José Jerí rinde cuentas ante el fiscal por el ‘Chifagate’ en Perú en medio del escepticismo ciudadano

El presidente de Perú, José Jerí, se reunió este viernes en el Palacio de Gobierno con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para rendir cuentas por las reuniones clandestinas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, conocido como el “tío Johnny”, denominadas como Chifagate. Gálvez ingresó a Palacio antes de las nueve de la mañana, en una escena que, lejos de transmitir certezas, ha sido recibida con escepticismo por amplios sectores de la ciudadanía. La expectativa no es alta: para muchos, el encuentro difícilmente ayudará a esclarecer los hechos debido a los cuestionamientos que pesan sobre el propio titular del Ministerio Público.

En la primera semana de enero, Gálvez dispuso el desmantelamiento de los equipos especiales que investigaban los principales casos de corrupción del país. La decisión reavivó las dudas sobre sus motivaciones, debido a que el fiscal fue investigado en el pasado por uno de esos grupos en el marco del caso Cuellos Blancos, una presunta red ilegal dedicada a la designación irregular de magistrados a cambio de favores. En ese contexto, la cita con el presidente interino aparece, para buena parte de la opinión pública, como un gesto político más que como un acto efectivo de rendición de cuentas.

A la par de ese encuentro, el frente parlamentario contra Jerí continúa ampliándose. A inicios de la semana se presentó una moción de vacancia en su contra por las reuniones secretas con Yang. El documento sostiene que los encuentros —realizados al filo de la medianoche, con el mandatario encapuchado o usando lentes oscuros— “han generado un grave deterioro de la confianza ciudadana, han afectado la imagen y legitimidad del Congreso de la República y evidencian una práctica política incompatible con una democracia que debe servir al pueblo y no a intereses empresariales”. La moción no solo cuestiona la legalidad de los actos, sino el estándar ético con el que Jerí ha venido ejerciendo el poder.

A esta iniciativa se suman siete mociones de censura que buscan retirar a Jerí de la presidencia, cargo que asumió tras la salida de Dina Boluarte a mediados de octubre. Sin embargo, el camino para concretarlas luce empinado. Varias de las mociones han sido firmadas por los mismos congresistas, lo que resta peso político a la ofensiva. Además, la convocatoria a un Pleno Extraordinario para debatirlas permanece estancada: se requieren 78 firmas y, hasta ahora, solo se han reunido 41 provenientes de ocho bancadas.

El bloqueo más visible proviene de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, cuyos congresistas no han estampado su firma. En el caso de Fuerza Popular, los argumentos públicos han sido interpretados por amplios sectores ciudadanos como una forma de blindaje. Su lideresa, Keiko Fujimori, declaró que solo un hecho delictivo flagrante cambiaría la postura de su partido y añadió que la corta edad de Jerí —39 años— “no le ha jugado a favor”.

Por otro lado, se ha conocido que una empresa china ubicada en el mismo edificio donde funciona el restaurante de comida china donde Jerí fue captado el 26 de diciembre logró su primera contratación con el Estado pocos días después de esas visitas. Se trata de Nuctech Perú SAC, dedicada a la distribución de soluciones de inspección de seguridad. Aunque estaba registrada como proveedora estatal desde 2023, pasó dos años sin obtener contratos. Durante el gobierno de Jerí, sin embargo, consiguió por primera vez una orden de servicio en el propio despacho presidencial que asciende a 35.577 soles (10.643 dólares) por mantenimiento preventivo de máquinas de inspección por rayos X y detectores de metales.

Los vínculos de Jerí con empresarios chinos no se agotan allí. El 30 de diciembre, el presidente invitó a una veintena de empresarios de ese país a un concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional. El gesto, que en otro contexto podría interpretarse como un gesto diplomático, hoy es leído bajo la sombra del Chifagate y refuerza la percepción de una relación fluida y poco transparente con determinados actores empresariales.

Investigaciones periodísticas también han logrado reconstruir el posible motivo de las reuniones entre Jerí y Yang. El 24 de diciembre de 2025, dos días antes de la primera reunión que detonó el escándalo, ingresó al Ministerio de Energía y Minas una solicitud para postergar por tres años el inicio de las obras de la central hidroeléctrica Pachachaca 2, en la región Abancay. La petición fue presentada por Hidroeléctrica América S.A.C, empresa vinculada a Yang. El proyecto debía comenzar el 1 de mayo de 2026. Hace poco, en medio de la crisis, el ministerio rechazó la solicitud mediante un informe técnico, obligando a la empresa a ceñirse al cronograma original, bajo riesgo de perder la concesión y ejecutar la carta fianza.

A estos elementos se suman imágenes que reflejan una cercanía más antigua. El 12 de octubre de 2025, apenas dos días después de asumir la presidencia, Jerí visitó Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, tras un incendio que afectó a cientos de viviendas. En esa visita oficial estuvo acompañado por Zhihua Yang. El empresario ha sido sindicado como operador del llamado Club del Dragón, un grupo de constructoras chinas presuntamente beneficiadas con millonarias obras públicas. No es un dato menor: Jerí fue vicepresidente de la comisión que investigó ese caso y firmó el informe final, que nunca llegó a ser aprobado por el Pleno.

Impacto electoral

El impacto político del Chifagate ya se refleja en las encuestas. Jerí pasó de registrar la aprobación más alta alcanzada por un gobernante en los últimos cinco años —58%— a un escenario inverso en apenas dos meses. Según una medición de Datum Internacional para América Televisión, su aprobación cayó a 41%, mientras que la desaprobación escaló a 49%. Es la primera vez que el rechazo supera al respaldo desde que asumió el cargo.

Con un presidente acorralado por revelaciones, un Congreso dividido y un Ministerio Público bajo sospecha, el Chifagate se ha convertido en una prueba para la institucionalidad peruana. La reunión en Palacio con el fiscal de la Nación puede marcar un punto de inflexión o confirmar los temores de una ciudadanía que observa con desconfianza a los mecanismos de control.