Un montón de bolsas de basura rotas y residuos desperdigados copan el ancho de una acera poco concurrida del centro de la localidad de Chapinero, el mayor punto nervioso de Bogotá. El cielo está oscuro, y por allí solo pasan carros y motos que buscan desembocar en la carrera Séptima. No es el único movimiento que se percibe, sin embargo: del montón de desperdicios se abastece un batallón de ratas que salen de un agujero de la acera. Desfilan, una tras otra, por turnos, antes de regresar a su madriguera. La escena se ha vuelto costumbre: la capital de Colombia padece desde hace meses un grave problema de recolección de basuras que, con el paso del tiempo, se ha hecho más palpable. La ciudad, se comenta con frecuencia, es un basurero a cielo abierto. Con un agravante: el actual esquema de recolección vence en cuatro meses, tras ocho años de funcionamiento. Sin un nuevo modelo que lo reemplace, la posibilidad de que la crisis se agrave parece cada vez más cercana.

El problema es de vieja data. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, cuando estaba en campaña, diagnosticó su origen y anunció parte de las medidas que tomaría en caso de resultar ganador. En agosto de 2023, el candidato del Nuevo Liberalismo dijo: “Básicamente, el sistema no está operando y no está cumpliendo la misión para la cual fue contratado”. Hablaba desde un sector del centro de la ciudad lleno de bolsas rotas, suciedad y residuos mal dispuestos. Los concesionarios privados encargados de la recolección, decía, incumplían los contratos que se les otorgaron a partir de 2018, y que vencen el 11 de febrero de 2026. “Los vamos a vigilar y sancionar cuando no cumplan lo que está pactado”, advertía. A tres meses de cumplir dos años como alcalde, Galán dice haber reducido muchos de los puntos críticos de basura, pero sus diagnósticos han sido devorados por un problema cuyas soluciones no se ven en las calles.

Un modelo complejo

En el modelo que tiene Bogotá hace más de 30 años, la ciudad está dividida en cinco áreas de servicio exclusivo. Una empresa es responsable de recoger las basuras en cada una de ellas. Es una excepción a la regla de la libre competencia consignada en la Constitución y que opera en la mayoría de ciudades de Colombia. En ella, cualquier operador puede recoger donde y cuando quiera, y cobrar por los residuos entregados. En el caso de Bogotá, eso acarreaba un riesgo enorme: que las empresas terminaran por dejar zonas de la ciudad sin el servicio de recolección. Por eso, se ha optado por la zonificación.

Pero para poner en marcha ese esquema, el Distrito debe presentar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) unos estudios técnicos, financieros, jurídicos y ambientales que demuestren que las áreas son la única manera de garantizar el servicio. Eso se debe repetir cada vez que caduquen ese aval y los contratos que lo desarrollan. A cuatro meses de ese plazo, la Comisión no ha dado visto bueno a la propuesta que presentó la Administración de Galán para prorrogar las áreas por ocho años más. “Estamos preparando el plan de choque para una eventual libre competencia”, dice el alcalde a EL PAÍS, en una entrevista desde el norte de Bogotá.

El riesgo de que el problema de las basuras estalle en febrero es cada vez más real. Ya Bogotá se ha mirado en ese espejo: en diciembre 2012, cuando el alcalde era el actual presidente Gustavo Petro, la terminación de los contratos de aseo llevó a que la ciudad amaneciera tapizada en basura, con la gente recogiendo los desperdicios como podía. Esa crisis motivó a la Procuraduría a destituirlo un año más tarde, aunque su restitución le trajo enormes réditos electorales.

La situación actual de Galán es similar a la de Petro hace 12 años, aunque pasa también por el inconformismo de la ciudadanía con el sistema de aseo. Ese sentimiento lo expresó una vecina del barrio Pardo Rubio, que en la ventana de su casa puso un cartel blanco que reza: “No cobren tan caro el servicio de aseo de modo arbitrario y voraz, es socialmente injusto”. La protesta no carece de motivos: los bogotanos invierten en ese sistema más de 851.000 millones de pesos —unos 200 millones de dólares— al año, casi el equivalente al presupuesto del Ministerio de Cultura. Sin embargo, cada vez hay más botaderos clandestinos, bolsas que se acumulan por días en la calle y proliferación de ratas o cucarachas. Entre abril de 2024 y el mismo mes de 2025, la ciudadanía presentó 2.006 quejas contra la Alcaldía, casi seis al día, por la alta suciedad.

La UAESP, entre dos problemas

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dependiente de la Alcaldía, está en el centro de los dos grandes problemas relacionados con la basura. Por un lado, es la entidad encargada de solicitar a la CRA el nuevo modelo de recolección para que estuviera listo antes de febrero. Pero la Comisión rechazó la petición dos veces, al hallar varios defectos en la propuesta. La segunda negativa, en agosto pasado, motivó a Galán a destituir a Consuelo Ordóñez, quien dirigía la UAESP desde el comienzo de su Administración. El alcalde eligió, casi un mes después de la salida de Ordóñez, a Armando Ojeda como nuevo director.

