El plan financiero del Gobierno de Gustavo Petro reconoce un momento fiscal delicado

Cada año, entre enero y febrero, el Ministerio de Hacienda de Colombia publica su plan financiero: el documento con el que dice al país cómo están las cuentas públicas y hacia dónde van. Es la hoja de ruta fiscal del Estado, la que leen los mercados, las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales para saber si las finanzas están bajo control. La de este 2026 llegó a mediados de marzo, con más de un mes de retraso, sin acto oficial, sin presentación pública del ministro Germán Ávila, sin la rueda de prensa usual. Apareció en la página web del Ministerio casi sin anuncio, el 11 de marzo, mientras todo el país estudiaba los resultados electorales del 8 y debatía los anuncios de fórmulas vicepresidenciales.

La demora tiene alguna que otra justificación. El Ejecutivo atravesaba semanas turbulentas, pues la Corte Constitucional había tumbado la emergencia económica que el presidente Petro declaró en diciembre (con la que esperaba recaudar 11 billones de pesos para tapar parte del hueco fiscal). Tras la suspensión, el ministro dijo que publicarían el plan “la semana siguiente”, pero pasó más de un mes. El documento confiesa, en algunos casos de manera indirecta, las dificultades económicas que el Gobierno minimiza en público. Tanto, que el debate surgió de inmediato en los círculos especializados.

Al día siguiente de publicar el plan, el Ministerio distribuyó un comunicado titulado “Aclaraciones sobre proyecciones de inflación y metas fiscales”. Era, en la práctica, una ligera corrección del relato. El plan proyecta una inflación de 5,8% para 2026, más alta que la de 2025, y señalaba como una de las causas “el traspaso parcial a los precios de aquellos costos laborales con dificultades para ser plenamente absorbidos por algunas empresas”. Así, el Gobierno, que ha reclamado como victoria la reducción de la inflación, admitía que su decisión de aumentar de forma histórica el salario mínimo contribuye al alza de precios. En el comunicado, publicado en X, el Ministerio minimiza ese impacto. En su lugar, enlista y enfatiza otros factores, como el conflicto en Oriente Medio, los fenómenos climáticos y un supuesto encarecimiento indirecto causado por la decisión del Banco de la República de aumentar su tasa de política monetaria, que busca justamente luchar contra la inflación.

En el frente fiscal, el plan señala que el déficit de 2025 fue del 6,4% del producto interno bruto (PIB), que el año pasado rozó los 500.000 millones de dólares. El Estado gasta más de lo que recibe, y la diferencia —unos 32.000 millones de dólares en 2025— la financia con préstamos, a tasas cada vez más altas. “El mercado ve más riesgoso prestarle a Colombia, por eso los agentes de crédito suben las tasas”, explica el presidente del independiente pero oficial Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez. Las tasas a las que se financiaba el Gobierno a corto plazo en pesos en 2022 eran del 8,6%; hoy escalan al 13,7%.

El número que más preocupa a los analistas es el llamado déficit primario, que mide la diferencia entre ingresos y gastos sin contar los intereses de la deuda. Es la métrica que revela si el Estado, en su operación cotidiana, gasta más de lo que recauda. Ese indicador llegó a 3,5% del PIB en 2025. El economista Salomón Kalmanovitz lo contextualiza: “Se trata del peor dato en más de 25 años, a pesar de que la economía está creciendo en forma aceptable y el desempleo está en mínimos históricos”.

En ese contexto, hay algunas señales que los críticos reconocen como positivas. La deuda neta del Gobierno cerró 2025 en 58,5% del PIB, por debajo del 59% de 2024 y casi tres puntos menos de lo que el propio Gobierno había proyectado a mediados del año pasado en su Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, la mantiene lejos del límite de 71% del PIB que fija la regla fiscal y más cerca de su meta del 55%. El CARF, usualmente muy crítico del manejo fiscal del Gobierno, reconoce como “positivo que la deuda neta haya sido inferior a la prevista”. Las señales son reales, argumenta, pero resultan insuficientes.

Y es que la mejora del déficit total no vino de recaudar más ni de gastar menos, sino de pagar menos intereses gracias a unas operaciones financieras complejas —los llamados canjes de deuda— con las que el Ministerio intercambió bonos viejos por bonos nuevos en condiciones que redujeron el registro contable de intereses en el año, pero alargaron el endeudamiento a futuro. Sin esas operaciones, el déficit habría sido de 8,2% del PIB, según el CARF, y el documento de Gobierno reconoce el costo del alivio: los pagos futuros de intereses serán 35,3 billones de pesos mayores. José Ignacio López, presidente de ANIF, apuntala una crítica estructural: “Funcionó para generar un déficit menor, pero se pierde la oportunidad de reducirlo con decisiones de fondo. Termina siendo un paliativo”.

El (no) plan de recorte

El Gobierno promete reducir el déficit a 5,1% del PIB este año mediante un recorte de 25 billones de pesos en el presupuesto ya aprobado. Es la primera vez que la Administración Petro proyecta una caída del gasto, justo en el año en que termina su mandato. La promesa, sin embargo, no tiene un plan de ejecución: no ha anunciado la fecha, el monto ni la composición del decreto de aplazamiento anunciado, y buena parte del presupuesto ya está comprometido: las pensiones, las transferencias a municipios y departamentos, y la nómina pública tienen destinación fija.

Por eso, para el CARF ese recorte “es poco creíble” y calcula qué ocurriría sin él. Usando las tasas históricas de ejecución del gasto, llega a un déficit de 6,7% del PIB, 1,6 puntos o 32 billones de pesos encima del dato oficial. Laura Clavijo, directora de investigaciones de Bancolombia, llega a una conclusión similar: “Los recortes de gasto carecen de detalle y los ingresos están sobreestimados”. Su proyección del déficit total es de 7% del PIB. López, de ANIF, dibuja el efecto: “El ajuste fiscal parece más de buenas intenciones que de acciones concretas. Preocupa que sigamos perdiendo credibilidad como país ante los mercados al presentar cuentas alegres. El próximo Gobierno llegará en agosto a ver qué recorta”.

De no gastar menos, el CARF calcula que el déficit primario empeorará y que quien gane la Presidencia enfrentará un duro ajuste de entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB para estabilizar la deuda, el mayor esfuerzo fiscal de la historia reciente. “Reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible se hace cada vez más retador”, redacta el CARF. El plan financiero documenta ese problema y es claro en el diagnóstico: “Los retos estructurales persisten, por lo que se requieren medidas estructurales orientadas a corregir el desbalance entre ingresos y gastos”.