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Bruselas plantea crear un impuesto para las empresas con más de 50 millones de euros al año

El próximo presupuesto comunitario recorta el periodo para poder invertir los fondos de cohesión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, este lunes en Bruselas.
Manuel V. Gómez

Los próximos presupuestos de la Unión Europea ya están casi listos y en los borradores que circulan por ahora se observa una apuesta decida de la Comisión Europea para incrementar sus ingresos creando nuevos impuestos de ámbito europeo para tratar de sufragar los crecientes gastos a los que se enfrenta Europa. “La Unión Europea se enfrenta a crecientes demandas en ámbitos clave como la transición ecológica y digital, la defensa, la migración y la resiliencia ante las perturbaciones externas”, señala la propuesta del Consejo. Para financiar estas políticas, el Ejecutivo comunitario propone crear tres tributos. El primero consiste en un nuevo impuesto para las empresas que facturen más de 50 millones de euros netos y que estén presentes en el mercado único para que “contribuyan al presupuesto de la UE”, según figura en el borrador de las cuentas plurianuales 2028-2034 al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este impuesto se denominaría el recurso corporativo para Europa (CORE, en sus siglas en inglés). Este impuesto, dice la Comisión, “debería establecerse como una contribución anual a tanto alzado basada en el volumen de negocios neto de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, de modo que un volumen de negocios neto más elevado dé lugar a contribuciones mayores según un sistema de tramos”.

Y añade: “El uso del volumen de negocios neto como base debería garantizar que este recurso propio se base en datos corporativos estándar. La aplicación del umbral de 50 millones debería garantizar que, en principio, las pequeñas y medianas empresas queden excluidas del ámbito de aplicación del CORE”. El Ejecutivo europeo también plantea excluir de este impuesto a las entidades o empresas sin ánimo de lucro.

Pero Bruselas también plantea otras dos figuras tributarias: una sobre los desechos eléctricos y electrónicos que no se reciclen y otro que saldría del impuesto especial al tabaco. Por ahora no se detalla la cantidad que Bruselas espera recaudar por estos nuevos ingresos.

Si esos tres “recursos propios”, como se denomina en el argot comunitario a los impuestos que se recaudan para alimentar las arcas de la Comisión, destacan en el apartado de ingresos, en el de políticas y programas destaca la intención de reducir el periodo en el que puede gastarse el dinero de las políticas cohesión. Ahora se da un margen de tres años adicionales al ejercicio de referencia. En principio, durante el marco presupuestario vigente (2021-2027) ese periodo se iba a reducir a dos años, pero con la pandemia se amplió en uno más. La propuesta que plantea la Comisión ahora es dejarlo en uno solo.

Los próximos presupuestos de la UE para el sexenio 2028-2034 enfrentan varias dificultades que difícilmente se superarán si no llegan más recursos a las arcas de la Unión —por la vía que sea: impuestos, aportaciones de los Estados miembros o deuda− o se rebaja la factura de programas tradicionales como la cohesión o la agricultura. Por eso, Bruselas plantea tres nuevos impuestos que se sumarían a los que ha aprobado hasta ahora (el recargo sobre el plástico no reciclable o los derechos de emisiones de CO₂, por ejemplo) y la tasa de entrada a la UE para los productos importados que han sido fabricados con estándares de emisiones más bajos en terceros países, el llamado CBAM, por sus siglas en inglés. Este último todavía no está en marcha porque tras aprobarse ahora se ha suspendido para ser reformado.

A falta de conocer los números definitivos y las previsiones de la Comisión, que en los borradores no aparecen, los nuevos tributos se antojan insuficientes para abarcar las necesidades de inversión que requieren las transiciones gemelas (digital y energética) más el aumento del gasto en seguridad común. Además, la necesidad de más recursos se agrava porque a partir de 2028 la UE comenzará a devolver el dinero del Fondo de Recuperación que se ha financiado con deuda. Los cálculos hechos cuando se negoció su diseño cifran en un ritmo de 30.000 millones de euros el pago anual de esta factura, lo que reduciría mucho el margen de gasto en otros capítulos.

Para evitar esto, España propuso el pasado febrero que esta deuda se refinanciara en los mercados, que incluso se emitiera más deuda común y que se incrementara la aportación de los Estados miembros si es necesario, ahora se sitúa en torno al 1% de la renta nacional bruta. Ahí se ha encontrado hace poco más de un mes con el rechazo frontal de Alemania, que ni quiere deuda conjunta, ni refinanciación del pasivo actual, ni incrementos en las aportaciones nacionales. Insiste Berlín −y en esto sí que coincide con Madrid— en pedir más “recursos propios”, lo que está línea con este borrador de la Comisión que adelantó el diario Financial Times.

Hay una ausencia llamativa sobre los impuestos europeos anunciados: la tasa digital. Ese impuesto sobre los servicios digitales que, en principio, iba a afectar más a las grandes tecnológicas estadounidenses, se estaba negociando en la OCDE. Sin embargo, la llegada a La Casa Blanca de Donald Trump, opuesto frontalmente a este tributo, más el rechazo de varios Estados miembro si no era de forma coordinada en la esfera internacional, le daba muy pocas opciones de salir adelante. No obstante, al dejarlo caer Bruselas en un contexto de negociaciones comerciales con Estados Unidos, no falta quien quiere ver una cesión a Washington para facilitar el pacto y que no llegue el tarifazo arancelario del 30% el 1 de agosto.

Sobre los detalles de cómo se articularían estos impuestos, Bruselas explica en el caso del impuesto a las grandes corporaciones, que sería “una contribución anual a tanto alzado diferenciada por volumen de negocios de las empresas”. En el caso de la basura eléctrica y electrónica se calcularía partiendo de los residuos que aparecen en estadísticas ya existentes y se fijaría aplicando un tipo de [X] euros por kg a los residuos no recogidos. Para el impuesto especial al tabaco, el borrador explica que “se aplicaría un tipo de referencia del [X]% para todos los Estados miembros a las cantidades de tabaco manufacturado”.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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