Petro sortea la primera gran movilización social en su contra

Por primera vez desde su llegada a la Casa de Nariño, en agosto de 2022, Gustavo Petro enfrentó una protesta sostenida de organizaciones sociales. Durante cuatro días, cientos de manifestantes de la Cumbre Nacional Popular ocuparon las sedes de cinco entidades estatales en Bogotá y bloquearon vías en varias regiones del país. Exigían el cumplimiento de promesas en materia de acceso a tierra, política de vivienda y protección ante los grupos paramilitares.

El viernes en la noche, el asesor presidencial Víctor de Currea Lugo anunció un acuerdo que puso fin a la movilización: “Coincidimos en la necesidad de ahondar en las reformas sociales, coincidimos en el derecho legítimo a la protesta y coincidimos en la necesidad de reformas de orden constitucional”, dice en un video. Se trataba del anuncio del final de una movilización de alrededor de dos mil personas que empezaron a llegar a Bogotá el lunes para asentarse en el campus de la Universidad Nacional, pero no de la solución de las causas del malestar ni el final del mensaje político de fondo: una parte del movimiento social marcó distancia con el Ejecutivo y señaló que puede estar del otro lado de la mesa de negociaciones, y que tiene cómo presionarlo.

Desde 2021 la capital colombiana no veía varios días consecutivos de movilizaciones sociales significativas que no fuesen promovidas por el presidente de izquierda, quien llegó al poder aupado en parte por las grandes protestas de 2019 y 2021. Esta vez la Cumbre Nacional Popular (CNP) y el movimiento Congreso de los Pueblos, que agrupa a cientos de organizaciones sociales obreras, indígenas, afro y juveniles, demostraron que existen sectores sociales con una agenda independiente.

Esteban Romero, vocero designado por la CNP, cuenta desde uno de los campamentos — instalado en inmediaciones de la Sociedad de Activos Especiales y que se levantará a lo largo de este sábado—, que las demostraciones vienen de lo acordado en un encuentro de la Cumbre a finales de septiembre. “La acción busca discutir varios elementos políticos estructurales, entre esos, el cumplimiento del derrotero de demandas acumuladas en los años previos de protesta social. Porque si bien este Gobierno ha tratado de canalizarlas en su Plan Nacional de Desarrollo, luego de tres años vemos que no se han cumplido las expectativas”, señala.

“Además, planteamos otras demandas puntuales como la democratización del suelo urbano y la necesidad de una reforma integral y popular en las ciudades, que implique la democratización de la tierra y de las infraestructuras con las que cuenta las instituciones del Estado”, agrega. Sus peticiones, según el acta del acuerdo logrado este viernes, se centran en impulsar un proceso constituyente popular, como el que ha reivindicado el presidente Petro, pero con la fuerza centrada en la base y no en él. En otras palabras, más que una divergencia de visiones, las movilizaciones buscaban demostrar la autonomía de esas organizaciones.

Mientras los ojos estaban sobre la capital del país, la movilización se daba en otros días lugares, con bloqueos de vías troncales en Socorro, Santander, y en La Delfina, Valle del Cauca. A diferencia de la relativa tranquilidad con la que se vivieron las acciones en Bogotá, el taponamiento de la vía Cali- Buenaventura, por la que pasa casi la mitad del comercio internacional del país, llevó a enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. El Congreso del Pueblo denunció que la fuerza pública reprimió el bloqueo con armas de fuego y que atacó a la guardia indígena, mientras que la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, señaló que quienes bloqueaban no eran personas de la zona.

La tensión natural creció en un Gobierno que vio cómo el apoyo del movimiento social que ha dado por sentado es menos monolítico de lo que creía. Esa divergencia quedó patente el miércoles, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo a la prensa que había “estructuras criminales detrás de esas protestas”. Ese pronunciamiento irritó a los manifestantes, que estaban a punto de iniciar diálogos con delegados de esa misma cartera. Una fuente cercana a esas conversaciones cuenta que los mismos funcionarios catalogaron las afirmaciones de su jefe como “una ligereza”, restándole gravedad, más cuando la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y la Defensoría del Pueblo criticaron el hecho. “Las declaraciones del ministro del Interior son incoherentes con el compromiso que ha manifestado el Gobierno Nacional de no estigmatizar a los movimientos sociales”, subrayó esta última en su cuenta oficial de X.

