El alcalde de Alicante admite el “escándalo indignante” de la adjudicación de viviendas públicas a cargos y funcionarios municipales

La adjudicación de viviendas públicas de lujo a altos cargos del Partido Popular (PP) y funcionarios municipales, así como a familiares de ambos, “es un escándalo” que, a juicio del alcalde, Luis Barcala, “no se puede ocultar”. En un pleno extraordinario solicitado por la oposición, el primer edil alicantino ha señalado que en este proceso de reparto supuestamente a dedo de numerosos pisos se ha alcanzado “una situación repugnante e indignante”. También se ha mostrado dispuesto a emprender acciones “para que quienes han adquirido de forma fraudulenta las viviendas, las pierdan”. Tanto los grupos de izquierda, PSOE, Compromís y EU, como Vox, socio de Barcala en el consistorio que gobierno sin mayoría absoluta, desconfían sin embargo de su firmeza ante el asunto y han solicitado su dimisión.

La tromba generada por la polémica adjudicación de algunas de las 140 viviendas de la cooperativa Les Naus, una urbanización de lujo en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, en la Playa de San Juan, ya es irrefrenable. Y así lo ha entendido Barcala, que accedió a celebrar el pleno para aclarar las serias dudas que plantean todos los grupos de la bancada de enfrente. Frente a las enérgicas intervenciones de los portavoces, incluida la del PP, Barcala ha elegido un tono moderado y prolijo para dar fechas como quien pone en marcha un metrónomo. El resumen es que él no tuvo nada que ver, que la enajenación de la golosa parcela se realizó antes de su mandato y que en ningún momento tuvo constancia de que su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que ha dimitido del cargo, estuviera en el ajo.

Consciente del interés, y de la indignación, despertados entre los vecinos de una ciudad en el que el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler, se ha empinado hasta lo imposible, Barcala sí se ha demostrado más vehemente en su apreciación del caso. En primer lugar ha pedido “disculpas a los alicantinos que están preocupados e inquietos y quieren respuestas”. Como cierre, ha admitido que le repugna e indigna lo que ha llegado a calificar de “pelotazo” con “deficiencias evidentes y palmarias”. Y entre medias, ha repetido el mantra que viene recitando desde que estalló la polémica de Les Naus: que ha elevado a Fiscalía la investigación municipal interna para que el ministerio público la amplíe y que está decidido “a llegar hasta el final, caiga quien caiga”.

Esas caídas a las que se refiere el alcalde alicantino han debido de retumbar hasta en su despacho. Porque la primera fue la de una directora general, María Pérez-Hickman, que dimitió después de que se conociera que tenía dos hijos y un sobrino entre los beneficiarios. La segunda, la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, elección personal de Barcala para las últimas listas electorales, que abandonó el cargo por integrar la lista de adjudicatarios. El alcalde ha confirmado en su comparecencia que, además, han sabido de la existencia entre los beneficiarios de “dos familiares” más de la exedil. Y también ha confirmado la inclusión en ese mismo listado de una persona estrechamente relacionada con Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consejería de Turismo de la Generalitat, que ha dimitido.

Sánchez, que fue asesor de la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), en la anterior legislatura municipal, ha comunicado a través del gabinete que preside Marian Cano que no tiene “ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa” con la promoción de vivienda protegida y que se aparta por “la creciente exposición mediática en torno a este asunto”, con el “único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell”. La madre de sus hijas viven en uno de los pisos que se han venido en torno a los 2150.000 euros, la mitad del precio del mercado.

El alcalde también ha ratificado que se ha abierto expediente a “dos técnicos de Urbanismo”, que se unen al suspendido de empleo y sueldo en el servicio territorial de la consejería de Vivienda por favorecer a su mujer, y que están “cruzando la información entre el listado de adjudicatarios y los datos fiscales del ayuntamiento” para verificar si hay más funcionarios disfrutando de un piso con garaje, trasteros, piscina, gimnasio, centro social y pistas deportivas en la parcela de La Condomina del distrito playero de Alicante.

“Queremos que se aclare si se han falseado documentos”, ha detallado Barcala, “si se han ocultado datos de ingresos y situaciones patrimoniales”, si se se han otorgado “pases para la transmisión de los derechos de adjudicación” y si se han producido “alquileres y ventas fraudulentas” entre las viviendas de la cooperativa. “Solos, o junto a la consejería de vivienda”, ha continuado, “emprenderemos acciones para que quienes hayan adquirido de forma fraudulenta las viviendas, las pierda”. Asegura que “no disfrutarán” de los pisos quienes “no tuvieran derecho a ellos”. Quiere ver “la cara que se le quedará a alguno que ha pagado el triple o el doble”, ya que existen sospechas de que parte de los pagos se han producido en negro, “por tener lo que no le correspondía”.

La oposición en pleno considera que el primer edil es responsable de la actuación supuestamente irregular de los empleados del consistorio y de no haber ejercido medidas de control en la adjudicación de unas viviendas públicas, levantadas en suelo cedido por el Ayuntamiento por un promotor privado. Ana Barceló (portavoz del PSOE) ha subrayado las considerables “dudas” que sobrevuelan todo el proceso de adjudicación. Rafa Mas (Compromís) considera a Barcala “máximo responsable de esta trama corrupta” y le ha pedido que declare ante fiscalía “voluntariamente”. Manolo Copé (EU) ha criticado una “cadena de decisiones políticas continuadas en el tiempo” que han desembocado en que Alicante sea “la vergüenza nacional”. Carmen Robledillo (Vox), partido que ha apoyado los presupuestos municipales, ha pedido la dimisión de Barcala y ha anunciado que su partido ha pedido una comisión de investigación en las Cortes valencianas. Finalmente, todos, incluido el PP, han aprobado la creación de una comisión no específica para investigar el asunto en el consistorio.