Colombia alista una batería arancelaria para igualar el 50% a Ecuador

Colombia se alista para igualar el golpe comercial a Ecuador. El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado este lunes un borrador de decreto que propone elevar hasta el 50% el arancel a más de 170 productos ecuatorianos, en respuesta directa a la misma medida que Quito aplicó a las exportaciones colombianas y que rige desde el domingo. Una vez firmado, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

El propio borrador reconoce las consecuencias de escalar la disputa. Según las proyecciones que el Gobierno incluye en sus considerandos, con aranceles del 50% cruzados el comercio bilateral quedaría devastado. Del lado de las compras, Colombia importaría un 75% menos desde Ecuador, una caída de 640 millones de dólares según datos de 2025. De los 20 productos que más le compra al vecino, 15 prácticamente desaparecerían. Pero el golpe más duro lo recibirían los exportadores colombianos: las ventas hacia Ecuador caerían un 79%, equivalente a 1.452 millones de dólares, y 12 de los 20 principales productos que Colombia vende a ese país dejarían de cruzar la frontera.

Nicole Velásquez, experta en comercio exterior de la consultora EY, aterriza lo que implican cifras de tal magnitud: “Más que encarecer el comercio, este tipo de medidas puede eliminarlo casi de forma inmediata”, comenta a EL PAÍS. “Las empresas no negocian márgenes: suspenden envíos o buscan otros destinos”, apuntala. En dicho escenario, los más expuestos no son los grandes exportadores. La lista de productos abarca manufacturas, agroalimentos, textiles, cosméticos, medicamentos y equipos industriales, sectores donde las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) son protagonistas y donde el empleo es intensivo.

Justamente, el gremio de las pymes, ACOPI, advierte de la devastación en un comunicado: “Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo”. El gremio pide a ambos gobiernos, de ideologías diametralmente opuestas, frenar la escalada antes de que el decreto se firme, con una moratoria temporal y una mesa bilateral de alto nivel. El sector privado de ambos países, Analdex en el caso colombiano y Fedexpor en el caso ecuatoriano, coincide en el llamado.

En el trasfondo emerge un tema más incómodo: la guerra arancelaria no perjudica al contrabando, lo favorece. Javier Díaz, presidente de Analdex, lo plantea tajantemente: “Los dos países nos estamos maltratando, dañando nuestro aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad”, comentó en la mañana de este lunes en una rueda de prensa. Su propuesta es la misma que la de los demás gremios: levantar las barreras, construir una mesa de trabajo y darle seguimiento concreto a los compromisos de seguridad que Colombia dice haber cumplido y que Ecuador dice no ver. Xavier Rosero, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, agrega que ese camino bilateral será más ágil que esperar los tiempos de la Comunidad Andina, entidad que podría revisar y revertir las medidas.

La historia de cómo se ha llegado a este punto comienza el 21 de enero, cuando Ecuador anunció una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos, justificada en que el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera se han descontrolado. Bogotá respondió con el mismo porcentaje en sentido contrario y, dos días después, suspendió las exportaciones de electricidad al país vecino, una señal de que la disputa se extendería más allá de los aranceles. Ecuador entendió el mensaje y lo amplificó: subió la tarifa de transporte del crudo colombiano por el oleoducto SOTE un 900%, de tres a 30 dólares por barril, afectando cerca de 13.250 barriles diarios que Colombia mueve a través de esa infraestructura fronteriza.

En febrero hubo un intento de desescalada. Las cancilleres de los dos países se reunieron en Quito el 6 de febrero con delegaciones amplias, abordaron seguridad, energía y comercio, y convergieron en la posibilidad de levantar los aranceles. Pero Ecuador puso una condición: el levantamiento ocurriría solo una vez se firmara un acuerdo integral que incluyera compromisos concretos de Colombia en control fronterizo, minería ilegal y cultivos ilícitos. Las conversaciones quedaron en agua de borrajas: Quito subió el arancel hasta el 50% que rige desde el domingo, y ahora Bogotá tiene lista la respuesta comercial para escalar más la disputa.