Pese a que los voceros exigieron una retractación del ministro Benedetti y este no la ha hecho, las conversaciones continuaron. La noche del jueves, mientras el presidente denunciaba en televisión una supuesta censura en su contra y no se refería a las movilizaciones, el Departamento Administrativo de la Presidencia emitió un comunicado que contrastaba con Benedetti, en el que se comprometía a “prevenir y atender la estigmatización y judicialización” de la protesta social. El episodio no pasó por alto para los voceros. “Evidenció que en este Gobierno que se declara de carácter democrático, hay una clara criminalización de la protesta social cuando no está suficientemente articulada a su agenda”, señala Romero.

Petro, entre tanto, delegó la negociación en su asesor De Currea Lugo, quien recientemente ha estado muy cerca al mandatario. Hace un par de semanas le sirvió de traductor en su discurso a favor de Palestina en las afueras de la asamblea de la ONU. Con el comunicado de la Presidencia y su presencia, el pulso parecía encaminarse a una solución pacífica. Pero esa salida se puso en riesgo en la tarde del viernes.

La embajada y el pulso

Ese día, las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos se nublaron no solo por el clima bogotano, sino por los gases lacrimógenos. Lo que inició como una marcha festiva con cánticos a favor de Palestina, terminó en enfrentamientos entre la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), de la Policía, y un grupo de manifestantes que había salido de la Universidad Nacional. No transcurrió más de media hora de la llegada por la Calle 26 cuando la primera aturdidora estalló y, en medio de piedras, avanzó una tanqueta. Mientras tanto, a un par de kilómetros, en el centro histórico, los voceros estaban reunidos con delegados del Gobierno, bajo el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría, tratando de cerrar los acuerdos.

Las noticias de los choques se hicieron virales y la mesa se aceleró para evitar que la violencia creciera. Antes de las ocho de la noche, firmaron un acta de cinco páginas. En ella, el Gobierno y la parte del movimiento social que se agrupa bajo la consigna “¡Aquí en la lucha, transformamos!”, acordaron crear un espacio permanente de interlocución. También concretaron un cronograma de mesas sobre lugares y temas puntuales, que iniciará el lunes 20 y culminará el 24 de octubre con una jornada dedicada a debatir alrededor a la propuesta de una reforma urbana integral y popular. El cumplimiento de lo acordado depende, de nuevo, de la voluntad del Gobierno, que ahora atestiguó la capacidad de estas organizaciones para convocar y poner en aprietos a un Ejecutivo que afirmaba ser su aliado.

Las delegaciones se comprometieron a retirar los campamentos durante el fin de semana, pero antes celebrarán una asamblea abierta al público para reflexionar sobre lo sucedido. A una semana de la consulta popular para definir el candidato presidencial y las listas al Congreso del oficialista Pacto Histórico, a cinco meses de las elecciones legislativas y con un Gobierno al que se le acaba el tiempo para cumplir unas promesas, el pulso que se vivió esta semana podría repetirse. Las repercusiones son inciertas.

A la misma línea discursiva se sumó el gobernador de Santander, el exmilitar Juvenal Díaz, a quien también la Defensoría del Pueblo le pidió retractarse luego de que en su cuenta de X señalara que los manifestantes lo que querían era invadir un predio privado en la zona de Socorro. El gobernador tampoco se retractó. Para Erika Prieto, quien por varios años ha hecho parte del equipo de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, justamente, ese tipo de aseveraciones motivan la violencia contra los liderazgos y movimientos sociales. Ella lo sabe bien, pues lleva más de una década integrando el equipo de DD. HH. del Congreso de los Pueblos. “Estoy cansada de enterrar muertos”, dice en medio de lágrimas.

Cita el ejemplo reciente del líder social Narciso Beleño, en la puerta de su casa en el sur de Bolívar en 2024. A más de un año del crimen, las autoridades pudieron establecer que el hecho fue ordenado por un militar en retiro que colaboraba con los paramilitares en la región. Hechos como esos se repiten a diario en muchas regiones y son, a su juicio, el motor para que cientos de personas hayan viajado hasta la capital para reclamar garantías y protección. “El cambio de gobierno fue una expectativa muy importante, pero no materializó las transformaciones estructurales que se requieren. A nuestra militancia, al Congreso de los Pueblos, lo siguen asesinando en todo el país. Nosotros pensamos que ganando las elecciones, seguramente las cosas iban a mejorar, pero yo no paro de lamentar niños huérfanos”, reclama.