El nepotismo en las viviendas protegidas de Alicante abre la primera gran brecha entre Vox y el PP valenciano

Ni las diferentes versiones dadas por Carlos Mazón sobre su paradero en la tarde más aciaga de la historia reciente de la Comunidad Valenciana, ni la gestión de la Generalitat que presidía durante la dana que causó la muerte de 230 personas, han hecho tanta mella en la relación entre el PP valenciano y Vox como las adjudicación de unas viviendas protegidas en Alicante.

El partido de la ultraderecha ha pedido la dimisión del alcalde, el popular Luis Barcala, y se ha sumado a la izquierda en la propuesta de apertura de una comisión de investigación tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. El PP carece de mayoría absoluta en ambas instituciones, en las que Vox se ha comportado habitualmente como un socio fiable, sobre todo en la Generalitat, incluso cuando en otras autonomías se echaban los trastos.

Pero en un contexto de emergencia habitacional, con los precios disparados y la vivienda como el principal problema para el 42,6% de los españoles (según la encuesta del CIS conocida a finales de enero), Vox se ha mostrado más incisivo y crítico con el PP valenciano que en ocasiones precedentes, alejándose de él en una materia transversal, especialmente sensible para la ciudadanía, que quiebra los bloques de la polarización, a un menos de un año y medio de las elecciones autonómicas y municipales.

La formación que lidera Santiago Abascal tiene, además, muy difícil culpar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de la gestión, como hace en el caso de la dana. Todas las miradas se centran en el Ayuntamiento, y en segundo plano, en la Generalitat, responsable de verificar que los beneficiarios cumplen con los requisitos marcados por la ley autonómica.

El propio alcalde ha calificado la adjudicación de los pisos de la cooperativa Les Naus, la primera promoción privada de vivienda pública en dos décadas en la ciudad, de un “escándalo que no se puede ocultar”, “una situación indignante y repugnante”. Un escándalo que podría ilustrar la definición de nepotismo de la RAE: “Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”. Un escándalo que también pone de relieve el patológico funcionamiento del mercado inmobiliario: ya se han detectado intentos de venta de alguna propiedad por el doble del precio abonado, pagando la diferencia en negro. Las viviendas se entregaron hace unos meses.

El primer edil, no obstante, se lava las manos en cuanto a las responsabilidades. “Es la cooperativa la que adjudica y la Generalitat la que visa”, ha dicho su portavoz municipal, Mari Carmen de España, lanzando un aviso para sus correligionarios de la Generalitat y soslayando que el privilegiado solar sobre el que se edificaron las 140 viviendas, la piscina y las canchas de pádel era municipal. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general municipal María Pérez-Hickman han sido las primeras en dimitir.

Una decisión que tomaron no por una investigación interna, sino por las primeras revelaciones del periódico Información relativas a que la primera tiene allí, frente a la playa de San Juan, un piso en propiedad (dos familiares tienen otro, confirmado por el alcalde) y que dos hijos y un sobrino de la segunda figuran también entre los beneficiarios.

Hay más beneficiados relacionados con el ayuntamiento como, una arquitecta municipal, mujer del funcionario que visaba para la Generalitat las adjudicaciones. Y Miguel Ángel Sánchez, que fue asesor municipal de Ciudadanos y hasta 2023 jefe de gabinete de la entonces vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha anunciado su dimisión como jefe de gabinete de la actual consejera de Industria y Turismo de la Generalitat, Marián Cano. Lo ha hecho aunque no tiene “ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa” con la propiedad en la que vive la madre de sus hijas y con el “único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell”, según ha manifestado.

La Generalitat, presidida por Juanfran Pérez Llorca, que sustituyó a Mazón tras dimitir por el rechazo de las víctimas de la dana su gestión, intenta taponar la herida sangrante, pero el goteo de revelaciones y las iniciativas de la oposición la mantendrán sin cauterizar por un tiempo indeterminado. La vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero, ha denunciado ante la fiscalía las presuntas irregularidades en las adjudicaciones que se realizaron conforme a la ley, según reitera la promotora privada. Antes ya lo hizo el PSPV-PSOE y después se ha sumado también el Ayuntamiento de Alicante.

El escándalo de las viviendas que se adquirieron por uno 215.000 euros de media (la mitad de su valor en el mercado) se ha convertido en un nuevo frente abierto para el hegemónico PP valenciano, sin haber cerrado el de la gestión de la dana, cuya instrucción continúa. Pérez Llorca, también presidente de la gestora del partido, debe lidiar con un escándalo que afecta especialmente al alcalde de la segunda ciudad más importante de la Comunidad Valenciana.

Barcala, sin embargo, no forma parte del núcleo duro del actual president, como tampoco pertenecía al de Mazón. No hay afinidades electivas, por muy alicantinos que sean todos. De modo que el PP valenciano se tensiona en una doble dirección: interna y externa. Y respecto a esta última no parece que Vox vaya a desempeñar el mismo papel de fiel escudero que con las inundaciones del 29 de octubre de 2024.