejecutivo de Madrid asegura que no es un asunto “político o politizado (…) sino de identidad nacional, un asunto de Estado y constitucional español”, aunque la clave es si las demás capitales lo ven también así.