Los gobernadores y los alcaldes de las capitales se rebelan contra los impuestos de Petro

Los gobernadores de Colombia han decidido rebelarse contra el presidente Gustavo Petro. En una acción política inédita, los mandatarios regionales, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, anunciaron en la tarde de este jueves que no solo están en desacuerdo con la emergencia económica decretada por el Gobierno central, sino que se niegan a aplicar el decreto que aumenta los impuestos a los licores y a los cigarrillos porque afectan “la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país”. El problema, aseguran, es que la nueva medida traslada recursos de los departamentos a las arcas del Gobierno nacional bajo la figura de la renta cedida, lo que reducirá los presupuestos locales para la salud, la educación, los deportes y otros rubros. Señalan, además, que esa transferencia es inconstitucional. Apenas horas después, los alcaldes de las principales ciudades, agremiados en Asocapitales, hicieron una declaración similar, y pidieron a la Corte Constitucional que suspenda la emergencia.

Los anuncios han tenido una respuesta inmediata del Ejecutivo. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, criticaron la decisión y anunciaron acciones jurídicas contra los gobernadores que no acaten las medidas establecidas en la reforma tributaria por decreto que emitió Petro al terminar 2025, después de que el Congreso le hundiera el proyecto de ley que buscaba reformar esos mismos tributos.

En un comunicado de prensa que se publicó en la tarde del jueves, al terminar una reunión extraordinaria en Bogotá, los gobernadores afirman que estudiarán “con carácter urgente” el instrumento jurídico idóneo para frenar lo dispuesto por el Gobierno nacional en el Decreto 1474 de 2025, “en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%”. De acuerdo con la decisión, que incluso apoyan gobernadores aliados del presidente, como Luis Alfonso Escobar del departamento de Nariño, no esperarán que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia, ni del que cambia las reglas tributarias. Para ello, proponen la aplicación de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que permite a los operadores jurídicos no aplicar normas que sean claramente contrarias a la carta magna. Los 32 políticos, elegidos en octubre de 2023, señalan que los nuevos impuestos generarán “un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales”.

Los gobernadores, además, solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional para el cual conformaron una comisión representativa en la que participarán como voceros las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y los de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar; y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

La gobernadora Toro, cabeza además del Partido de La U, explicó las recientes decisiones en diálogo con medios de comunicación: “Hemos acordado mandarle un documento a la Corte para que nos escuche y cada gobernador interpondrá una acción de tutela”, dijo quien en los últimos meses se ha consolidado como una de las mayores opositoras de Petro en las regiones. El gobernador de Antioquia, férreo crítico de Petro, fue el primero en oponerse a cumplir el decreto. En un video publicado en su cuenta de X, el político de derechas explicó el argumento: “Toda autoridad judicial o administrativa está obligada a aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma —como ocurre con las disposiciones de la emergencia económica— resulta desproporcionada y vulnera principios constitucionales”. “Desde los departamentos defenderemos nuestros recursos y acudiremos a las instancias constitucionales necesarias para evitar que se siga debilitando a los territorios”, escribió en X la mandataria del Tolima.

El ministro Benedetti ha asegurado en un video público que los gobernadores cometen un desacato que “es un mal ejemplo”. “Si ellos dicen que no se cumple la ley, usurpan las funciones de la Corte”, dijo el encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo, quien sumó un mensaje amenazante. “Puede haber prevaricato y también podrían responder con sus propios bienes y recursos el dinero que se pretende recoger”. Su colega de Justicia anunció que el Gobierno tomará medidas legales contra quienes no implementen la decisión presidencial. “El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y desde el Gobierno del presidente Petro se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas desacatando”.

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también publicaron un comunicado en el que explican que las medidas adoptadas por el gobierno “no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales”. El Decreto, aseguran, respeta el recaudo y administración, por parte de los departamentos garantizando sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional". El Gobierno invitó a los mandatarios regionales a una reunión el próximo lunes para discutir los alcances de la emergencia económica".

Esta nueva disputa es solo la continuación de varios desencuentros que ha tenido Petro con algunos de los mandatarios locales más poderosos del país en los últimos meses y se da en plena campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de la República. En mayo de 2025, el presidente rompió todas las relaciones con la gobernadora del Valle porque, según él, Toro se negó a apoyar la consulta popular que el presidente impulsaba en el Congreso. Petro la acusó públicamente y el ministro Benedetti ordenó “pararle todo”. La gobernadora respondió con una carta abierta, en la que negó cualquier traición y señaló que el Gobierno ha frenado proyectos clave para el Valle del Cauca. “Los derechos de los ciudadanos y las competencias del Gobierno Nacional no pueden ser usados como herramientas de presión. Esto sería un uso indebido del poder. Espero que dichas afirmaciones sean solo un malentendido”. El presidente también ha librado fuertes disputas con el gobernador de Antioquia, militante del partido Centro Democrático. Las últimas peleas estuvieron relacionadas con el fracaso de la paz total en el departamento, que derivó en atentados y problemas de seguridad.

Los choques, además de la tensión usual entre el poder central y los poderes locales, tienen como trasfondo la falta de cohesión y liderazgo que ha afectado a la oposición durante los más de tres años del Gobierno de izquierdas. La mayor prueba de la baja aprobación del presidente, que ha oscilado entre el 30% y el 40% según la mayoría de encuestas, se dio en las elecciones locales y regionales de 2023, cuando candidatos independientes o de oposición se hicieron con las principales alcaldías y gobernaciones del país. Los roces y choques se han repetido, pero el frente común que se ha formado este jueves contra el presidente no tiene antecedentes.