El otro problema, el más evidente, es el de la acumulación inadecuada de residuos. La UAESP es la entidad encargada de elegir y vigilar a los operadores privados que se ocupan de la recolección. Y si bien se han abierto nueve procesos disciplinarios contra ellos por problemas en el servicio, falta de mantenimiento de los vehículos, irregularidades en el barrido y fuga de lixiviados (los líquidos producto de la descomposición), hasta la fecha apenas ha sancionado a una de las empresas, según reconoce al responder a un derecho de petición.

Consuelo Ordóñez, criticada con dureza por varios concejales por su labor al frente de la UAESP, atribuía los problemas a otros actores. “Hay mala disposición de los bogotanos, problemas con personas que rompen las bolsas y fallas de la interventoría”, dijo a Noticias Caracol en una de sus últimas entrevistas como funcionaria. Nunca reconoció errores en su entidad. Al hablar sobre el desmepeño de la exdirectora, el alcalde Galán evita mencionarla, pero deja entrever su inconformidad: “Hubo personas que no cumplieron con su responsabilidad y salieron de su cargo”, decía, luego de destituirla y antes de anunciar su reemplazo. “La responsabilidad de no haberlo logrado es de ese equipo”, señalaba en una clara alusión a su anterior funcionaria. El alcalde reconoce abiertamente que, si bien antes de llegar al cargo diagnosticó la problemática, no ha logrado mejorarla. El mandatario confía en que, con el nuevo equipo en la UAESP, los cambios empiecen a verse en las calles a más tardar en diciembre.

Los contenedores, otro factor del caos

Los contenedores de basura, una novedad del contracto actual, han sido otro factor del caos. El alcalde opina que han funcionado en algunas zonas de la ciudad, pero en otras se han degradado hasta convertirse en puntos de desecho mal usados. El asunto, no obstante, va más allá del uso. La Contraloría de Bogotá, encargada de vigilar el buen destino de los dineros públicos del Distrito, hizo un recorrido sorpresa en julio pasado para verificar el estado de los contenedores. Faltaban en casi la mitad de los sitios visitados. El contralor, Julián Mauricio Ruiz, explica: “Los operadores deben tener un 10% de inventario adicional para reemplazarlos en caso de daño o pérdidas, pero no se ha cumplido en todos los casos”. La entidad espera emitir un fallo en noviembre, pues considera que tanto los operadores como la Alcaldía han incumplido. “Estamos cuantificando si hubo detrimento patrimonial”, explica Ruiz.

El contralor confirma que el problema de las basuras promete aumentar en febrero, y señala a la Alcaldía de Galán por tardarse nueve meses en presentar a la CRA su propuesta para el nuevo esquema, cuando debía tardar a lo sumo tres, para tener el margen suficiente de hace ajustes. La Comisión ha pedido dos veces correcciones al Distrito, y Galán reconoce que la UAESP no las hizo a tiempo, pese a haber contratado para ellas a un grupo de expertos al que le pagó 1.200 millones de pesos (algo más de 300.000 dólares).

Galán: “No ha sido suficiente lo que hemos hecho”

El alcalde reconoce que su Administración ha fallado en ofrecer una solución al problema, aunque hace énfasis en que las alcaldías que lo precedieron —de Enrique Peñalosa y Claudia López— también tienen responsabilidad. “Tienen razón en criticarme porque no he logrado cambiarlo, pero no me pueden decir que es un problema que surgió en este momento”, dice, como parte de su mea culpa. “Reconocemos que en estos 20 meses no pudimos cambiar la tendencia a pesar de los esfuerzos y por eso cambiamos el equipo y arrancamos una nueva estrategia”, añade.

Galán argumenta que los cambios que ha vivido en la ciudad durante los ocho años del contrato actual han contribuido a la crisis: “Hace 10 años había 13.000 recicladores inscritos. Ahora hay 26.000. El manejo de los residuos ha cambiado gradualmente”. Su diagnóstico no dista de los reparos que él mismo hacía años atrás en su asiento del Concejo Distrital. Ahora, ha sido desde esa misma corporación desde donde más ha recibido críticas, incluso con la petición de que declare una emergencia sanitaria para controlar el problema. El alcalde, sin embargo, considera que no hay motivos para hacerlo ni es la vía adecuada para llegar a una solución.

—Y si llega la libre competencia, ¿qué va a hacer el Distrito para garantizar la recolección de residuos en las zonas a las que los operadores no vayan?

