El primer juicio contra BPA acaba con una pena de siete años para su ex consejero delegado

Joan Pau Miquel, consejero delegado de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), ha sido condenado este martes a siete años de prisión por un delito de blanqueo de capitales con un único cliente cuando estaba al frente de la entidad andorrana. El directivo cierra así el primero de los juicios a los que se ha enfrentado BPA desde que en 2015 el Departamento Antifraude de los Estados Unidos (FinCen) acusara a la entidad de utilizar dinero del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela y el banco pasara a ser intervenido en Andorra y España. El Tribunal de Corts, el juzgado del principado pirenaico, ha dado por hecho que la entidad participó en una trama organizada que permitió blanquear 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011. La sentencia es apelable.

Más allá de la condena de cárcel, la sentencia impone una multa al ex consejero delegado de 30 millones de euros y le impone 10 años de inhabilitación para trabajar en el sector bancario. Reduce así la pena solicitada por la fiscalía, que estimaba ocho años de prisión, 100 millones de multa y 10 años de inhabilitación.

La justicia andorrana no se ha creído la versión del directivo en la que consideraba que el modelo de prevención de blanqueo de capitales de BPA era suficientemente robusto para el trabajo que tenía que soportar. En la causa había un total de 24 acusados, para los que la Fiscalía reclamaba un total de 141 años y de los que apenas seis han sido absueltos. Entre los condenados se encuentran también el exdirector adjunto de BPA, Santiago de Rosselló, con una pena de seis años y una multa de 12 millones de euros, y otros mandos intermedios del banco.

La crisis derivada de la intervención larvada en Estados Unidos fue el inicio del fin de BPA, que traspasó sus fondos limpios a la nueva Vall Banc para finalmente ser devorada por el líder financiero andorrano Crèdit Andorrà en 2021. El banco se convirtió en la caja fuerte del dinero amasado por la familia de Jordi Pujol. También fue objetivo de las pesquisas del Gobierno de Mariano Rajoy para desacreditar a líderes nacionalistas catalanes. En una reciente entrevista en SER Catalunya, Joan Pau Miquel explicaba la existencia de un plan para “tener el control de las bases de datos del banco” en plena Operación Cataluña. Por esa obsesión, exdirectivos de la entidad ultiman una querella contra quienes urdieron esa estrategia desde el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.

Según reveló EL PAÍS, BPA conocía que el alcance de las actividades que desarrollaba y lo hacía de forma sistematizada. En documentación interna, admitía que esa actividad era un “delito” y que su afloración judicial podía provocar penas de cárcel de hasta 10 años, como confirma la sentencia del tribunal andorrano, que supera las 6.000 páginas. El tribunal andorrano ha publicado un comunicado en el que sintetiza las conclusiones de un juicio en el que declararon 13 testigos y 18 péritos y 195 días de sesiones. El fallo llega 20 meses después de que las partes presentaran sus informes de conclusiones.