La suspensión de la emergencia económica deja a Petro ante un déficit irresuelto

La decisión es apabullante. Por una mayoría amplia, de 6 votos contra 2, la Corte Constitucional de Colombia ha suspendido este jueves el decreto por el que el Gobierno de Gustavo Petro declaró un estado de excepción en diciembre, el de emergencia económica. Los magistrados encontraron que la declaratoria, que permite al Ejecutivo tomar decisiones que usualmente deben pasar por el Congreso, fue “manifiestamente inconstitucional”. Tanto, que no fue necesario esperar a la sentencia de fondo para congelar sus efectos. Y eso hace que la decisión también sea inédita: la Corte Constitucional, con 35 años de vida, nunca había suspendido provisionalmente una norma con fuerza de ley, como es esa declaratoria, sino que ha esperado un fallo definitivo para decidir.

La suspensión tiene consecuencias prácticas inmediatas: quedan sin vigencia los decretos que se amparaban en la emergencia. Son la reforma tributaria que aspiraba a recoger más de 11 billones de pesos y que el Congreso previamente había negado, como dijo explícitamente la Corte en el comunicado de prensa en el que anunció la suspensión, y el cobro extraordinario a las empresas generadoras de electricidad para ayudar a solventar a las comercializadoras intervenidas por el Estado por su mala situación económica (encabezadas por Aire-e, que provee el servicio a la mitad de la región Caribe).

Esto deja preguntas sobre el déficit del presupuesto para 2026, que el Gobierno ha calculado en 16,3 billones de pesos, y sobre lo que ocurrirá con quienes hicieron pagos o se acogieron a beneficios planteados por la ahora congelada reforma. El presidente justamente cuestionó la propuesta de suspensión que hizo el magistrado ponente, el jurista conservador Carlos Camargo: “El magistrado Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad”, dijo en X antes de conocer la votación. Tras el anuncio, reiteró el punto en esa misma red social: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.

En otro plano, el debate político promete ser de marca mayor. Ante otras derrotas en la justicia, el presidente ha dicho que algunos magistrados son parte de un “bloqueo institucional” o de un “golpe blando” a su Gobierno, ha convocado a marchas o ha argumentado que justifican su apuesta por una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque en esta ocasión no ha acudido a ninguno de esos argumentos y, en cambio, se ha centrado en las consecuencias sociales y económicas de la suspensión,

En todo caso, frente a la suspensión de la declaratoria, tiene un poderoso argumento jurídico. “La Corte Constitucional nunca antes había suspendido un acto de rango legal. Hoy suspende un decreto de estado de emergencia con fundamento en su propia jurisprudencia, sin que haya norma constitucional o legal expresa que la faculte para ello”, explica el constitucionalista Juan Sebastián Ceballos. Además, Camargo es visto como un magistrado antipetrista al punto de que la bancada oficialista en el Senado intentó hasta último momento, y de forma infructuosa, evitar que fuera elegido a ese cargo en 202.

Sin embargo, la votación abultada muestra que el magistrado cordobés está lejos de estar solo en su posición. Juristas que han respaldado al Gobierno en otras decisiones clave, como Juan Carlos Cortés o Natalia Ángel, apoyaron la suspensión. Y los dos que votaron en contra son de la entraña de Petro: Vladimir Fernández, quien pasó de ser su secretario jurídico en la Presidencia a magistrado, y Héctor Carvajal, su abogado personal. “La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente los efectos de la emergencia económica, por su abierta contradicción con la Carta Política, tiene como efecto evitar un daño irreparable a los contribuyentes”, afirma el tributarista Juan David Velasco. “Se trata de un nuevo precedente constitucional que refuerza el equilibrio entre los poderes públicos y envía una señal positiva de confianza en el Estado de Derecho en el país”.

El debate jurídico y político continuará en las siguientes semanas, pues la Corte aún debe estudiar las pruebas de todas las partes y llegar a una decisión de fondo. Ese proceso se dará en simultánea con la campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo, una campaña que por ahora parece centrarse en un pulso entre el continuismo de izquierda y el antipetrismo de derecha. Como tantas veces en Colombia, lo que decidan los jueces podrá incidir en las votaciones. No solo por el caso de la declaratoria, sino en otros expedientes sobre la validez de decisiones emprendidas o impulsadas por el Gobierno, como su reforma pensional que estudia el mismo tribunal, o su aumento histórico del salario mínimo en un 23% cuando la inflación fue del 5,1%.

También tendrá impacto el creciente choque entre el Gobierno y la mayoría independiente de la junta directiva del Banco de la República, que este viernes define la tasa de interés de referencia. “Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República”, escribió el presidente en la noche de este jueves. La economía, la justicia y la política electoral se encuentran en un debate que no se dirimirá ni en el banco central, ni en las altas cortes, ni en las urnas.