El sindicato de trabajadores de Ecopetrol pide la renuncia de Ricardo Roa

La soledad de Ricardo Roa en la presidencia de la empresa más importante de Colombia se agranda. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la estatal petrolera —que ahora ocupa uno de los nueve puestos de la junta directiva en cabeza de César Eduardo Loza—, ha dado un giro de timón que puede alterar el tablero político y corporativo al exigir formalmente la salida de su presidente. La organización considera que la lluvia de escándalos y procesos judiciales que rodean a Roa comprometen la estabilidad y la reputación de la compañía en los mercados internacionales. El sindicato, que tradicionalmente ha mantenido una relación fluida con la actual administración, decidió romper filas mediante un comunicado público. Este jueves está citada una reunión de la Junta Directiva que definirá hasta dónde llega el giro.

En el documento, la organización afirma que “la Junta Directiva de Ecopetrol debe apartar a Ricardo Roa como presidente de la compañía” para garantizar que los objetivos estratégicos no se vean afectados por “asuntos personales” del directivo. Martín Rabelo, presidente de la USO, fue enfático en la urgencia de esta decisión. El líder sindical advirtió, en Caracol Televisión, que Ecopetrol cotiza en las Bolsas de Bogotá y Nueva York, y que la permanencia de un presidente imputado por tráfico de influencias genera un riesgo inasumible: “No podemos arriesgarnos a que nuestra empresa sufra impactos con ocasión de que su cabeza visible en el órgano administrativo esté envuelto en este tipo de situaciones”, aseguró Rabelo.

La presión sobre la Junta Directiva es máxima y los ánimos están caldeados, especialmente tras las recientes revelaciones sobre la remodelación del apartamento de Roa en Bogotá. Johnny Giraldo, el constructor encargado de la obra, declaró ante la Fiscalía que recibió pagos por 2.000 millones de pesos en efectivo, entregados en cajas de cartón en una finca en Rionegro, Antioquia. Según Giraldo, el dinero provendría de estructuras vinculadas a antiguos contratistas de la petrolera, lo que añade una capa de dudas sobre el origen de los recursos.

También suma ruido el caso de Hocol, filial de Ecopetrol, donde el exdirectivo Luis Enrique Rojas se ha convertido en un testigo clave. Rojas ha entregado a las autoridades audios y documentos que evidenciarían presiones indebidas dentro de la compañía para favorecer contratos vinculados a terceros. Aunque Hocol ha negado que las amenazas contra Rojas sean recientes, la Fiscalía confirmó que el testigo se encuentra bajo protocolos de protección.

Hasta ahora, la Junta Directiva se había apoyado en un análisis interno que justificaba la permanencia de Roa, priorizando la presunción de inocencia. Pero la entrada del sindicato en la ecuación ha dinamitado el cálculo. Expertos legales como Natalia Name señalan que la Junta tiene “el mandato de proteger el propósito de la compañía de cualquier amenaza, sea esta real o reputacional”. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de Roa, calificando al testigo Giraldo como una “persona oscura”, lo que refleja una pugna política que ha fracturado el gobierno corporativo de la petrolera estatal.

El lastre de Roa —que en la Contraloría se escudó en el silencio mientras la puerta de un elevador se cerraba ante los periodistas— amenaza con arrastrar la credibilidad del órgano encargado de velar por el interés de la compañía. La percepción es que sus miembros no actúan como guardianes corporativos, sino como correa de transmisión del Ejecutivo, que controla el 88,5% del accionariado de la compañía. Paradójicamente, para un gobierno progresista, la mecha la ha puesto el sindicato de trabajadores. La USO ha sido radical: Ecopetrol necesita una reingeniería financiera para asegurar su sostenibilidad, y eso es imposible con un presidente enredado en tribunales. En un momento de transición energética y precios —y mercados— energéticos muy volátiles, la estabilidad institucional es un activo que puede marcar la diferencia.