Los complejos retos del próximo cuatrienio

A menos de un año de la llegada de la nueva administración que gobernará a Colombia, el país enfrenta una compleja coyuntura que exige propuestas aterrizadas de parte de quienes aspiran a llegar al poder. La conversación nacional se ha dedicado a hablar del altísimo número de precandidatos que han puesto su nombre a consideración de sus sectores políticos, pero la discusión de fondo que deberíamos plantear es quién entre ellos está realmente preparado para la desbordada lista de desafíos que tendrá que resolver.

Es por eso que ahora resulta más determinante que nunca saber elegir propuestas construidas desde hojas de ruta plausibles y sensatas, lejos de los discursos de charlatanería que suelen florecer en temporadas electorales. Es apenas de esperar que, al recibir el cargo, un presidente tenga que enfrentar escenarios complejos en frentes como el orden público, las finanzas del Estado, el modelo de salud, la política internacional o la división política entre la ciudadanía. Lo inédito esta vez es que el nuevo gobierno tendrá que resolver una suma de todas las anteriores, muchas de ellas desde niveles verdaderamente críticos.

El nuevo gobierno encontrará una grave situación en materia fiscal que tendrá que solucionar desde dos posibles caminos: proponer una nueva e impopular reforma tributaria, o recortar el gasto público significativamente. De fondo, el presidente que inicie su mandato en 2026 tendrá que tomar decisiones frente a escenarios profundamente riesgosos para las finanzas públicas, como es la reciente ruptura con la tradición de cumplimiento de la regla fiscal, el desbordado aumento del tamaño del Estado y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación. Las propuestas para corregir el desastre fiscal que se avecina como resultado de distintas políticas del actual gobierno –y los anteriores– deben ser una de las prioridades de la contienda que inicia.

Otro de los principales retos que tendrá que resolver con urgencia será la difícil situación del orden público nacional. La apuesta de la administración Petro, que buscaba reducir la violencia y la criminalidad desde el diálogo con organizaciones ilegales dentro del marco de la ‘Paz total’ ha sido un fracaso en estos primeros tres años, durante los cuales los grupos armados han aumentado de manera preocupante su poderío territorial en departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó, Arauca y Antioquia. En diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo alertó que la presencia de grupos armados alcanzó 790 municipios, mientras que los atentados contra la fuerza pública –el más reciente de estos ocurrido en Cali– en el primer semestre de 2025 fueron más que los de todo el año 2023. La escalada de la violencia también ha dejado profundamente afectada la política, con al menos 105 líderes sociales asesinados en lo corrido de 2025 según Indepaz, entre ellos el precandidato y líder opositor Miguel Uribe Turbay.

En el escenario internacional el próximo gobierno también tendrá que tomar decisiones con urgencia. La relación de nuestro país con Estados Unidos, su aliado más estratégico del hemisferio, pasa por su hora más compleja del último siglo, en gran parte como resultado del manejo de la diplomacia desde las provocaciones de los discursos y trinos de un presidente que busca enfrentarse a Trump de todas las maneras posibles. Al mismo tiempo, el gobierno Petro se ha acercado cada vez más al desacreditado Nicolás Maduro en Venezuela, hasta el punto de convertirlo en socio de una nueva zona binacional que deja más preguntas que problemas resueltos. El nuevo gobierno tendrá el inmenso reto de marcar distancia con el régimen de Maduro tras el fraude electoral de 2024 sin desproteger la relación bilateral. El equivocado manejo de las relaciones internacionales a partir de los sesgos por afinidad ideológica debe ser reemplazado por la profesionalización de la diplomacia.

Pero, sobre todo, luego de tres años de gritos que han llamado a desafiar las decisiones de las Cortes, desconocer la legitimidad del Congreso y reescribir la Constitución del 91 en una asamblea constituyente, el mayor reto que enfrentará el gobierno entrante será poner freno a los discursos de desinstitucionalización que tanta fuerza han tomado en la administración Petro. Por eso, los electores colombianos tenemos el deber de elegir el año entrante una propuesta contundente y clara, pero siempre apegada al respeto por la Constitución del 91 y sus instituciones. Por más que los candidatos que le apuestan a la charlatanería y al show se lleven aplausos, es urgente recordar los enormes retos que recibirá el próximo presidente y lo indispensable que será elegir a un dirigente capaz y sensato si lo que buscamos son soluciones.