El riesgo del contrabando desafía el recaudo de urgencia del Gobierno de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro se ha lanzado a un experimento de efectos inciertos. A través de un decreto, expedido bajo el mando de una emergencia económica salpicada de dudas legales, el Ejecutivo ha elevado los impuestos al tabaco y al licor a niveles sin precedentes. Lo que en los despachos de Bogotá se defiende como un salvavidas fiscal, en las regiones y en los gremios se lee como una oportunidad para el crimen organizado. El debate trasciende lo legal y tributario, convertido en una guerra de datos donde unos señalan que el contrabando devorará el mercado y, otros, que es un fantasma agitado por una industria que busca proteger sus utilidades.

La aritmética del miedo es clara y tiene peso. Según Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Colombia se asoma a un abismo de ilegalidad. El decreto incrementó en un 175% el impuesto específico a los cigarrillos, elevando el precio de la cajetilla hasta los 18.000 pesos, unos cinco dólares. “Es redactar el plan de expansión de las mafias”, dice el oficial retirado, que destaca que el contrabando de cigarrillos “se ha consolidado como un componente estratégico en el sostenimiento financiero del crimen organizado”. Las proyecciones de la consultora Strategos BIP sugieren que el mercado ilegal, que ocupa el 36% de la torta según las últimas mediciones de Invamer, y que podría escalar hasta el 80% en el corto plazo. Buitrago cita un estudio de la Universidad de los Andes que concluye que, que por cada 10% que sube el impuesto, el contrabando crece un 7%. El espejo de Ecuador suele ser el argumento de cierre para esta orilla del debate: Fedesarrollo documentó —en un estudio financiado por Coltabaco, filial colombiana de la multinacional tabacalera Philipp Morris— cómo un incremento en los impuestos disparó el contrabando del 5% al 53% en tres años.

En el mercado del licor, el panorama es igual de sombrío. Mientras el Ron Viejo de Caldas proyecta alzas del 55% en su precio por la nueva carga impositiva, hasta los 84.604 pesos (23 dólares), el crimen organizado ofrece botellas de alcohol adulterado por menos de 4.000 pesos, poco más de un dólar. El riesgo, dice Buitrago, no es solo que el Estado deje de recaudar, sino que las mafias utilicen el producto barato “para lavar los dólares de la cocaína y capturar el control territorial”.

Desde la orilla de la salud pública, sin embargo, la narrativa de la inundación de contrabando es vista con escepticismo. Blanca Llorente, investigadora de la Universidad Javeriana, economista y asesora de la Fundación Anáas, sostiene que la industria suele inflar estas cifras para asustar a los gobiernos y frenar los impuestos: “La industria pone a circular ‘factoides’, números mágicos sin trazabilidad científica, que se vuelven realidad en la opinión pública”, explica a este diario. Y da cifras que indican lo contrario. “En 2016 se triplicó el impuesto al tabaco en Colombia, pero el consumo real cayó un 16% y el mercado ilegal apenas reaccionó”, detalla, en contraste con el estudio de Fedesarollo, que asegura que el mercado ilegal saltó del 13% al 25% en ese mismo periodo. Para la experta, el contrabando “es un problema de control policial, no de tasa impositiva, y no puede ser la excusa para renunciar a salvar vidas”. También aporta datos recientes: un estudio de las universidades del Rosario y de Ushuaia concluye que los cigarrillos ilícitos no son percibidos como equivalentes a los lícitos. “El consumidor valora la marca y desconfía del origen incierto”, aquilata Llorente.

En medio del pulso, Camilo Herrera, fundador de la consultora de consumo Raddar, aterriza la discusión en el bolsillo de los colombianos y el factor humano. Argumenta que el Gobierno comete una equivocación técnica si su objetivo es puramente recaudatorio. “Si quisiera más plata, debería haber bajado los impuestos para incentivar un mayor volumen de consumo legal, en lugar de asfixiarlo”, razona. Herrera argumenta que el consumidor de vicios es irracional: “Si le suben el precio de su ron favorito, no deja de beber, simplemente recorta el presupuesto del cine o busca la forma ilegal de comprarlo”, dice. El decreto, entonces, no disuade al consumidor permanente, sino que lo “maniata” y lo empuja a sacrificar otros bienes o servicios.

Es una dinámica que evoca la tesis de Bernard Mandeville en su célebre Fábula de las abejas: los vicios privados mueven los beneficios públicos. Mandeville sostenía que una colmena que se vuelve virtuosa y deja sus lujos y vicios termina en la ruina. En Colombia, la salud de los ciudadanos se financia con lo que los enferma: los departamentos dependen de las llamadas rentas cedidas, que lleva a los gobernadores a desear que su población fume y beba para que los hospitales tengan gasas.

Mientras el debate se intensifica, el riesgo del sistema emerge como un infarto fiscal. La Gobernación del Valle del Cauca ha compartido a EL PAÍS lo que ve en sus cuentas. En los primeros 20 días de enero del año pasado, recaudó 1.356 millones de pesos por impuestos al consumo, que incluyen el alcohol y el tabaco, mientras en el mismo tramo de 2026 la cifra se hundió hasta los 250 millones: un desplome del 81,6%. El Ministerio de Hacienda ha prometido compensaciones directas a los departamentos, pero los gobernadores temen que esta centralización de los recursos, y más en un escenario de iliquidez del Gobierno central, sea el tiro de gracia para su autonomía.

Lo paradójico del caso es que para muchos expertos el modelo es insostenible en el largo plazo. Colombia recauda unos tres billones de pesos anuales por impuestos al alcohol, pero gasta 11 billones en atender las consecuencias de su consumo, en un círculo donde el Estado actúa como un administrador de tragedias. El decreto de emergencia económica, en su afán por lograr caja, ha dejado al descubierto que una verdadera emergencia en Colombia es la fragilidad del pacto social que financia el derecho a la vida a través de la promoción del consumo que enferma.