Las grandes empresas duplican a las pequeñas en protocolos de prevención de acoso laboral en Chile

En Chile, la implementación de protocolos y políticas para prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo es significativamente menor en las microempresas: solo un 45,2% de sus trabajadores declara que estas medidas han sido aplicadas, frente al 91,2% en las grandes compañías. Así lo revela el estudio Termómetro de la salud mental en el trabajo, elaborado por el Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

El sondeo, presentado este martes, es el primero que consulta directamente a los trabajadores sobre la puesta en marcha de la Ley Karin, normativa que busca prevenir y sancionar el acoso en el entorno laboral y que entró en vigor en agosto de 2024. “Si bien esta es una normativa positiva, también ha tenido dificultades para su implementación, como ha ocurrido con otras leyes”, dice el economista David Bravo, director del Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales.

La Ley Karin —bautizada con ese nombre en honor a Karin Salgado, técnica en enfermería que falleció en 2019 tras sufrir hostigamiento en su lugar de trabajo— exige que todas las organizaciones cuenten con protocolos para prevenir la violencia y el acoso.

Según la consulta, solo un 51,9% de los empleados de microempresas dijo haber recibido información sobre esta normativa en los últimos 12 meses, frente a un 85,4% de los que trabajan en empresas grandes, un 88,4% de los que están en organizaciones de tamaño mediano y un 79,1% de los que pertenecen a pequeñas compañías.

Sin embargo, esta proporción asciende cuando se consideran otras acciones informativas evaluadas en el estudio. De acuerdo con la encuesta, un 79,4% de los consultados dijo que habían recibido información sobre esta norma y su aplicación, un 74,6% que había canales confidenciales para resguardar al denunciante, y un 57,5% había participado en capacitación o talleres al respecto.

“Muchas veces las regulaciones se hacen pensando en las empresas grandes a pesar de que las pequeñas y micro representan la mayor cantidad de las empresas existentes en el país. El asunto está en cómo fortalecer a estas últimas, a las que les resulta costoso implementar algunas normativas”, asegura Bravo.

Las dificultades de las microempresas

La socióloga Isabel Contrucci, directora de estudios de Achs, señala que las pequeñas empresas, al contar con plantillas reducidas, suelen funcionar con estructuras organizativas más simples e informales. Estas características limitan su acceso a recursos técnicos y profesionales, y reduce la presencia de departamentos especializados, como el de recursos humanos. “Esto puede explicar las mayores dificultades que enfrentan las Pymes para la implementación de protocolos formales o que, aun cuando existen, no estén claramente comunicados a los trabajadores; incluso cuando existe la voluntad de cumplir con la normativa vigente. Además, en los entornos laborales más pequeños, donde predominan relaciones cercanas y personalizadas, puede instalarse la percepción de que estas medidas no son necesarias, lo que contribuye a su baja adopción”, explica.

La socióloga indica que, al mismo tiempo, las empresas con menos de 10 empleados pueden enfrentar restricciones presupuestarias y de tiempo, lo que puede dificultar la implementación de políticas preventivas, capacitaciones o asesorías legales: “Muchas veces priorizan la operación diaria por sobre la gestión preventiva de riesgos psicosociales”.

El estudio —que encuestó a unos 1.300 trabajadores— también muestra que solo un 14,7% reportó haber estado involucrado en conflictos laborales en el último año, mientras que el 85,3% dijo no haber enfrentado disputas. La exposición a situaciones complejas como bromas ofensivas (8,5%), hostigamiento por medios digitales (3,2%), acoso sexual (2%), violencia física (0,9%), bullying (4,5%) o humillaciones públicas (7,2%) fue minoritaria, aunque significativa.

En particular, los trabajadores menores de 25 años y aquellos entre los 35 y 44 años son quienes declaran una mayor frecuencia de estas experiencias. También se ven más afectados quienes cuentan con un nivel educativo equivalente a secundaria incompleta o inferior. El informe señala además que la exposición a estas situaciones tiende a incrementarse en empresas de mayor tamaño y afecta con mayor intensidad a personas que enfrentan deudas en el hogar.