El arranque de 2026 anticipa un semestre de tensiones entre Petro y Galán

A dos meses de las elecciones legislativas y cuatro de las presidenciales, las tensiones entre el Gobierno colombiano y las administraciones regionales y locales han escalado con un hecho inédito: los gobernadores anuncian que no implementarán la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, mientras la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales pide a la Corte Constitucional suspender la medida. Es un episodio que condensa una tensión creciente y que tiene a Bogotá, la capital y donde se recoge uno de cada seis votos, como uno de sus principales escenarios: Petro entra en la recta final de su mandato y el alcalde Carlos Fernando Galán comienza su tercer año de gobierno con una popularidad baja y la presión por mostrar resultados.

Para Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el choque responde a “diferencias reales en política pública, pero también al escenario político”. El choque entre el presidente de izquierdas y el alcalde centrista no es nuevo, y más bien se trata de una continuación de la puja que perdió el petrismo en octubre de 2023 por hacerse al segundo cargo de elección popular más importante de Colombia. Sus fricciones tienen que ver con dos visiones opuestas: la del alcalde, enfocada en la continuidad de proyectos y la gestión técnica, y la del presidente, centrada en cambios estructurales y en la crítica de modelos anteriores. Petro y Galán se han enfrentado por el tipo de metro que debe tener Bogotá y su financiación; la crisis de agua que causó racionamiento en 2024; la inseguridad y el orden público; el ordenamiento ambiental; la crisis del sistema de salud e incluso la velocidad de vacunación para la fiebre amarilla. Su más reciente rencilla parte de otro decreto presidencial: el aumento del 23% del salario mínimo para 2026 y el alza consecuente del 10,94% de la tarifa de TransMilenio, el sistema masivo de transporte de la capital, que Petro rechaza.

Galán ha advertido que el aumento del salario mínimo, defendido y revindicado por Petro, eleva los costos de servicios clave como la salud y la educación. En entrevista con Blu Radio, el también exconcejal de la ciudad y exsenador señaló que el alza supone 100.000 millones de pesos adicionales en gastos de las cuatro subredes hospitalarias del Distrito, en medio de la crisis del sistema. El aumento salarial, argumenta el alcalde, también presiona los costos de vigilancia y servicios generales en más de 700 colegios públicos y obliga a la ciudad a revisar su presupuesto. Petro, por su parte, niega cualquier efecto del salario en el incremento de costos y ha pedido a los alcaldes ser “eficientes” con sus finanzas.

Todo hace prever que la puja seguirá creciendo en este semestre electoral. Especialmente en febrero, cuando vencen los contratos de las cinco empresas que prestan el servicio de recolección de basuras en Bogotá, sin posibilidad de prórroga. La Alcaldía espera el aval de la nación a su plan para lo que viene. La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la entidad nacional encargada de aprobar los esquemas, negó dos veces su solicitud de mantener el modelo actual, llamado de áreas exclusivas, y así dirigió la ciudad a un esquema de libre competencia. Se trata de un asunto sensible para la cotidianidad de los ciudadanos, y de mucho eco para Petro, quien lideró un intento de renovar el esquema por el que en su momento fue suspendido de su cargo como alcalde.

Justamente, al frente de la CRA está Nelly Mogollón, quien dirigió la entidad de Bogotá encargada del aseo cuando Petro era alcalde. Vivió de cerca la crisis de 2012, cuando la Administración de Petro cambió de modelo de forma improvisada y encargó del servicio a la estatal Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que no estaba preparada para ello. El resultado fue la acumulación de miles de toneladas de basura en las calles durante varios días. Ahora Mogollón es clave en la definición de las reglas con las que deberá operar la Administración de Galán, en un tema que ya genera fuertes críticas ciudadanas.

La seguridad también promete más roces, pues es una de las principales preocupaciones de los bogotanos. Más cuando en 2025 la ciudad revivió hechos de violencia que parecían superados, como el asesinato del senador opositor Miguel Uribe, atacado mientras hacía campaña en el occidente de Bogotá. La capital cerró el año con la percepción de inseguridad más alta desde el 2008: 62%, según Bogotá Cómo Vamos. Galán ha exigido al Gobierno nacional un aumento del pie de fuerza y un endurecimiento de la justicia, mientras Petro insiste en que el problema responde al “abandono del componente social del homicidio: la falta de una ciudad inclusiva”, como escribió en X.

Para Chacón, es un asunto que “refleja la tensión estructural entre el nivel nacional y los gobiernos locales”. Explica que las decisiones centrales “inciden directamente sobre los territorios sin un esquema claro de corresponsabilidad” y el crimen organizado adapta sus dinámicas a los entornos urbanos, mientras “las ciudades enfrentan restricciones por la falta de recursos, el debilitamiento institucional y la ausencia de una estrategia nacional de seguridad urbana”.

Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, enmarca la confrontación entre los dos mandatarios. Reconoce que Petro no se ha caracterizado por tender puentes, pero considera que tanto él como Galán tienen problemas más urgentes que disputas públicas, y sostiene que Galán ha mantenido un bajo perfil en los debates nacionales, por lo que no aparece como una amenaza relevante para el proyecto político de Petro, que está en juego en las elecciones nacionales.

Justamente ese bajo perfil es el que Galán parece haber dejado atrás por el aumento del salario mínimo. El alcalde recordó que el propio Petro proyectó en su presupuesto nacional un aumento de alrededor del 9% y advirtió que la decisión dejará un hueco de seis billones de pesos a una Nación ya desfinanciada. “El aumento tiene unas implicaciones; lo que pido es que el Gobierno las asuma, no las evada y no nos las traslade a los demás”, dijo. Aunque el partido del alcalde, el Nuevo Liberalismo, no tiene grandes opciones presidenciales, compite en las legislativas cuando su figura más visible, él, eleva el tono. E presidente, conocido por su pugnacidad, no se queda atrás.

“Pueden usar la alcaldía para proyectar al partido, es algo completamente lógico”, señala Botero, quien advierte que, si Galán busca una mayor capitalización política del cargo, podría tensar más la relación con Petro, y explica que en todo caso es algo habitual en tiempos de campaña. Para Chacón, se necesita “bajar el ruido político y fortalecer espacios de coordinación” entre la ciudad y la Nación.