El Gobierno propone que el ahorro pensional financie la inversión en Colombia

La economía colombiana arrastra una anemia de inversión y el Gobierno ha propuesto que la transfusión que la cure salga del ahorro pensional. Sobre la mesa ha puesto un borrador de decreto que fija un techo del 30% a la porción del ahorro que las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) pueden mantener en el exterior, cuando hoy tienen invertidos fuera del país, principalmente en los mercados de capitales de Estados Unidos y Europa, cerca de la mitad de esos recursos. César Ferrari, superintendente financiero, explica que el objetivo es que “el ahorro financie la inversión en Colombia para cerrar la brecha entre una tasa de ahorro cercana al 6% del PIB y una inversión que ronda el 18%”.

Para Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, Asofondos, la propuesta parte de “un diagnóstico equivocado”. A su juicio, el problema no es la falta de ahorro, sino la débil demanda de inversión en Colombia, debido a “la incertidumbre política, la escasez de proyectos listos para arrancar y una maraña de trabas prácticas”, desde licencias y normas urbanas hasta problemas con predios y permisos. A eso se suma un incentivo difícil de ignorar: resulta más fácil y rentable comprar deuda del Estado que apostar por nuevas iniciativas. “Los recursos están, pero los proyectos no aparecen”, resume a este diario.

En ese contexto, el economista advierte que restringir la diversificación internacional no resuelve el cuello de botella, pero “eleva el riesgo de diversificación y reduce la rentabilidad del ahorro pensional”, en un país donde la confianza y la estabilidad pesan tanto como la liquidez. “Dentro de todo hay una buena noticia: esta propuesta de decreto es menos perjudicial que la anterior, que implicaba traer mucho más dinero en menos tiempo”, equilibra. La polémica se gestó por meses, pues circularon versiones preliminares que encendieron las alertas del sector financiero.

Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) hasta hace pocas semanas, explica que la propuesta inicial “era más radical” y que el texto que está abierto a comentarios hasta el 4 de febrero es el resultado de un proceso de moderación interna, tras sus advertencias —que, cuenta, le costaron el cargo— sobre los riesgos de tomar una decisión repentina. “Terminó imponiéndose un esquema más gradual, de cinco años, que se aleja de la idea de traer todo en cuestión de meses”, explica. El borrador abre una transición de cinco años para que los nuevos aportes de los trabajadores se queden en casa y se reintegren las inversiones que vayan venciendo en el exterior. En paralelo, el Ministerio de Hacienda se reserva la posibilidad de crear un banco de proyectos y sentar en una mesa a las AFP, el sector privado y entidades públicas para estructurar vehículos de inversión que cumplan con las tres reglas básicas del ahorro pensional: rentabilidad, seguridad y liquidez.

La escala del ajuste describe el tamaño del desafío. Con una posición externa que hoy oscila entre el 49% y el 52% —los datos varían, pues las cifras cambian día a día—, el repliegue es masivo. En cifras redondas y asumiendo un valor estático, las AFP tendrían que repatriar (o dejar de invertir) fuera unos 20.000 millones de dólares en tres años para cumplir con el tope del 35%. Son unos 80 billones de pesos, lo que crearía un flujo hacia Colombia de unos 25 millones de dólares por cada día de operación del mercado. Es un dato sísmico: esa cifra iguala todo lo que negocia hoy el mercado de acciones en una jornada.

No es un tsunami, pero sí una marea constante que pondrá a prueba la tubería local. El mercado colombiano no tiene ni la profundidad ni la liquidez de Wall Street de en las Bolsas asiáticas, y tampoco hay tantos proyectos de infraestructura en los que invertir. “Las AFP están en todos los proyectos posibles [en Colombia]. Y por ley no podemos tener más del 10% en las acciones locales de una compañía. Simplemente no hay dónde poner esa plata”, acota Velasco.

En el trasfondo late otro objetivo menos confesable: darle aire al mercado de los títulos de deuda pública, los TES, que el Gobierno de Gustavo Petro ha explotado como ningún otro. Con un mercado accionario pequeño y poca capacidad para absorber el dinero que retornaría, son un destino natural del ahorro. Hoy las AFP tienen cerca del 33% de sus portafolios en TES, muy por debajo del tope legal del 50%, lo que deja un amplio margen para que el Gobierno emita más. Desde Hacienda se ha mencionado la posibilidad de hacer colocaciones directas, un atajo para asegurar liquidez sin sobresaltos en el mercado. Pero esa vía rápida tiene costos: concentrar el ahorro pensional en deuda estatal reduce los retornos de los trabajadores a largo plazo; los expone al pulso fiscal; y, en la práctica, convierte a los fondos en la caja del Estado.

Irregularidades

Aunque un borrador menos radical ha sido visto como una buena noticia, eso no borra los problemas de forma que arrastra. En los documentos que acompañan el proyecto solo aparece una firma técnica: la de Diana Larisa Caruso López, directora encargada de la URF. “Estos procesos tienen unas formalidades: los documentos deben decir quién hizo el análisis, quién fue el economista, quién fue el abogado. Aquí no aparece nada de eso, señala Higuera. Tampoco mencionan los riesgos asociados, por lo que la economista concluye que “es un documento débil y sin rigor técnico”.

Entre las amenazas está la de una menor rentabilidad. Según ANIF, si el ahorro pensional se hubiera quedado en activos locales, el rendimiento acumulado en los últimos 10 años sería un tercio más pequeño. En números, serían 145,4 billones de pesos menos de los aportantes, “el equivalente a 10 reformas tributarias”. El decreto toma como referencia los casos de Brasil y Costa Rica, pero Francisco Muñoz, asociado senior de Banca y Finanzas en Baker McKenzie, advierte de los límites de esa comparación: “Esos países presentan alternativas de inversión local atractivas para la rentabilidad de los fondos y por eso su concentración en activos del exterior se ubica muy por debajo de los topes legales; en Colombia, en cambio, los fondos tienen entre el 45% y el 50% del portafolio afuera, probablemente por el estado de desarrollo del mercado local. Sería valioso revisar experiencias regulatorias de otros países”.

El riesgo cambiario también está en discusión. Juan Ricardo Ortega y Maurice Armitage coinciden en que forzar el regreso gradual de recursos puede abaratar más el dólar. Credicorp Capital pone números a esa idea: si el ajuste se hace paso a paso y sin ventas apresuradas, el dólar podría caer entre 150 y 200 pesos en una primera etapa. En total, el viraje implicaría unos 19.000 millones de dólares en tres años, un flujo cercano al 2% del mercado cambiario por mes. Ferrari descarta ese riesgo e insiste en que la apuesta es reforzar la “soberanía financiera” y “la oportunidad de crear capitalismo” en el país.