La Fiscalía de Perú investiga al presidente por supuesto tráfico de influencias tras sus citas clandestinas con empresarios chinos

Lo han bautizado como el Chifagate con la facilidad con la que la política peruana bautiza sus caídas. José Jerí cumplió cien días en el poder acorralado por sostener reuniones fuera de Palacio con el poderoso empresario chino Zhihua Yang, conocido como “Jhonny”. Dos escenas zarandean estos días a Jerí, un presidente que no fue elegido en las urnas. Una es la del mandatario, encapuchado, ingresando a un restaurante de comida china —en Perú los llaman chifas— una medianoche durante las Navidades. La otra muestra a Jerí, con lentes oscuras, paseándose por una tienda clausurada. Dos escenas y un patrón: visitas discretas, sin agenda y con una explicación que va cambiando de forma.

Primero dijo que su presencia en el chifa respondía a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú–China. Después, aseguró que él no había convocado nada y que se trató de “actividades privadas”. Finalmente, en un mensaje nocturno a la Nación, sostuvo que había “invitado” a cenar al ministro del Interior y a su escolta, y que allí “se aprovechó” para conversar sobre la celebración. Para un Gobierno que vive de la comunicación y las redes sociales, el detalle esencial se volvió un boomerang: si todo era normal, ¿por qué entrar con capucha? Si era privado, ¿por qué tantas versiones y secretismo?

El Ministerio Público ha entrado en escena con un anuncio que eleva el caso a otro nivel. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó diligencias preliminares por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. La investigación, señaló, es reservada. Jerí respondió con un oficio: se puso a disposición para “brindar las declaraciones y aclaraciones” y prometió colaboración dentro del debido proceso. Lo cierto es que el presidente, de 39 años, goza de inmunidad durante su mandato y solo puede ser investigado de manera preliminar, según un fallo de agosto del Tribunal Constitucional. Cualquier investigación penal debe continuar a fines de julio, cuando deje el poder.

El Congreso, que lo catapultó como su presidente, ha empezado a darle la espalda. Agrupaciones políticas se encuentran en plena recolección de firmas para promover una moción de vacancia en contra de Jerí por incapacidad moral. Alianza para el Progreso, una de las bancadas con más representantes en el Parlamento, le ha bajado el dedo a Jerí. Han emitido un comunicado donde exigen su renuncia inmediata, como “un acto de responsabilidad política y moral frente al país”. Además, consideran que Somos Perú, la organización política a la que pertenece el presidente José Jerí, tiene responsabilidad política en los hechos. Pero si la Cámara no logra un acuerdo, poseen otros mecanismos. Según la Constitución, se podría remover a José Jerí de la presidencia censurando a la Mesa directiva del Congreso con una mayoría simple.

“Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio, no está muy lejos”, ha dicho Fernando Rospigliosi, el actual presidente del Congreso. Perú celebrará elecciones generales en abril y los partidos políticos están calculando sus pasos. Respaldar a Jerí podría resultar desfavorable para sus aspiraciones. “Seis meses para la transferencia de gobierno es un tiempo muy largo en medio de la grave crisis política que arrastramos y que Jerí profundiza. Las elecciones generales no pueden ser pretexto para evitar cambios urgentes en la conducción del Congreso y del Gobierno”, señala el analista político, Gerardo Távara.

El primer ministro Ernesto Álvarez, lejos de construir una defensa cerrada, instaló en entrevistas una idea que en política equivale a la duda institucionalizada: “A los políticos no se les cree por lo que dicen, sino por lo que hacen”, sostuvo. No fue una frase de respaldo. En la misma línea, habló de filtros inexistentes y de la necesidad de que Jerí se someta a un control político severo. Y en otra intervención aseguró que el presidente “ha caído en una trampa”, como si el problema fuese solo la emboscada y no la decisión de asistir a una cita sin registro.

Edwin de la Cruz, abogado de Zhihua Yang, contradijo el relato presidencial sobre quién invitó a quién: “El señor Yang me ha comentado que él fue quien invitó la cena”, dijo. La frase es pequeña, pero en este tipo de escándalos los matices importan. Zhihua Yang, o simplemente Jhonny, es un empresario que en más de 25 años residiendo en el Perú ha emprendido en diversos negocios. El semanario Hildebrandt en sus Trece ha deslizado la posibilidad de que Jerí y Zhihua Yang se hayan reunido para negociar bajo la mesa un contrato con el Estado para instalar cámaras de videovigilancia en 8.000 buses a cambio de casi tres millones y medio de dólares.

Las sospechas se han disparado porque en una de sus visitas a Palacio, Zhihua Yang asistió junto a Ji Wu Xiaodong, un sujeto vinculado a mafias de tráfico ilegal de madera sobre quien pesa una orden de arresto domiciliario. A pesar del fallo, se paseó en la Casa de Gobierno, como invitado de honor.

La historiadora Carmen McEvoy describió el Chifagate como una falta de respeto a la investidura presidencial y reclamó que el gabinete “controle a este adolescente” [en referencia a Jerí] y que el primer ministro Ernesto Álvarez actúe “como el adulto en la sala”. Mientras tanto, la agenda marcha a la deriva. Jerí anunció en varias ocasiones que este martes presentaría un Plan Nacional de Seguridad para encarar la crisis de criminalidad, pero no hay mayores alcances.