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Comunidad LGTBIQ+
Tribuna
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Migrar por amar

Es necesario reivindicar los derechos de las personas LGTBI+ migrantes y refugiadas ante un sistema que las criminaliza.

Protestas Irán

El Orgullo es un tiempo de celebración de la diversidad, también de memoria y reivindicación. Es un recordatorio de que la igualdad no está garantizada, y de que ninguna estrategia para erradicar la desigualdad a nivel mundial será eficaz si ignora a quienes han sufrido históricamente discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género. La reivindicación de los derechos de las personas LGTBI+ migrantes y refugiadas es una cuestión de supervivencia y resistencia ante un sistema que aún las criminaliza.

Esta realidad se hace muy evidente en lugares como México, un país clave como lugar de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes y refugiadas. En sus calles conviven personas desplazadas internas, migrantes de Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre muchas otras nacionalidades, y deportadas de EE UU.

Muchas de ellas han cruzado fronteras huyendo de amenazas directamente ligadas con su identidad: la persecución por orientación sexual o identidad de género, la violencia por prejuicio o la exclusión institucional. Al llegar al país norteamericano, enfrentan nuevos muros: discriminación en centros de atención y acogida, exclusión laboral, trabas para acceder a salud o regularizar su situación migratoria.

El reciente estudio Inmovilidad en contextos frágiles: entre la dignidad, el arraigo y la migración —impulsado por Ayuda en Acción y realizado en cinco países, entre ellos México— muestra las dificultades que tienen millones de personas para residir en el lugar en el que han nacido. Todas las personas migrantes enfrentan desafíos, aunque pocas lo hacen desde una invisibilidad tan profunda como el colectivo LGTBI+.

Muchas personas LGTBI+ son rechazadas o revictimizadas en los espacios de acogida. Hay discriminación en el acceso a salud, trabajo, vivienda y documentación. La falta de mecanismos claros para la regularización —como la suspensión de las tarjetas de visitante por razones humanitarias, un documento migratorio para el reconocimiento de derechos de las personas migrantes—, deja a muchas personas en un limbo legal y con pocas oportunidades de integrarse dignamente en la sociedad.

Frente a esta exclusión estructural, la cooperación internacional tiene un papel clave, consciente de que la desigualdad no solo es económica, sino también social, cultural e institucional. Estas formas de exclusión se entrelazan y se agravan, afectando al acceso a una vida digna, a la educación, al trabajo y a la protección.

Por eso es imprescindible reactivar mecanismos de regularización, garantizar el acceso a servicios básicos, reconocer el derecho a quedarse o migrar con dignidad, y visibilizar las historias de resiliencia de quienes no pueden —o no quieren— seguir huyendo. Generar contextos donde las personas puedan ser quienes quieran ser y amar en total libertad.

No habrá justicia global si no defendemos los derechos de todas las personas; la lucha contra la pobreza y la desigualdad será incompleta si excluye a quienes históricamente han sido silenciados.

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