Los rostros de la vergüenza

El debate sobre Gaza había desaparecido de la agenda pública colombiana, eclipsado por la tensión diplomática entre Gustavo Petro y Donald Trump, y por el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, los pronunciamientos y entrevistas de los precandidatos volvieron a poner sobre la mesa una discusión que no es semántica ni ideológica, sino jurídica, política y humanitaria.

Negar o relativizar el genocidio en Gaza no fue un error conceptual ni un mal cálculo comunicativo de siete de los nueve precandidatos de la coalición de derecha, sino una posición política coherente con la forma en que conciben el uso de la fuerza, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la protección de la población civil. La postura no es un asunto externo ni lejano a nuestros intereses, es una proyección directa del país que pretenden gobernar bajo sus leyes y normas que distan de cualquier respeto por las normas internacionales.

El 6 de enero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que documenta la profundización de la violencia sistemática contra la población palestina. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, al menos 2.321 palestinos fueron asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental fuera de contextos de hostilidades armadas: 496 de ellos eran niños y niñas.

Se suma que más de 32.000 personas fueron desplazadas de manera forzada, se destruyeron y demolieron centenares de viviendas y los ataques de colonos aumentaron en un 66 %. El informe concluye que estas prácticas no son episodios aislados, sino parte de un régimen de dominación que continúa en curso pese al cese al fuego.

Desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia advirtió la existencia de un riesgo serio de genocidio en Gaza, los hechos documentados por Naciones Unidas no han hecho sino agravarse. Según el informe presentado en octubre de 2025 por la Relatora Especial, más del 80 % de la población de Gaza fue desplazada de manera forzada, el sistema de salud colapsó casi por completo, y la destrucción de infraestructura civil alcanzó niveles sin precedentes.

Sin sonrojarse ni tener vergüenza alguna, los siete precandidatos justificaron la barbarie, posición que coincide con la respuesta afirmativa—en el plano nacional—, a la posibilidad de bombardear campamentos aun cuando exista presencia de niños, niñas y adolescentes, una infracción al DIH que justificaron bajo las consignas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En el caso de Vicky Dávila, la negación del genocidio en Gaza se articuló con un alineamiento sin matices con la política exterior de Estados Unidos. Sus pronunciamientos públicos relativizaron los informes de Naciones Unidas y reprodujeron una narrativa de seguridad que justifica el uso irrestricto de la fuerza en nombre de la lucha contra el terrorismo.

La postura de Juan Manuel Galán fue distinta en el tono, pero no en el fondo. Desde una retórica institucionalista, defendió la posibilidad de intervención extranjera en Colombia en el marco de la crisis diplomática con Estados Unidos, mientras evitó pronunciarse con claridad frente al genocidio en Gaza. Un institucionalismo selectivo que invoca el derecho cuando conviene y guarda silencio cuando compromete Estados aliados y potencias mundiales.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón sostuvo sin ambigüedades una doctrina de seguridad basada en el uso intensivo de la fuerza militar. Su respaldo a los bombardeos, incluso con presencia de población civil y menores de edad, se inscribe en una concepción de la guerra ampliamente conocida en Colombia, cuyos efectos humanitarios y políticos han sido documentados durante décadas y que él como exministro de Defensa bien conoció.

En el caso de Paloma Valencia, la posición fue explícita y coherente con su trayectoria política. Defendió sin ambages a Israel, además de negar el genocidio en Gaza, y respaldó una política de seguridad centrada en la fuerza militar, sin matices frente a los señalamientos de organismos internacionales. A diferencia de otros precandidatos, su postura no se disfraza de pragmatismo ni de ambigüedad: es una defensa abierta de una concepción de la guerra que prioriza la victoria militar sobre la protección de la población civil.

A estas posiciones se suma un punto de coincidencia: el anuncio de que restablecerían, sin condiciones ni cuestionamientos, las relaciones diplomáticas con Israel. Una decisión presentada como gesto de pragmatismo y diplomacia, pero que no es otra cosa que un espaldarazo a un Estado genocida, como la jurisprudencia internacional ha reconocido.

Para agosto de 2025, la hambruna fue oficialmente declarada y al menos 461 personas murieron por causas relacionadas con la desnutrición. El mismo informe registra la muerte de más de 370 trabajadores humanitarios, el bombardeo de instalaciones de la ONU y la reducción deliberada de la ayuda humanitaria a menos de un tercio de los niveles previos a octubre de 2023.

No se trata entonces, solo de diplomacia, sino de la disposición a justificar violaciones sistemáticas al DIH, la misma lógica con la que en Colombia se relativizaron crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

Indigna, sí, pero sobre todo devela cómo quieren gobernar. Son precandidatos que no conocen las regiones más allá de sus ciudades y enclaves políticos, que usan a conveniencia los saberes ancestrales y la multiculturalidad mientras se sienten orgullosos de “hacer patria” en Miami y no de la diversidad lingüística, cultural y territorial que dicen representar. Vergüenza debería darles hablar en público de los derechos de la niñez, del futuro de la juventud y de la lucha contra el hambre, mientras respaldan las operaciones militares en Gaza y guardan silencio frente a los niños mutilados y asesinados por las bombas.

La hipocresía queda retratada cuando se visten con prendas indígenas tras haber promovido la burla y el desprestigio contra mujeres indígenas y afro, o cuando viajan a la Amazonia como en una exploración en la época de las caucheras. Siguen sin entender, conocer y respetar el país que quieren representar.

Aun así, los debates y entrevistas son la oportunidad para que la sociedad colombiana evalúe si está dispuesta a respalda proyectos políticos que de puertas para afuera son patriotas, soberanistas y defensores de la vida, pero de puertas para adentro actúan en concordancia con proyectos de naciones que históricamente han violado el DIH y los derechos humanos.