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Auge de oferta de microfincas rústicas como alternativa residencial en el campo

El alto precio de la vivienda urbana y las herencias disparan la venta de terrenos

Finca rústica en Náquera (Valencia).

El envejecimiento acelerado de la población activa en el medio rural, en la que más de un 40% supera ya los 65 años, el reparto de las herencias con una segmentación o fragmentación de las explotaciones para usos agrarios cuyo tamaño no llega en muchos casos a su viabilidad económica y el auge de la venta de microfincas solo para usos de ocio o recreo constituyen algunos de los fenómenos y riesgos más importantes que afectan hoy a la a la tierra a la actividad agraria y que juega en contra de los profesionales del campo. Ello se traduce en precios más elevados para la superficie rústica para usos agrarios no acorde con sus posibilidades de rentabilidad productiva y, en muchos casos, trabas para el desarrollo de explotaciones con tierras más dimensionadas.

Este fenómeno de parcelación del suelo agrario para otros usos se está desarrollando fundamentalmente en el entorno de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y diferentes provincias andaluzas, aunque se generaliza en toda España con mayor o menor intensidad. Se trata de parcelas con menos de 10 hectáreas como media que permitan (o no) la construcción de una casa en el campo que se pueda convertir en vivienda habitual o solamente para los fines de semana donde la producción agraria ha dejado de ser el objetivo principal.

El encarecimiento del precio de la vivienda en las ciudades ha propiciado el desarrollo de un nuevo mercado de las denominadas microfincas, como espacios de alternativa residencial ante los precios elevados de la vivienda netamente urbana, que cuentan con una construcción y a la vez con un pequeño espacio en terreno rústico.

En el último año, con el suelo rústico como base, las operaciones de transmisiones por herencias ascendieron a 180.000, mientras las de compraventa se situaron en unas 160.000. El campo se mueve, pero, en muchos casos, en una línea que no favorece el trabajo y el futuro de los cada día menos profesionales dedicados a la actividad agrícola. Estos no pueden pagar por el suelo su valor en función de sus posibilidades de producción frente a los intereses de grandes corporaciones alimentarias o para quienes la tierra solo es un bien para el ocio y disfrute.

Desde 2016, de acuerdo con datos manejados por el grupo Cocampo, especializado en las operaciones de compraventa en el medio rural, las explotaciones con menos de una hectárea han registrado un crecimiento superior al 40%. En la parte contraria, las explotaciones de más de 100 hectáreas crecieron solo el 8%, especialmente para uso agrario o cinegético.

Diferentes informes sobre la estructura del suelo rústico, tanto a partir del Censo agrario de 2020, como a través de la Encuesta sobre la estructura de explotaciones agrarias, apuntan datos clarificadores de la situación, aunque diferentes sobre la evolución de las explotaciones.

El conjunto del sector agrario se sustenta sobre una Superficie Agraria Útil (SAU), que en los últimos tres años desde el Censo de 2020 a la Encuesta de 2023 sobre la estructura de las explotaciones agrarias, ha experimentado un recorte del 1,6%, pasando de 23,9 a 23,5 millones de hectáreas.

A su vez, el número de explotaciones, también en base a diferentes fuentes y con datos no coincidentes, se puede situar desde las 895.000 que se manejan en el Censo, a las 784.141 que se contemplan en la Encuesta. Casi el 20% de las explotaciones mismas tienen menos de una hectárea, más del 65% tienen menos de 10 hectáreas y solo un 6,2% supera las 100 hectáreas, pero suponen el 58% de toda la SAU.

La SAU media por explotación se incrementó un 13,2% en los últimos años desde las 26,9 hectáreas a las 30,5. El ccomportamiento por territorios es muy variable. Así, en Castilla y León se pasaba de 63 a75 hectáreas por explotación, con un incremento del 19%. En la parte alta, se halla igualmente Aragón donde creció el 15% desde 53,7 a 61,8 hectáreas; un 17,8% en Extremadura, desde las 43,7 a 52 hectáreas; el 20,7% en Madrid, desde 39,3 a 47,6 hectáreas. En la parte baja, se encuentra Navarra, que pasa de 40,1 a 40,9 hectáreas, un 1,9% menos, y en Cantabria donde crecen un 2,6% desde 30 a 30,7 hectáreas.

De la SAU, el 52% se explota en régimen de propiedad y un 38% en sistemas de arrendamiento en aumento por la edad y la actividad profesional no ligada al campo de sus nuevos propietarios.

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