Las tensiones comerciales con Ecuador enfrían la economía del Putumayo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha levantado un muro económico en plena selva del sur de Colombia. Su decisión de elevar un 900% la tarifa por el transporte del crudo colombiano en el Oleoducto Transecuatoriano, de 3 a casi 30 dólares por barril, ha pulverizado la competitividad de la producción en el amazónico departamento del Putumayo. Con un barril de tipo Brent —referencia del país cafetero— que hoy roza los 68 dólares en los mercados internacionales, entregar casi la mitad del precio solo para mover el producto al Océano Pacífico desbarata cualquier balance. “No es un arancel tradicional, sino un sobrecosto operativo que el exportador asume íntegramente”, explica Luis Fernando Mejía, consejero delegado de Lumen Economic Intelligence.

El choque está lejos de ser un asunto exclusivo de ingenieros. La industria petrolera aporta casi un cuarto de la riqueza regional, por lo que los problemas se han desbordado de los campos de extracción a las calles de los municipios productores. Deccy Ibarra, presidenta de la Cámara de Comercio del Putumayo, dibuja una economía en retirada donde las repercusiones alcanzan distintas intensidades. “El golpe comenzó el 24 de diciembre, cuando Ecuador cerró unilateralmente la frontera en el puente de San Miguel. Eso dejó a cientos de transportistas sin flete de la noche a la mañana”, comenta a EL PAÍS. La funcionaria explica que la energética canadiense Gran Tierra Energy sintió el impacto de inmediato, “pues transporta su producción de crudo en carrotanques, no a través del oleoducto, y ha tenido que desviar el flujo hacia el departamento del Huila”, que es una ruta más larga y costosa.

El enfriamiento ha alcanzado a los negocios más pequeños: “La economía de la infraestructura, muy vinculada con la industria petrolera, se ha resentido; incluso los restaurantes y las peluquerías han sido impactados”, ahonda Ibarra. Con la frontera cerrada y con el petróleo frenado, el consumo local se debilita y arrastra consigo a los servicios de reparación, la logística básica y cualquier actividad comercial en una región sin alternativas inmediatas. Whillinton Ceballos, propietario de la agencia de turismo Whilly Tours, en La Hormiga, encarna el drama de una frontera que el Gobierno suele olvidar bajo la sombra del paso fronterizo más grande, el de Rumichaca, más al occidente.

La empresa de Ceballos sostiene a cuatro familias de forma directa y a otras 10 de manera indirecta, pero hoy funciona a media marcha. El cierre del cruce en San Miguel arruinó la temporada de vacaciones —para un putumayense, el mar más cercano está en Ecuador— y dejó a Ceballos atrapado en deudas con proveedores extranjeros. “Además de frenar el cruce de la frontera, los ecuatorianos de Sucumbíos han dejado de cruzar para comprar ropa o electrodomésticos en La Hormiga, menguando el comercio local”, lamenta Ceballos. Otro empresario de la zona, Lisímaco Zambrano, confirma el deterioro. Dueño desde hace 32 años de Supermercado Familiar, cuenta que en el último mes las ventas han caído un 50%. “Sin el flujo de clientes ecuatorianos que cruzaban a comprar víveres o productos de aseo, los inventarios se convirtieron en una carga”, comenta. La crisis ya lo ha obligado a despedir a cuatro de sus 14 empleados.

A todo se suma la parálisis de la industria petrolera, que puede tener repercusiones a largo plazo en la estructura fiscal de un departamento que tiene en las regalías una fuente fundamental, y que en 2023 representaron el 21,5% de todos sus ingresos. Entretanto, los expertos cuantifican la hemorragia del sobrecosto del 900%: Mejía, de Lumen, calcula un sobrecosto diario cercano a los 450.000 dólares y el gremio petrolero representado por Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), eleva la factura hasta los 540.000 dólares cada 24 horas.

A pesar de la disparidad en las cifras, usual en un mercado muy dinámico y de difícil medición, coinciden en que el negocio ha cruzado ya el umbral de lo previsible. Un informe del Natural Resource Governance Institute (NRGI), que tiene entre sus firmantes al exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, pone de relieve que los principales campos de la región (como Costayaco y Cohembi) requieren de al menos 36 dólares por barril para cubrir solo su extracción. Si a ese costo se le suma el nuevo peaje ecuatoriano, el costo total escala hasta los 66 dólares. Con el precio de referencia cerca de los 68 dólares, las empresas obtienen un margen de ganancia ínfimo.

Pearl advierte que este escenario pone en riesgo 20.000 barriles que cada día van a Ecuador, 60% de ellos por el oleoducto, con Ecopetrol como la mayor afectada. La compañía de mayoría estatal, principal usuaria de ese ducto, enfrenta un golpe directo: según Occieconómicas, aunque el crudo del Putumayo apenas representa el 3% de las exportaciones de Colombia, la compañía dirigida por Ricardo Roa perdería cerca de 8 millones de dólares al mes, poco menos del 0,5% de su facturación mensual.

Entretanto, otras operadoras maniobran para evitar el cierre. Ante la dificultad de cruzar a Ecuador, por tierra o por el ducto, apuestan por una travesía costosa. Fuentes conocedoras de las operaciones anotan que han guardado los barriles a la espera de un destrabe diplomático y calculan que el desvío por tierra hasta la estación de Babillas (en Aipe, Huila) ha disparado los costos logísticos un 35%. Este golpe ocurre cuando la cuenca del Putumayo atraviesa un declive natural, según el informe de la NRGI. La producción se redujo casi a la mitad en menos de una década: de 46.000 barriles diarios en 2015 a 24.200 en 2024. La tendencia continúa hasta el punto de que en cinco años podría caer otro 55%, hasta rondar los 11.000 barriles diarios. Pero el golpe anunciado para la economía del Putumayo podría llegar antes, y del otro lado de la frontera.