Nuevo ataque contra los ‘dreamers’: la Administración Trump alienta a beneficiarios de DACA a que se “autodeporten”

El día en que Mariana volvió por primera vez a México en 2022 después de 26 años, se sentó con su padre y le explicó por qué le costaba tanto reconocerse en el lugar donde nació, por qué ya no era la misma a la que se llevaron a Estados Unidos con 7 años. “Tuve esa conversación con mi papá y le dije: ‘Ya no creo que lo haría aquí, no siento que mi español sea bueno, que me desenvuelva de la misma manera a como lo hago allá”. Estaba contenta de ver nuevamente su tierra, de llevarle a la familia el hijo que tuvo en todo este tiempo, pero confirmó lo que por ratos le ha quitado el sueño: si un día la despojan de la protección como beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), no sabe qué va a hacer, cómo le diría a su hijo que tienen que partir al lugar de donde ella es, pero él no.

“Sería un cultural shock tener que irme para allá. La vida de mi hijo está aquí, tiene planes de ir a la universidad, sería muy difícil”, dice Mariana, de 36 años, —alternando del inglés al español, y viceversa— y quien pidió cambiar su nombre por el mismo temor que tienen otros: el de la deportación. No es un miedo infundado. La Administración de Donald Trump ha vuelto a recalcar que los más 500.000 beneficiarios de DACA no están exentos de la deportación. Ahora incluso han ido más allá y les han exhortado a que se “autodeporten”.

“DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país”, dijo recientemente a NPR Tricia McLaughlin, subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Luego añadió: “Alentamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a reservarse la oportunidad de regresar a Estados Unidos de forma legal”.

Las declaraciones han sido chocantes para una comunidad que desde 2012 —año en que fue instituido el programa por la Administración de Barack Obama— ha vivido sin una certeza definitiva de su estatus migratorio y de la posibilidad de avanzar a la naturalización. Después de 13 años, la mayoría de los beneficiarios ha llegado a la adultez (32 años como promedio), han creado familias (casi la mitad se ha casado y el 50% tiene al menos un hijo, según la organización FWD.us) y contribuyen cada año con unos 16.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Pero todavía los llamados dreamers tienen que renovar su protección cada dos años y lidiar con la incertidumbre que les traiga el gobierno de turno.

En los últimos meses, en medio de la cruzada migratoria que lleva a cabo la Casa Blanca, algunos beneficiarios de DACA —un programa que hasta ahora los protegía contra las redadas y deportaciones— también han sido arrestados por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Recientemente salió a la luz el caso de Javier Díaz Santana, beneficiario mexicano, de 32 años, detenido mientras trabajaba en un lavadero de autos en Los Ángeles y quien pasó un mes en un centro de detención de Texas.

También se tuvo noticias de Evenezer Cortez Martínez, padre de tres hijos, quien viajó a México para visitar la tumba de su abuelo. A su regreso, las autoridades lo arrestaron en el aeropuerto de Kansas y lo devolvieron al país donde nació, pero del que se había ido cuando tenía 4 años. Después de una lucha, el mexicano pudo reunirse con su familia. Incluso se supo que un beneficiario de DACA que fue detenido tras faltar a una cita judicial por conducir con la licencia suspendida, fue uno de los primeros en ingresar al temido centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida.

“Están habiendo ataques por todos lados”, asegura Deya, quien dirige las campañas en la organización de apoyo a migrantes United We Dream, y quien pidió ser identificada solo con su primer nombre. “La autodeportación no es una opción para ellos. ¿Cómo dejas todo lo que has creado? Gran parte de las personas con DACA, como promedio, llegaron aquí antes de los 6 años y han creado sus vidas. Aunque la Administración (de Trump) haya dicho eso, sabemos que la autodeportación no es viable. Sabemos que 250.000 niños ciudadanos tienen padres con DACA. Eso destruye familias y por eso DACA es algo que nos preocupa a todos. Son nuestros seres queridos, nuestra comunidad”.

“Tuvimos que pelear intensamente para mantener DACA”

Cuando en 2012 el entonces presidente Barack Obama se refirió en un discurso al programa DACA, dijo ante la nación: “Pónganse en su lugar. Imaginen que han hecho todo bien toda su vida: han estudiado mucho, trabajado mucho, tal vez incluso se han graduado con las mejores calificaciones de su clase, solo para enfrentarse de repente a la amenaza de ser deportados a un país del que no saben nada, con un idioma que quizá ni siquiera hablen”. Anunciaba así una política que en ese momento protegió a 700.000 personas en todo el país.

