La eficiencia como justicia social y el rol de la sociedad civil

La discusión sobre la verdadera capacidad del Estado para resolver los problemas sociales de Chile volvió al centro de la agenda. De un lado, crece el consenso —transversal, de izquierda a derecha— sobre la necesidad de recortar el gasto público para ganar eficiencia. Del otro, la confianza ciudadana en el aparato estatal se mantiene en zona crítica. Según la última encuesta CEP, apenas un 36% de los chilenos está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el Estado trabaja por el bienestar de las personas”, mientras un 35% manifiesta lo contrario. Un empate técnico que refleja expectativas que el Estado no ha logrado cumplir.

En terreno, la realidad es mucho más cruda que las cifras. El fracaso de la reconstrucción tras el mega incendio de 2024 en la Región de Valparaíso lo evidencia con claridad. Más de seis mil viviendas fueron afectadas y, pese a que se aprobó un fondo de 800 mil millones de pesos, a la fecha solo se ha ejecutado el 11%. A veintiún meses de la tragedia, ese nivel de avance no solo es inaceptable, sino también una prueba de la excesiva burocracia y la falta de coraje político que lo perpetúan.

Felipe Cubillos lo comprendió con claridad desde 2010: el Estado no puede hacerlo solo. Frente a esa realidad, el único camino posible es la articulación de la sociedad civil en su sentido más amplio: comunidades, servicios públicos y empresas privadas trabajando por un objetivo común, levantar Chile. Lo que proponemos no es recortar gasto social, sino cambiar la lógica. Pasar de la dependencia a la colaboración, incorporando soluciones privadas e innovadoras para resolver problemas públicos que el Estado, por sí mismo, no ha podido enfrentar.

Un ejemplo reciente demuestra cómo la sociedad civil puede ofrecer soluciones reales. Hace pocos días inauguramos en el Canal de Chacao veinte viviendas definitivas para familias que lo habían perdido todo. Con ellas, ya son más de cien las casas entregadas en la zona, todas construidas con altos estándares: ventanas termopanel, materiales de calidad, completamente amobladas y listas para ser habitadas de inmediato. Son más que viviendas; son hogares pensados para toda la vida.

Detrás de cada entrega hay una historia. La mayoría de los beneficiarios son adultos mayores que habían perdido la esperanza de volver a tener un hogar propio. Muchos pensaban que pasarían el resto de sus días viviendo como allegados. Hoy, gracias al trabajo conjunto entre Desafío Levantemos Chile, empresas privadas y autoridades locales, esas familias recuperaron no solo su casa, sino también su seguridad y, sobre todo, su sentido de pertenencia.

Además de estas viviendas, más de 400 familias recibieron tarjetas de reconstrucción, una herramienta que les permitió volver a equipar sus hogares y levantarse nuevamente. Estas soluciones no son parches: son respuestas concretas y sostenibles, diseñadas para devolver autonomía y estabilidad a quienes más lo necesitan, evitando que se conviertan en dependientes del Estado.

Este proyecto es solo uno de los muchos que hemos impulsado desde Desafío Levantemos Chile a lo largo de quince años. Nacimos inspirados por el legado de Felipe Cubillos, quien tras el terremoto del 27F entendió que la reconstrucción del país no podía depender exclusivamente del Estado. Que hacía falta unir fuerzas, sumar capacidades y construir una nueva forma de enfrentar los desafíos sociales con eficiencia y sentido de urgencia.

La idea de que las empresas privadas, junto a las comunidades y autoridades locales, podían reconstruir Chile nació con un propósito mayor: romper con la vieja creencia de que el Estado posee el monopolio de las soluciones sociales.

Durante este tiempo hemos comprobado que las soluciones privadas a problemas públicos, cuando se gestionan con transparencia y propósito, son más rápidas, eficientes y sostenibles. No lo afirmamos desde la competencia, sino desde la colaboración. Cuando los mundos público y privado se articulan bien, el resultado siempre es mejor.

Por eso, insistir en el valor de un modelo de gestión público-privado no es una consigna vacía, sino una urgencia nacional. Chile enfrenta desafíos complejos: falta de vivienda, desempleo, crisis hídrica, listas de espera y rezago educativo. Ninguna institución —ni pública ni privada— tiene la capacidad de resolverlos por sí sola. Solo la unión de los distintos actores permitirá avanzar en soluciones reales y duraderas.

Lo que vimos en el Canal de Chacao es una prueba de ello. Cuando hay voluntad y coordinación, el cambio ocurre. Cuando los gobiernos dejan de mirarse a sí mismos y se enfocan en servir, cuando las empresas se involucran con propósito y las fundaciones articulan bien, los cambios culturales suceden. Y entonces volvemos a comprender una verdad tan antigua como la política misma: la eficiencia pública también es una forma de justicia social.