La junta directiva de Ecopetrol mantiene a Ricardo Roa como presidente de la compañía

La junta directiva de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, mantiene el guión y ratifica a Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera estatal. Tras casi dos días de deliberación —casi 12 horas el jueves y otras tantas este martes— el órgano directivo en el que el Gobierno tiene la mayoría decide sostener a Roa a pesar de los riesgos reputacionales que arrastra por una imputación de la Fiscalía por tráfico de influencias y otra agendada para el 8 de abril, esa por violar los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

Esta vez la presión vino de dentro: el sindicato Unión Sindical Obrera o USO, que agrupa a poco más de un tercio de los trabajadores directos de la compañía y que por primera vez tiene asiento en la junta, forzó la discusión al exigir públicamente la cabeza del directivo. Ahora, con Roa respaldado por una mayoría de seis de los nueve miembros de la junta, el sindicato que ha sido aliado del Gobierno de Gustavo Petro amenaza con irse a paro.

La junta, en la que el Gobierno define siete de los nueve asientos, al ser el principal accionista, con el 85,5%, se escuda en la presunción de inocencia y en la claridad de que una imputación no es una condena. El propio presidente Petro ha ofrecido blindaje político a la determinación. En un extenso mensaje en X, el mandatario defendió este martes a Roa, quien es una persona de su entera confianza, y lanzó una advertencia directa al sindicato mientras seguía reunida la junta: “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y el uribismo”. Para Petro, el momento no admite turbulencias: “Este no es el momento de quiebres gerenciales, hay que cumplir el programa hasta el último día”.

La junta ha argumentado su decisión en un comunicado público a sus inversionistas, publicado en la mañana de este miércoles: “A la fecha no existen incumplimientos en la regulación que rige a Ecopetrol, como tampoco de los contratos de crédito” ni de otros materiales, ha escrito. Además, ampara su decisión en el respaldo de “asesores externos expertos tanto de Colombia como de EE UU”, asegurando que mantienen un “seguimiento continuo” a la situación.

Natalia Name, abogada de NNR Estudio Legal, advierte que “la presunción de inocencia debe respetarse en cualquier decisión corporativa”, pero que “remover a un presidente por causas públicas, notorias y respaldadas por dos pronunciamientos de autoridades distintas no implica desconocer el debido proceso”. Es decir, que la junta sí podría sacar a Roa. De hecho, la experta señala que la discrecionalidad de sus miembros no es total, pues debe reflejar los principios corporativos en sus decisiones y tiene “una responsabilidad fiduciaria con la compañía que la expone a responder patrimonialmente si su decisión resulta arbitraria o negligente y ocasiona perjuicio a la empresa”.

Ecopetrol no es cualquier compañía. No solo es la más grande de Colombia, sino que es un emisor listado en las bolsas de Colombia y Nueva York, sujeto a las reglas de la SEC, el regulador estadounidense. Entre los accionistas minoritarios —que concentran el 11,5% del capital— están las administradoras de fondos privados de pensiones del país: Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia. En un caso extremo, advierte Name, “podrían verse obligados a vender su participación si consideran que la situación representa un riesgo de cumplimiento”.

Hay un precedente: el fondo soberano de Noruega tomó decisiones similares frente a empresas con prácticas vulneratorias de derechos humanos. En la práctica, parte del ahorro pensional de millones de colombianos está expuesto a la reputación de la compañía. Solo este martes, en medio de la junta, la cotización de la acción en la Bolsa de Colombia cayó casi un 5%, a contracorriente de las petroleras mundiales, que se han visto impulsadas por el aumento del precio del petróleo por la guerra en el Golfo Pérsico.

La junta ha llegado a esta decisión con bastantes banderas rojas encima. Según reveló Caracol Radio, desde el 13 de febrero de 2024 la junta tiene en su poder un informe de la firma legal estadounidense Miller & Chevalier —contratada por la propia empresa— que documenta contradicciones de Roa en el caso del apartamento: versiones inconsistentes sobre el valor del inmueble, la forma de pago y los intermediarios involucrados. El documento fue elaborado en el marco de una revisión de posibles riesgos bajo la Foreign Corrupt Practices Act, la ley anticorrupción estadounidense.

Después contrató a una segunda firma, Covington & Burling, que le solicitó documentos a Roa que este nunca entregó. Hay un tercer episodio: Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de la petrolera, reveló este martes en Caracol Radio que Roa y el vicepresidente de Ciencia y Tecnología, Sergio Moreno, habrían contratado una firma externa para rastrear quién filtró información de sus correos a El Tiempo.

La presión no amaina. Asofondos, el gremio que representa a las administradoras de fondos de pensiones, envió una carta a la junta preguntando por los riesgos y por un plan de continuidad que Roa no ha radicado. El Tiempo reveló que la SEC abrió una indagación sobre la compañía. El calendario aprieta: hay asamblea el viernes, el sindicato anuncia un paro y el 8 de abril Roa afrontará la segunda imputación. La decisión de hoy amenaza con agrandar el expediente: “La Junta puede ser patrimonialmente responsable si se prueba que su decisión ocasionó perjuicio a la compañía”, advierte Name.