—Los operadores que quieran entrar a Bogotá deben informarlo y decir en qué áreas van a trabajar. Eso ya le da a la ciudad y a la autoridad una información para actuar y prepararse para aquellas zonas donde no está contemplado que alguien esté interesado. Esa información es clave. Estamos trabajando en tener los recursos para que en aquellas zonas uno pueda incorporar a Aguas de Bogotá o inclusive iniciar un proceso licitatorio para que entre alguien eventualmente a operar en aquellas zonas donde los operadores en libre competencia no tienen interés en operar.

El mandatario defiende que, como parte de su plan para resolver el problema, se ha centrado en erradicar los cientos de puntos críticos que hay en la ciudad. Esos lugares, zonas en que se acumulan residuos mal dispuestos por ser desechados de manera incorrecta, eran 667 en el momento en que asumió la Alcaldía. Ahora son 477, según datos de su Administración, concentrados sobre todo en el sur y en el occidente de la ciudad. También trabaja para evitar que otros lugares de arrojo esporádico se conviertan en nuevos puntos críticos. “Estamos haciendo el inventario de ellos, para poder atacarlos”, explica.

A la visita de uno de esos espacios llenos de basura se sumó el alcalde el 18 de septiembre. El recorrido empezó en la calle 13 con carrera 17, muy cerca de la Estación de la Sabana y del sector de Sanandresito, una de las zonas de comercio más agitadas del centro de la ciudad, y donde conviven la indigencia, el microtráfico de drogas, la prostitución y la contaminación. Un camión de basura se detiene a recoger un montón de desperdicios que ocupa buena parte de la acera. Se ven envases plásticos, pedazos de madera, cartón, rellenos de colchones. A media calle está Galán, enfundado en su chaqueta verde olivo, rodeado de sus guardaespaldas y de su séquito de asesores de la UAESP y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El alcalde se muestra curioso: señala, pregunta, escucha lo que los funcionarios le explican. Insiste en la necesidad de multar a las grandes empresas que desechan de manera indebida sus residuos, y señala el imperativo de que exista una sanción social. Avanza hacia el norte, en dirección a la avenida 19, y gira hacia el occidente, hasta la esquina de la carrera 19. Cruza la calle y se adentra en una tierra abandonada y copada de residuos, en donde casi nadie se asomaría sin una seguridad como la suya. Varios indigentes merodean, la basura se acumula en la vía rota, las palomas picotean entre desechos que flotan en un charco de agua negra y pestilente. Por aquí pasa una rata, por allá un perro asediado por las moscas. Dos recicladores llegan, con su pequeño remolque motorizado lleno de residuos, con la aparente intención de deshacerse de su carga. Al ver a las autoridades, dan media vuelta y se retiran.

El alcalde sigue con su recorrido. Se dirige a uno de los cinco centros temporales de acopio de residuos de la ciudad, en la calle 21 con carrera 18A. Es una bodega mediana con algunos contenedores en desorden, adonde pueden ir los recicladores a clasificar sus residuos sin abandonar en la calle lo que no les sirve. En ese momento, sobre las cuatro de la tarde, hay apenas dos recicladores haciendo su labor. El alcalde se detiene a hablar con uno de ellos, que le responde con gesto adusto mientras sigue con su tarea:

—¿Qué opina de tener este tipo de sitios?

—Pues mejor, porque en la calle uno se moja.

—¿Dónde separaba antes?

—En la calle...

—¿Y tiene dónde le compren cerca?

—Sí, señor, a la vuelta compran todo el material. Lo que lleve uno.

—¿Cada cuánto viene?

—Los lunes, miércoles y viernes.

—¿Y de dónde trajo todo eso?

—De la 100. Por ese sector del Chicó.

—Desde allá viene...

—Sí, señor. Así le toca al pobre.

—¿Cuántas personas viven gracias a su trabajo?

—Cinco.

—¿Y en un día cuánto se hace?

—Depende. Barato, me hago 100.000 pesos. En un buen día, 200.000 o 250.000. Depende de como esté el material.

Galán abandona la bodega y se sube en una de las camionetas blindadas que lo acompañan. La calle queda en silencio, sin curiosos, con contados transeúntes. En ese sector, en plena zona de tolerancia del barrio Santa Fe, se ve el problema que motivó la brigada: parques, separadores y aceras tapizados de basura. Más cerca de los cerros, en la avenida Caracas, avanzan las obras del metro, el proyecto que más recibe la atención del alcalde. Tanta, que la conclusión habitual en la ciudad es que, por él, ha dejado a la deriva otros problemas. Sobre todo, el de los residuos, por el que Bogotá se acerca sin mucha conciencia a un escenario de incertidumbre. Algunos anticipan un caos; la Alcaldía trata de demostrar que la situación estará controlada. La realidad se sabrá en cuatro meses, el 11 de febrero. La cuenta regresiva está en marcha.