La Fiscalía allana la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González por una presunta financiación ilegal desde Venezuela

La Fiscalía de Ecuador allanó la mañana de este miércoles la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, en el marco del caso denominado Caja Chica. La investigación indaga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, vinculado —según el Ministerio Público— a la financiación de la campaña presidencial de 2023 con dinero ilícito procedente de Venezuela.

“Se presume que ingresaban recursos en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, señaló la Fiscalía en una publicación en la red social X. El organismo no precisó los nombres de las personas investigadas, pero difundió imágenes del operativo. En el allanamiento, ejecutado por un contingente policial, se incautaron teléfonos celulares, pasaportes, computadoras portátiles y varias memorias USB.

El procedimiento se extendió a otros dos inmuebles en Quito y Guayaquil, sin que la Fiscalía detallara a quién pertenecen. El expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, aseguró que se trataría de las viviendas del excandidato presidencial Andrés Arauz —binomio de González en las elecciones de 2023—, del asambleísta Patricio Chávez y de la exsuperintendenta Suad Manssur.

La actuación fiscal se produce pocos días después de que el Gobierno presentara un nuevo plan de seguridad, difundido el lunes en un video de cinco minutos y medio encabezado por el presidente Daniel Noboa. Acompañado por los ministros del Interior y de Defensa, así como por el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el mandatario expuso las líneas de acción contra una violencia criminal que en 2023 alcanzó cifras históricas: 9.216 homicidios intencionales, el equivalente a un asesinato por hora en el país.

“Se trata de acciones conjuntas de este Gobierno, entendiendo a la inseguridad como la delincuencia que se desprende de la corrupción política”, afirmó Noboa en el video, producido con una estética cinematográfica. “Por tantos años se enquistó en este país y utilizó a los grupos de delincuencia organizada como sus equipos tácticos”, añadió. Bajo ese enfoque, explicó, la respuesta estatal no se limita a operativos policiales y militares, sino que incluye el accionar de la UAFE, dirigida por José Julio Neira, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, quien además acumula otros diez cargos en el Ejecutivo.

La posibilidad de investigaciones contra las cúpulas del correísmo había sido anticipada por el propio Neira el pasado 3 de enero, el mismo día del operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. “Con la caída del régimen de Maduro también cae la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA”, escribió entonces en X. “Investigaciones en Ecuador revelaron presuntos pagos y contratos vinculados a PDV Ecuador S.A., que habrían beneficiado a actores del correísmo, incluido el hermano de Jorge Glas y figuras cercanas a Luisa González”, afirmó.

Desde la Revolución Ciudadana rechazaron la actuación fiscal. “Es persecución judicial, utilizada como distractor frente a los escándalos que envuelven a la familia presidencial. ¡Basta!”, escribió en X Gabriela Rivadeneira, nueva presidenta del movimiento. La organización anunció que ofrecerá una rueda de prensa en las próximas horas.