Colombia se suma a la ola mundial de aranceles contra el acero chino

Los aranceles están de moda, también en Colombia. El pasado lunes, el Gobierno de Gustavo Petro impuso un gravamen del 35% —el máximo permitido por la OMC— a las importaciones de productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que no tiene un acuerdo comercial. La medida, que entrará en vigor el 31 de marzo, apunta a varios nombres propios: China (la mayor fuente de importaciones), Rusia, Turquía e India son señalados en el texto. “Esta no es una medida restrictiva, es una medida correctiva”, ha argumentado la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

Colombia no actúa en el vacío. México, Chile y Brasil han elevado sus aranceles siderúrgicos en años recientes ante la marea exportadora de China, que pasó de enviar a América Latina 80.500 toneladas en 2000 a cerca de 10 millones de toneladas en 2024, por un valor de 8.500 millones de dólares, según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). “Busca corregir la distorsión de precios y enfrentar prácticas de competencia desleal”, resume Daniel Rey, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI, sobre el decreto 264. Rey explica que la firma llega tras “dos años de una investigación técnica profunda”.

Para comprender los motivos de la medida, hay que mirar cómo está compuesta la industria local. El país tiene cinco grandes acereras. El grueso de la producción está concentrado en Boyacá: allí operan Acerías Paz del Río en Belencito, el Grupo Siderúrgico Reyna en Sogamoso y Diaco en Tuta. En el centro del país está Ternium, con su acería en Manizales y una planta laminadora en Palmar de Varela, en el Atlántico. Al occidente opera Sidoc, la Siderúrgica de Occidente, en Cali. Suman una capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas de acero al año y generan más de 45.000 empleos directos e indirectos, según cifras del gremio.

Esos números palidecen frente a la escala china. El gigante asiático produce el 53,3% del acero mundial —1.000 millones de toneladas sobre un total global de 1.884 millones—, según la Asociación Mundial del Acero (World Steel Association, en inglés). El segundo productor, India, apenas llega al 7%. Colombia tiene un potencial 385 veces más pequeño que China, una desproporción que lo convierte en lo que los economistas llaman un precio-aceptante, un país sin influencia en los precios internacionales. Justamente, el acero se ha abaratado un 2% en el último año. “Tras los aranceles que le impuso EE UU hace casi un año, China ha desviado sus envíos al resto del mundo”, señala Rey. Esa sobreoferta es la que empuja el precio a la baja.

Desde el Laboratorio de Fundición de la Universidad de Antioquia, Óscar Eduardo Ríos observa ese proceso de cerca. Su unidad presta servicios a industrias medianas que trabajan especialmente para la minería y la agricultura, y lo que ha visto en el último año es revelador: “Este tipo de empresas mezclaban producción local con producción china, pero pasaron a tener solo producción china. En estos momentos, gracias a esa tasa, estamos volviendo a aumentar la producción local”, cuenta a EL PAÍS. Sin embargo, resalta un riesgo de fondo: “El sector siderúrgico colombiano es muy antiguo y la protección arancelaria puede convertirse en un techo de productividad si las empresas no usan las utilidades para modernizarse”, dice.

Otro golpe a las constructoras

En contraste, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, ha advertido que los aranceles encarecerán la vivienda. El hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, según el gremio. “Esos costos subirían en torno al 3,9%, lo que presionaría el precio final de la vivienda en un 2,2%”, agrega en un comunicado de prensa. Al sector se le encima otro gravamen también decretado, del 25%, a baldosas cerámicas importadas de países sin TLC con Colombia.

El sector de la construcción lleva 33 meses consecutivos con caída en el dato de las iniciaciones de vivienda y ha perdido más de 136.000 empleos en ese período. Además, antes del arancel ya afronta incrementos acumulados en sus costos de entre 16% y 20%. “¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, pregunta Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en referencia a otras decisiones como el aumento del salario mínimo. El gremio evalúa acciones jurídicas y califica la medida arancelaria de “inconsistente con la política de vivienda y sin sustento técnico suficiente”. El Ministerio de Comercio responde que no genera afectaciones significativas sobre la vivienda porque “el mercado mantiene múltiples fuentes de abastecimiento en condiciones de competencia”. Rey, de la ANDI, respalda ese argumento: según sus cálculos, el precio de la vivienda se vería impactado en menos del 1%.

Hay polémica, pero la medida es jurídicamente válida a ojos de Martín Ibarra, consultor en derecho aduanero. “La Constitución establece que el manejo arancelario lo tiene el Gobierno. Es completamente legal”, señala, y eso diferencia al país de de Estados Unidos, donde la justicia declaró nulos algunos aranceles porque esa facultad recae en el Congreso. “Si el país más poderoso del mundo blindó su industria para evitar que quebrara, Colombia, cuya siderurgia es apenas el 1% del tamaño de la estadounidense, tiene argumentos de soberanía suficientes”, señala.

El precedente de lo que puede pasar viene justamente de allí. En 2018, Trump impuso un arancel del 25% al acero con argumentos similares a los de Petro: excedentes mundiales, precios artificialmente bajos, industria doméstica en riesgo. Un estudio de la Universidad Pontificia Comillas analizó los efectos en el Rust Belt —la región acerera y manufacturera del noreste de Estados Unidos— entre 2018 y 2019, y sus conclusiones son mixtas: las acereras se beneficiaron —su empleo creció un 2,7% y los beneficios alcanzaron máximos históricos en 2018—, pero el efecto fue insostenible y en 2019 retrocedió. En los sectores dependientes, incluida la construcción, no se destruyeron empleos, pero crecieron menos. En Colombia, el decreto establece que el comité técnico revisará el impacto en un año, cuando el país verificará si el patrón se repite.