La lucha por los impuestos del alcohol y el tabaco profundiza la ruptura de Petro con los alcaldes y gobernadores

La relación entre el presidente Gustavo Petro y los mandatarios regionales vuelve al choque. Los gobernadores abrieron esta semana un nuevo capítulo de confrontación con el Ejecutivo de izquierdas al negarse a aplicar el decreto de emergencia económica que establece nuevos impuestos de consumo para contener la crisis fiscal. Los mandatarios, en su mayoría opositores o independientes frente al presidente, consideran que el Gobierno viola su autonomía territorial al decidir de manera unilateral un cambio en los gravámenes de los licores y los cigarrillos, que ingresan directamente a los departamentos. A solo dos meses de las elecciones legislativas y cuatro de las presidenciales, surge un nuevo bache entre el presidente y los gobernantes locales, incluidos los alcaldes, en un camino ya muy rocoso.

Los gobernadores, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), aseguraron el jueves que ceder los recursos que obtienen de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco reducirá los presupuestos locales para la salud, la educación y los deportes y por eso muchos se niegan a acatar el decreto del Ejecutivo. Sin espacio para buscar una concertación, el Gobierno central advirtió que impondría medidas legales contra aquellos que no cumplan la regla. En respuesta, el derechista gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó las “amenazas” y las “intimidaciones” contra él y sus colegas.

El núcleo de la discusión es el decreto 1474 de 2025, que expidió el Gobierno nacional al amparo de la emergencia económica sustentada en la desfinanciación del presupuesto para 2026. La norma adopta varias medidas tributarias para cubrir los 16 billones de pesos que faltan tras el rechazo del Congreso a hacer una reforma tributaria. Actualmente, el 5% de gravamen a la venta de alcohol y cigarrillos no está destinado al presupuesto nacional, sino a los departamentos. La nueva normativa eleva el impuesto al 19%, por lo que el 14% iría a las arcas nacionales.

Los gobernadores pusieron entonces el grito en el cielo. La líder del Valle del Cauca y política opositora, Dilian Francisca Toro, anunció que enviarán un documento a la Corte Constitucional, que está revisando el decreto, para mostrar “los efectos negativos” que supone esta medida para los departamentos. En palabras de Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, “las bebidas alcohólicas tendrán un precio final más alto, lo que disminuiría considerablemente el consumo de estos productos en el mercado, impactando negativamente el recaudo”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) hizo varias precisiones para intentar calmar las aguas. La entidad nacional ha afirmado que el aumento del 5% al 19% para bebidas como el aguardiente, el ron, el whisky y otros destilados iguala la tarifa que paga hoy la cerveza. Además, ha señalado que estos destilados tuvieron en 2024 un valor de mercado 21,2% menor al promedio mundial, al tiempo que el Ministerio de Salud indica que las reducciones significativas para el consumo se producen solo cuando hay alzas cercanas al 30%. En el caso del tabaco, la Dian detalla que el precio de los cigarrillos en Colombia es 31% menor que el promedio global.

Pero la polémica sigue en curso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que un desacato sería un “mal ejemplo” y que “puede haber prevaricato” si no se cumple con la regla. Por su parte, el presidente Petro usó sus redes sociales para agradecer al gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, por mantenerse “dentro del estado social de derecho”. Patiño manifestó su preocupación por el decreto, aunque aclaró que lo cumplirán hasta que la Corte Constitucional resuelva su aplicabilidad.

Al rechazo de la declaración de la emergencia económica se unieron también los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, agremiados en Asocapitales. La asociación pidió en un comunicado la suspensión del decreto 1390, que crea esta situación, al considerar que no se trata de un caso excepcional. “La medida no cumple con los requisitos constitucionales”, argumentó.

No es un secreto que los gobernadores y los alcaldes de varias regiones del país han sentido una gran animadversión por Petro. Han sido numerosas las confrontaciones entre el mandatario y los regidores en los dos años que han convivido (los líderes locales iniciaron su periodo en 2024; el presidente en 2022). Está el caso del gobernador Rendón, un férreo opositor al Ejecutivo central que suma capital político con su oposición al Gobierno en un departamento que tiende a la derecha. La principal riña que mantiene con Petro se debe a la seguridad en Antioquia, en donde el año pasado aumentaron las masacres y los homicidios, y en donde también se registraron varios atentados. En agosto, las disidencias de las extintas FARC derribaron un helicóptero en el municipio de Amalfi y mataron a 13 policías.

Por su parte, los desencuentros con la gobernadora Toro crecieron en mayo pasado, cuando el presidente rompió su relación con ella porque se negó a apoyar la consulta popular. Desde entonces, la mandataria ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno ha echado freno a iniciativas y proyectos de infraestructura claves para el tercer departamento más poblado del país, como el Tren de Cercanías. “Los derechos de los ciudadanos y las competencias del Gobierno Nacional no pueden ser usados como herramientas de presión. Esto sería un uso indebido del poder. Espero que dichas afirmaciones sean solo un malentendido”, protestó en una de aquellas ocasiones.

La relación de Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también ha estado marcada por los pleitos: desde la construcción de la primera línea del Metro hasta las demoras de entrega de vías claves para el transporte en la capital, pasando por el Regiotram y el racionamiento de agua. Su puja más reciente fue por el aumento de la tarifa de TransMilenio tras la subida del salario mínimo. El presidente amenazó con retirar el financiamiento para una flota de buses eléctricos por la decisión de la Alcaldía de incrementar el pasaje en 350 pesos.

El de esta semana es el último en una serie de choques que, todo augura, continúen hasta el final del mandato presidencial. En cualquier caso, son los magistrados de la Corte los que resolverán si el alza de impuestos y la emergencia económica están alineados con la Constitución.