En ese entonces, Mariana, que tenía 24 años, no aplicó al programa. Temía lo que luego pudiera hacer el gobierno con la información que estaba facilitando. “No estaba segura, era la primera vez que me iba a exponer así”, dice.

No obstante, sus dos hermanos, quienes también habían llegado de niños a Estados Unidos a través de la frontera de México para luego establecerse en Texas, sí se lanzaron a obtener los beneficios de DACA. Mariana se decidió y aplicó en el 2015, con 26 años. Muchas cosas cambiaron entonces: con un permiso de trabajo, pudo ejercer su profesión como Licenciada en Ciencias, también pudo tener una licencia de conducción, viajar dentro de Estados Unidos y agarrar un avión por primera vez para visitar México y reencontrarse con su familia.

La protección que ahora tenía diluyó en ella el miedo a que las autoridades de migración se la llevaran cuando, según recuerda, por el año 2012 también había muchas deportaciones. “En esos tiempos mi mamá me dio un librito con los números de teléfono de mis tíos, diciendo que si un día ella no llegaba, le podía hablar a esas personas para que nos ayudaran”.

Fue un tiempo duro para la familia. La Administración del demócrata Obama, que deportó más de tres millones de personas en sus dos mandatos, más que ningún otro mandatario en la historia del país, también expulsó al papá de Mariana a México. El mismo presidente que envió a su padre de regreso, facilitó el camino para que ella pudiera tener una protección temporal en Estados Unidos.

Luego llegó Donald Trump en 2017 y, con el republicano, una lucha para revertir DACA. El entonces fiscal general, Jeff Sessions, aseguró en ese momento que el programa era “un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del poder ejecutivo”. A pesar de las propuestas para abolir estos beneficios, la Corte Suprema bloqueó los intentos de desactivarlo.

Mariana recuerda la gran marcha en la que participó en 2019, que partió desde Nueva York en un recorrido hasta Washington, un mar de dreamers reclamando sus derechos a permanecer en el país. “Tuvimos que pelear intensamente para mantener DACA”, recuerda.

Las amenazas de Trump

Aunque a finales del pasado año, antes de volver a la Casa Blanca, Trump declaró que pretendía que los beneficiarios de DACA pudieran “quedarse en el país”, lo cierto es que su Administración ha comenzado a dar pasos para debilitar un programa que hasta hoy exige regularizar a sus beneficiarios.

Este mes, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación abrió una investigación “por discriminación por origen nacional” en cinco universidades del país que otorgan becas a beneficiarios de DACA. En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que los dreamers no serían elegibles para el mercado federal de seguros médicos. También la comunidad está esperando una respuesta de parte del Quinto Circuito de Apelaciones en Texas, donde el programa fue declarado ilegal o inconstitucional, una decisión que podría afectar al 17% de los beneficiarios, que viven allí, el segundo lugar con más participantes de DACA después de California (28%).

“No solamente se trata de las detenciones de migrantes, también de la educación, la salud médica, los permisos de trabajo”, asegura Deya, de United We Dream. De acuerdo con las cifras del Gobierno, el 99% de los beneficiarios de DACA —provenientes de 150 países de todo el mundo, mayormente de México, El Salvador y Guatemala— se han graduado de la escuela secundaria, y aproximadamente el 49% ha completado al menos algún programa universitario. “Sabemos que esto va a destruir familias, la comunidad y la economía. Estas son personas que son maestros, enfermeras, papás, mamás, que cuidan a sus familias... Por todos lados hay personas con DACA que aportan a este país”.

Como en casi toda familia con beneficiarios de DACA, en la de Mariana hay personas ciudadanas, como su hijo, pero también indocumentadas, como su mamá. Ahora que han comenzado otra vez a sentir miedo, los hermanos se llaman por teléfono a cada rato para avisarse de alguna redada en el vecindario, para cuidarse entre ellos. “Esto es una persecución y tenemos que estar más unidos”, dice Mariana.

Aun así, Mariana, quien en todos estos años ha ayudado a muchos a inscribirse al programa, no deja de creer en que DACA va a resistir, como lo ha hecho siempre. DACA es un sobreviviente de la política. “Nosotros desde el principio fuimos los que ganamos DACA, pusimos presión al presidente en ese tiempo”, dice. “Siento coraje porque nos expusimos a que el gobierno tuviera nuestra información y ahora nos sentimos vulnerables de saber que ellos conocen dónde vivimos, incluso nuestros familiares. Eso te llena de frustración, pero sabemos que tenemos que seguir luchando. Yo sé que la fuerza está en la comunidad”.