La ‘dreamer’ Xóchitl Santiago ante la corte migratoria de Trump

La cita es a las ocho de la mañana del miércoles, a las afueras del Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, Texas. La familia, los amigos y los grupos de ayuda pidieron que asista la prensa, que lleguen los activistas, que no falten los líderes comunitarios y quienes quieran sumarse. La idea es que el lugar se llene de pancartas con el rostro de una joven indígena, a veces con sombrero texano, a veces rodeada de flores, otras cosechando la tierra, otras cargando una cesta en medio de un surco de algún campo de los sures de Florida. La esperanza también es que se libere de una vez a Catalina “Xóchitl” Santiago, la mexicana, la zapoteca, la hija de campesinos, la beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la dreamer que nunca debió ser detenida a inicios de agosto, cuando iba a abordar un vuelo doméstico hacia Houston.

Afuera, el centro de detención es un avispero. Adentro, la audiencia en la que un juez decide el futuro de Xóchitl. Un futuro que lleva en pausa 25 días, desde que el 3 de agosto dos agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieran a la joven de 28 años en el Aeropuerto Internacional de El Paso, mientras se dirigía a una conferencia como parte de su trabajo en la organización sin fines de lucro La mujer obrera. Eran casi las cinco de la madrugada cuando los agentes le pidieron que los acompañara.

—¿Para qué?— preguntó Xóchitl.

—Vamos a interrogarla sobre sus documentos— le respondió un oficial.

—¿Para qué es el interrogatorio?— insistió ella.

—Abajo lo hablamos— le dijeron.

Los oficiales querían saber cómo obtuvo su permiso de empleo, la identificación que posee como beneficiaria de DACA. Xóchitl exigió la presencia de su abogado, pero el segundo oficial se le adelantó con ironía: “Bueno, no puedes ver a tu abogado, a menos que compre un ticket de avión”.

La conversación quedó grabada en el celular de Xóchitl, a quien dio tiempo de enviarla a través de un mensaje a su pareja, Desiree Miller. Luego Xóchitl no escribió más. “No sabía dónde estaba, pensé que en el vuelo y por eso no respondía, no sabía exactamente lo que estaba pasando”, cuenta su pareja. Aparentemente, no había ningún problema con sus documentos, vigentes hasta el 29 de abril de 2026.

Nadie supo más de ella hasta unas horas después, cuando le permitieron hacer una llamada. Xóchitl confirmó que sí, que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Este no es un incidente aislado”, denunció en un boletín la Red Nacional para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (NNIRR). “Catalina forma parte de una preocupante y creciente tendencia en la que inmigrantes con residencia legal son detenidos sin causa”.

En contra de la protección que hasta ahora les confería un programa como DACA, Xóchitl integra la lista de jóvenes arrestados en los últimos meses por la Administración de Donald Trump. En un país con un Gobierno enfocado en cumplir sus autoimpuestas cuotas de deportaciones, los más 500.000 beneficiarios de DACA no están exentos de la persecución, detención o expulsión.

DACA, la promesa incumplida de la protección

Hasta ahora que le sucedió a su hermana Xóchitl, JL —quien pidió identificarse solo con sus iniciales— no sentía que algo pudiera sucederle, o que la vida comenzara a ser la misma que antes de 2012, cuando aún vivían casi escondidos, habitando el mundo fantasmal de los indocumentados. “Pensábamos que no había riesgo, ya que DACA es una protección frente a la deportación, pero hoy cometer cualquier error ya es un riesgo”, asegura.

JL, de 29 años, recuerda el tiempo en que su hermana y él, con ocho y nueve años respectivamente, se lanzaron desde Oaxaca a transitar el peligroso camino hasta la frontera. “Teníamos tanto miedo a perdernos o a morir en el desierto, pero pudimos llegar”. Luego la familia zapoteca se asentó en Homestead, una importante zona agrícola de Miami.

Fue difícil, más para ellos, que no solo no entendían el inglés, sino tampoco el español. “En casa no hablábamos español, sino zapoteco”, cuenta JL. “Eso fue un shock. Ni el sistema escolar ni el gobierno sabían qué hacer con nosotros, no había tantos migrantes como ahora”.

Los padres se dedicaron al trabajo agrícola. Ellos, ya adolescentes, combinaban sus estudios de la escuela secundaria con las labores en el campo. Xóchitl y JL recorrían los surcos de Homestead cosechando frijoles, calabazas, cerezas y quimbombó.

El trabajo con la tierra ha sido un conocimiento que los hermanos guardan hasta hoy. JL sigue ligado a la agricultura, y Xóchitl, desde los 17 años, se involucró en el trabajo con organizaciones de apoyo a migrantes. Fue cuando tenía esa edad, en el año 2012, que el presidente Barack Obama anunció un programa que beneficiaría a unas 700.000 personas en todo el país que llegaron como niños a Estados Unidos y ahora podían vivir bajo una protección que se renueva cada dos años.

Como muchos, los hermanos se mostraron suspicaces ante un programa que les exigía entregar sus datos personales a las autoridades, sin saber qué podían hacer con ellos. “No sabíamos cómo funcionaba, si iba a permanecer por un buen tiempo, porque las administraciones cambian”, dice JL. “Aun así aplicamos, no había mucho qué perder y más que ganar”.

DACA les permitió hacer muchas cosas por primera vez, empezar a habitar una zona de la vida que hasta ahora estaba vedada para ellos. Por ejemplo, tuvieron, por primera vez, una licencia de conducir. También podían, por primera vez, subir a un avión de rutas nacionales, pero también volver de visita a los países de los que se habían ido. Por eso Xóchitl no pensó que tuviera problemas cuando abordó su vuelo hace unas semanas. No obstante, a su hermano le queda claro que hoy no tienen garantías de nada, al menos no hasta que DACA se convierta en un programa que les facilite un estatus migratorio y les dé posibilidad de avanzar a la naturalización.

“Siempre hemos hablado de que no hay una solución permanente para las tantas personas que están en este país en nuestra situación”, sostiene JL. “Entonces siempre existe ese riesgo. Por ahora DACA es una protección a la deportación, pero no te protege de ser detenido, de enfrentar ese proceso largo, costoso e inhumano”.

En declaraciones a la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que la detención de Xóchitl se debe a antecedentes penales que incluían cargos por allanamiento y posesión de parafernalia de drogas. No obstante, su abogada, la letrada Norma Islas, emitió un comunicado que desmiente esta declaración y asegura que dichos “cargos criminales pendientes, no existen”.

Aunque en su primera administración Donald Trump arremetió contra DACA, a finales del pasado año hizo creer que, una vez de vuelta en la Casa Blanca, pretendía que sus beneficiarios permanecieran en el país. Bastaron unos meses para que sobre ellos cayera con fuerza el miedo con el que viven otros migrantes. No solo han dicho que los dreamers no serían elegibles para el mercado federal de seguros médicos, sino que Tricia McLaughlin, subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los invitó a autodeportarse y les dejó saber que “DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país”.

Las declaraciones y las noticias de arrestos de otros beneficiarios del programa han sido un bombazo para una comunidad que se ha construido una vida, hecho familia (250.000 niños ciudadanos tienen padres con DACA) y contribuye cada año con unos 16.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Por eso, Desiree Miller insiste en que cada velada que han hecho a las afueras del centro de detención, cada protesta y cada llamado a la comunidad no es solo por la liberación de Xóchitl, sino “por los millones de personas que están pasando por lo mismo”.