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La colombiana Yuvelis Natalia Moreno Blanco gana con 25 años el premio Goldman por oponerse al ‘fracking’

Lleva desde los 18 años liderando la oposición a esta controvertida técnica de extracción de gas en su municipio, Puerto Wilches, Santander. Es la segunda colombiana en recibirlo, después de Francia Márquez

Yuvelis Morales Blanco en Santander, Colombia, el 29 de enero.Christian EscobarMora for the Go

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Yuvelis Natalia Moreno Blanco (25 años, Puerto Wilches) tiene una certeza sobre sí misma. “Soy hija del río Magdalena”, cuenta. Lo supo desde que nació, descendiente de tres generaciones de pescadores, y lo repite ahora, como una de los seis ganadores del premio Goldman 2026, uno de los más prestigiosos a nivel internacional para los defensores del medioambiente. Lo sabía desde la primera vez que, a sus 18 años, se enteró de que querían hacer fracking en su municipio, y lo confirmó las varias veces que ha sido amenazada de muerte. “Me he identificado con los pormenores que hay alrededor del río, con su contaminación, con las sequías, con el pescado”. Con el terror de que el río, su territorio, se convirtiera en una zona de sacrificio para poder mantener la energía de otros. El fracking es una técnica que inyecta una mezcla líquida a alta presión en las rocas para fracturarlas y así extraer gas o petróleo.

“Siempre lo he dicho: el fracking a nosotros nos explotó en la clara”, cuenta, refiriéndose a cómo, en 2019, se enteraron de que el Gobierno del entonces presidente de Colombia, Iván Duque, anunció dos proyectos piloto en Puerto Wilches, Santander, dirigidos por Ecopetrol, la compañía petrolera de mayoría estatal. Kalé y Platero eran sus nombres. “Muchos lo supimos por la noticia que apareció en un medio de comunicación nacional muy importante, diciendo que el fracking ‘va porque va’”.

Su activismo se despertó, pero también su curiosidad. “No solo investigué sobre la técnica, sino cómo en otros países, como en Estados Unidos y Argentina, el fracking rompía el tejido social”. Asistió con algunos amigos a las reuniones que hacía la Alianza Colombia Libre de Fracking en el municipio y, más adelante, cofundó Aguawil, una organización juvenil en defensa del agua y el territorio. Se convirtieron en lo que ella llama “una red de formadores”, para asegurarse de que los más de 30.000 residentes de Puerto Wilches supieran de qué se trataba el fracking.

“Empezamos metidos en una burbuja porque pensábamos que, como éramos del municipio, aquí no nos podía pasar nada. Es que somos hijos de esta tierra”, insiste la joven desde San Francisco, Estados Unidos, donde se hará la ceremonia de entrega del premio. “Al primer encuentro fuimos sin miedo, éramos bastantes. Ya a la segunda, participaron muchos menos”.

El 12 de diciembre de 2020, con otras organizaciones, hicieron una gran marcha contra el fracking en Puerto Wilches. Una masiva. El 24 de ese mes, solo días después, justo a medianoche, se firmaron los contratos para los proyectos piloto de fracking en el municipio. Tras un mes, en enero de 2021, Moreno fue invitada a participar en una audiencia pública contra el fracking en el Congreso de Colombia. Y aunque ya le habían dicho que “era una guerrillera” o “que se cuidara, que la podían matar”, desde ahí se materializaron las amenazas. Tenía 19 años.

Hombres en motos se parqueaban al frente de su casa para advertirle que se quedara callada. Primero sin armas y después con ellas. “Como juventud, empezamos a enfrentar la crudeza de la que nuestros padres, abuelas y abuelos habían huido tanto. A enfrentarnos a la crudeza de lo que significa defender la vida”, dice.

Moreno tuvo que salir de Puerto Wilches. Primero al municipio vecino, Barrancabermeja, el puerto petróleo más grande de Colombia; después a Bogotá y, en 2022, dejando su río atrás, a Francia. “Me quitaron el derecho a vivir ahí. Esto de estar exiliado y no saber cuándo regresar es lo más duro. Nadie a mi alrededor habla español y yo no sé nada de francés. Me siento muy sola y todo el mundo asume que estoy bien porque estoy en otro país”, es el testimonio que le dio a la Comisión de la Verdad que surgió del acuerdo de paz con las FARC cuando aún estaba en Francia. En 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al río Magdalena como víctima oficial del conflicto armado en el país.

Tras un año en Europa, en el que no dejó de hablar sobre los riesgos del fracking, volvió a Puerto Wilches. “Fue maravilloso”, recuerda. Los proyectos piloto se habían suspendido, un fallo de la Corte Constitucional había reconocido que no hubo derecho a la consulta previa y aterrizó en un país con un nuevo Gobierno, el de Gustavo Petro, que ha mantenido su postura contra el fracking. “Pero también me encontré con un Magdalena Medio que sigue siendo violento, donde los liderazgos sociales siguen siendo perseguidos”. En Colombia, el país con más defensores ambientales y de tierras asesinados, las amenazas no cesan. “Yo ya hago chistes”, dice aceptando el humor oscuro de lo que vendrá. “Este es mi número de celular; aquí recibo transferencias, mensajes y amenazas”. “Sí —acepta—, imagínate uno cómo termina naturalizando ese tipo de vainas”.

Quiere que el premio Goldman —uno que en Colombia solo ha ganado Francia Márquez, actual vicepresidenta del país— “abrace a quienes, al igual que yo, sufren el horror de la guerra y siguen creyendo en una transición energética más allá de los combustibles fósiles”. Sabe que las próximas elecciones presidenciales en mayo pueden cambiar su panorama: el de su lucha, el del fracking y el del río que la identifica. “Me entristece mucho que, al día de hoy, se siga hablando del fracking como una posibilidad en el país”, comenta. “Hablar de fracking no es solo hablar de una técnica, sino de cómo la vida misma se fractura”.

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