Carlos Carrillo: “La inundación en Córdoba es mucho más grave de lo previsto en los escenarios más pesimistas”

Las inundaciones que golpean a Córdoba, departamento del Caribe colombiano, suman al menos 52.000 familias afectadas —unas 156.000 personas—, según el último reporte en poder de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Desde Montería, Carlos Carrillo, director de la entidad, señala que la magnitud desborda los planes de emergencia y contingencia de la hidroeléctrica Urrá, que se desbordó el fin de semana. “La inundación es mucho más grave de lo que se había podido prever en los escenarios más pesimistas”, dice en diálogo con EL PAÍS.

La emergencia ha llevado a que el presidente Gustavo Petro traslade su agenda a su departamento natal: realiza un consejo de ministros que inició a las 10.30 de la noche del martes en el centro de exposiciones de la capital departamental, y lo retoma sobre el mediodía de este martes. El Gobierno ha solicitado a la Corte Constitucional, además, que levante la suspensión a una emergencia económica que declaró en diciembre pasado, con el fin de recibir recursos frescos para atender la crisis.

Carrillo explica que las anegaciones se presentan en el que suele ser el mes más seco del año, cuando normalmente su entidad estaría luchando contra incendios forestales. “Entre el 1 y el 2 de febrero no paró de llover. Llovía, llovía, llovía sin parar un minuto”, relata, en referencia a un nuevo frente frío que ha impactado el Caribe. Señala que todo empeoró el fin de semana, cuando se desbordó el embalse de Urrá, aguas arriba del departamento. Las cifras preliminares de precipitación en esa área marcan un salto extraordinario: “Fueron un 1.600% mayores a lo que debería haber sido. En cuestión de cinco días cayó toda el agua del mes”.

Hasta el momento, se han contabilizado unas siete personas fallecidas en Córdoba. Carrillo señala que los alcaldes dieron las órdenes de evacuación a tiempo y que se pudo evitar una pérdida de vidas humanas mayor. La magnitud de la tragedia, comenta, está en la cantidad de hectáreas afectadas. “Tenemos unas estimación de que pueden ser alrededor de 157.000… es una barbaridad”, dijo Carrillo, al mencionar impactos sobre ganadería y cultivos como plátano, yuca y sandía, además de monocultivos como la palma.

En el balance preliminar, el director de la UNGRD indica que hay daños severos en viviendas. “Tenemos 1.700 casas ya destruidas y 4.000 no habitables”, afirma, aunque advierte que el dato puede variar cuando baje el agua y se verifique cuántas colapsaron. También enfatiza que no todas las afectaciones tienen que ver con la vivienda. “Hay fincas en las que la casa está un poquito más elevada, en una montañita, pero todo el resto está inundado. Puede que la gente esté viviendo ahí, pero lo han perdido todo aparte de su casa”.

La emergencia, añade, no es exclusiva de Córdoba: también reportó eventos en el vecino Sucre y el cercano sur de Bolívar, y en departamentos de otras regiones del país como Nariño, Santander y Cauca. Sin embargo, recalca que Córdoba concentra el mayor golpe.

El manejo de la crisis

El director da un parte de tranquilidad sobre la atención inmediata, y baja la presión sobre la necesidad de nuevos dineros. “Hay plata, hay mecanismos ordinarios para financiar. El Estado tiene herramientas, por ejemplo, para hacer traslados presupuestales, porque hay una emergencia declarada por variabilidad climática”, explica. “Aunque los recursos no son enormes y la crisis está teniendo un impacto muy grande en nuestra planificación del año, en este momento podemos responder”, añade. La preocupación está en que a estas precipitaciones se sumarán otras, pues se prevé que en marzo y abril se instale la usual temporada de lluvias, que sobre todo impactará al Caribe y la zona andina.

En uno de los focos inmediatos, los alojamientos temporales para los evacuados, también muestra serenidad. Menciona que en Tierralta, al sur de Montería y en las estribaciones de los Andes, hay “casi 40 alojamientos temporales”, y de ellos exige estándares internacionales. “Tienen que cumplir con un manual, porque puede convertirse en un nuevo generador de problemas. Cuando pones mucha gente junta en un escenario trágico, los problemas empiezan a aparecer: de convivencia, de violencia”.

Carrillo advierte de que su mayor preocupación está en lo que vendrá más adelante, cuando bajen las aguas y la atención nacional. “El problema no es con qué se va a dar la respuesta ahora; el problema es lo que va a pasar después”, afirma, en referencia a la reconstrucción, la recuperación económica y la reactivación agrícola. “Nosotros no somos los que vamos a hacer este trabajo: este Gobierno ya se acabó, le quedan 5 meses. Pero tenemos que dejar un plan de acción en el que concertemos con los gobernadores y los alcaldes, y nos pongamos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y cómo lo vamos a fondear”.

En medio de las críticas cruzadas entre el Gobierno nacional y distintos mandatarios locales, Carrillo defiende el esquema descentralizado de atención. “Yo sí le doy todo el reconocimiento a los alcaldes de estos municipios. Tienen unos presupuestos ínfimos, pero que han tenido la capacidad de conducir estos incidentes y evacuar”, afirma. Sin embargo, cuestiona los reclamos del gobernador, Erasmo Zuleta, sobre la falta inversiones del Gobierno nacional en obras de prevención. “A los políticos les encantan los diques, los muros de contención. Pero son carísimos y afectan a otros municipios a lo largo del río. Y son un foco de corrupción: contratan cinco y se roban otros cinco”.

Las responsabilidades

Carrillo es cuidadoso al delimitar responsabilidades, en contraste con el presidente, que ha señalado a las empresas dueñas de los embalses de la hidroeléctrica de Urrá. “Yo no soy la autoridad ambiental”, afirma, y precisa que las hidroeléctricas pertenecen a empresas que cuentan con una junta directiva en la que participan varios ministerios, ya que son estatales. Por otro lado, matiza: “El embalse estaba muy lleno por decisiones operativas, eso es indiscutible e inocultable. Así que debe estudiarse si eso influyó. Lo que no sé es si sería una infracción a la ley”.

El director añade que la UNGRD exige el cumplimiento de los planes de contingencia y revisa su calidad, en un contexto de un evento climático de proporciones inesperadas. “Lo que estamos viendo es que la magnitud de la crisis desborda los planes que tenían”, apunta. También explica que, mientras que Hidroituango puede moderar el agua que desbalsa, la más vieja Urrá no: “Es una represa de borde libre. Llega a una cuota y el agua empieza a pasar”.

El político de izquierdas se mete en la disputa más amplia por el impacto que ha tenido la hidroeléctrica de Urrá, construida en los noventa e inaugurada en el 2000, en el ecosistema de los ríos. “Me valió un regaño del presidente decir que la prioridad de hoy no son los debates históricos, sino responder a las personas afectadas. Pero decir eso no implica que yo desconozca esos debates”, afirma.

El funcionario insiste en que el país enfrenta un problema agravado por la crisis climática, pero también critica obras hidráulicas acumuladas durante décadas, como el embalse de Urrá o el de la hidroeléctrica de Hidroituango. “La intervención humana ha cambiado la dinámica hídrica, desde obras muy grandes como Urrá hasta pequeños diques o jarillones que se han hecho de manera artesanal”.