Los movimientos sociales rodean al progresismo pese a los desencuentros con el Gobierno de Petro

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, distintos movimientos y grupos sociales de Colombia ondean las banderas políticas del presidente Gustavo Petro, pese a las inconformidades que han acumulado en casi cuatro años de administración. Agrupaciones de campesinos, indígenas y maestros que reivindicaron sus derechos en el estallido social de 2021, alentadas por el entonces senador y ahora jefe de Estado, sostienen una relación firme, aunque imperfecta, con el primer gobierno contemporáneo de izquierdas. “Había mucha expectativa de los movimientos sociales frente a este gobierno. Tenían la idea de que iban a poder instaurar unas relaciones distintas. Aunque no hay rupturas ni represión, ha habido distanciamientos”, resume el politólogo y profesor universitario, Yann Basset.

El ejemplo más reciente está en el departamento del Cauca, en las áreas montañosas del suroccidente de Colombia, donde distintas comunidades campesinas se oponen al regreso de fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Aunque el presidente rechazaba el uso del químico y prometió centrar los esfuerzos del Estado en atacar a los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico, el giro en su política se ha concretado con una notificación de la Policía Antinarcóticos a los alcaldes locales, informando sobre el inicio de la aspersión a partir de enero.

Diego Reyes, presidente de la Asociación campesina agroambiental de la cordillera del Patía, uno de los municipios priorizados para la fumigación, dice que solo en esa zona 7.000 familias dependen de la siembra de la mata de coca. “Somos conscientes de que esa alternativa no puede ser eterna, pero primero deben cambiarse las condiciones de vida del campesino: no hay vías, ni otros mercados para el desarrollo agrario”, reclama. Pese al disgusto, acompañado por amenazas de protestas, no pone en duda el respaldo a la izquierda en las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. “Sabemos lo que ha significado la estigmatización, el abandono y los gobiernos de derecha en contra del campesinado. Apoyar a este Gobierno no significa perder el derecho a criticarlo”, aclara.

A voces como la de Reyes la han antecedido manifestaciones de organizaciones indígenas por incumplimientos de acuerdos para la entrega de tierras o la persistencia de acciones armadas de grupos ilegales en los territorios. Sin embargo, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reconocen avances significativos, como la reglamentación del sistema educativo indígena propio o una creciente representación política. “Es un buen balance, no excelente porque no se ha logrado todo, pero vemos una forma diferente de gobernar. Hay apuestas del proyecto político por seguir trabajando en cuatro años adicionales o más, para lograr las reformas que se requieren”, afirma Joe Sauca, uno de sus integrantes.

Esa consigna se repite en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), pese a sinsabores con el Gobierno al que han sido leales. En 2024, protestaron ante las fallas en un nuevo modelo de atención en salud a los más de 800.000 maestros y beneficiarios afiliados. “Completamos 20 meses con tensiones y angustias. Ha sido un sube y baja. Hay planes operativos para organizar la red y resolver problemas con la entrega de medicamentos”, reconoce Martha Rocío Alfonso, ejecutiva de Fecode. Esos tropiezos, sin embargo, no alteran el apoyo. “Nos unimos en la necesidad de hacer profundos cambios sociales, incluyendo la defensa de la educación pública”, precisa la dirigente sindical.

Otras organizaciones han fijado posiciones más distantes. Juliana Ramírez es vocera de la Cumbre Nacional Popular, una agrupación de manifestantes que en octubre del año pasado ocupó las sedes de varias entidades estatales para exigir, principalmente, una reforma urbana integral que mejore el acceso a la vivienda. “Los movimientos sociales han perdido su autonomía, dejamos de tener una agenda propia y eso implica no lograr presionar para que las cosas cambien y que la gente tenga mejores condiciones”, repara la politóloga, de 25 años.

Basset, el analista, agrega que la realidad de un Gobierno de izquierdas ha puesto en aprietos a los dirigentes de las organizaciones sociales. “Este dilema nunca se había planteado para esos movimientos sociales, que veían usual considerarse parte de la oposición. Ahora no quieren dejar sus reivindicaciones y enfrentar el riesgo de cortar con sus bases, pero al mismo tiempo tienen la idea de que sería peor tener un Gobierno de derecha o volver a los políticos tradicionales”, añade.

Quienes se alejan de esa disyuntiva son grupos que se oponen a transformaciones más tajantes que defiende el presidente Petro, como la que busca poner fin a la extracción de carbón. Mineros tradicionales, que en agosto pasado bloquearon vías de Boyacá y Cundinamarca reclamando medidas para proteger a ese sector, denuncian que el acuerdo que firmaron entonces se ha incumplido. “No hubo un resultado de formalización y las cargas tributarias continúan. El impacto social es grave, amenaza 20.000 empleos directos. Estamos muy decepcionados, pero con la esperanza puesta en que, a partir del 7 de agosto, la situación cambie para nosotros”, declara Yolman Pedraza, vocero de los mineros afectados, poniendo la mirada en las elecciones.

Para Basset, Gustavo Petro, que llegó al cargo en 2022 con el respaldo de los grupos populares, no podrá descuidar sus demandas. “El presidente se ha aislado de muchos de esos movimientos, ha terminado gobernando con un pequeño grupo de políticos, algunos que no vienen de la izquierda y eso ha significado peleas con esos movimientos sociales. Si no hay articulación va a ser muy difícil seguir movilizando esas bases”, concluye.