Los muertos del ministro de Salud (una vez más)

Fue en noviembre de 2023 cuando por primera vez escribí en este mismo diario un texto en el que anticipaba la horrible situación que terminaríamos enfrentando los colombianos ante la particular desidia del Gobierno, y particularmente del ministro del ramo Guillermo Alfonso Jaramillo, respecto al sistema de salud que muy a su pesar sigue siendo el mismo que sueñan con desmontar. Han pasado dos años, la situación catastrófica es evidente y, como el sello de Petro y Jaramillo es la testarudez, lo único que puede hacer es empeorar.

De hecho, esta semana una organización que representa a los pacientes que padecen enfermedades hepáticas y renales decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de conseguir que por esa vía el gobierno Petro y su ministro Jaramillo (sobre quien insisto: es más político que médico) se vean obligados a devolverles la atención que antes de su llegada al poder garantizaban las EPS y que ahora les niegan por culpa del malsano adelgazamiento de los recursos que el Estado le gira a estas entidades para cubrir las necesidades de sus pacientes, situación que ellos han promovido y justificado como si atender a un paciente fuera robarse la plata.

No voy a defender a las EPS. Mucho tienen y tendrán que responderle al país sobre la forma en que durante años se dedicaron a engordar los bolsillos de sus propietarios, mientras que muchas de ellas ofrecían una atención mediocre a sus pacientes. Pero justamente ahí es donde la lógica del “doptor” Jaramillo (el uso del término lo explico en el primer escrito con este título) está errada: él cree que dejar de girarle plata a las EPS es un castigo para estas, cuando en realidad los castigados son los pacientes. Su visión obtusa sobre el sistema de salud que detesta no le permite ver que mientras no haya otro sistema, le toca sí o sí ajustar su gestión a unas dinámicas mercantilistas establecidas en la norma vigente. No hacerlo podrá quebrar a las EPS, sin duda. Pero mientras se concreta su añorado sueño de verlas caer, lo que se desmorona primero es la calidad de atención a los pacientes. Es así como los enfermos crónicos dejan de recibir sus medicamentos. Es así como las personas más humildes tienen que gastar hasta el 50% de su salario para conseguir por la vía comercial los medicamentos que antes eran entregados por las EPS. Es así como ya se está muriendo la gente, otra cosa es que de esas cifras el ministro es incapaz de hablar porque la indignación suya es selectiva.

Lo que pasa es que al “doptor” Jaramillo le molestan las EPS que según él se roban la plata, pero nada dice y no he visto la primera denuncia suya contra los interventores de la Superintendencia de Salud que ayudaron en este mismo gobierno a robarse miles de millones de la salud a través de las EPS intervenidas. Mal médico es el que diagnostica mal y en este caso el mal médico que es Jaramillo no solo resultó incapaz de diagnosticar el robo hecho bajo sus narices, sino que además le dio la espalda al juramento Hipocrático pues no hace nada por salvar a sus pacientes (que somos 50 millones de personas) más allá de mostrarse como una plañidera por su hundida reforma a la salud.

Es inmoral esa forma de actuar. Inmoral e ilegal, pues la ley 1751 que rige al sector salud señala claramente que el Estado debe “abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”. Jaramillo ha hecho todo lo contrario a lo que indica la ley. ¿Hasta cuándo?