La tragedia de la población ‘queer’ en Uganda: atrapados entre la ley homófoba y los recortes sanitarios

Gloria recuerda que llevaba apenas dos meses en su nueva casa, tras haber sido expulsada de su anterior apartamento por un casero que la acusó de realizar “actividades demoníacas”, cuando oyó en la radio que Estados Unidos iba a recortar los fondos de los programas de salud de USAID, su agencia de cooperación. Tres semanas más tarde, esta mujer bisexual que ejerce la prostitución acudió a una clínica de su barrio, a las afueras de la ciudad de Gulu, en el norte de Uganda, donde se atiende sin cita, con la intención de reponer preservativos, tiras reactivas para la prueba de VIH y pastillas de PrEP (profilaxis preexposición). Pero se encontró con la sorpresa de que una de las trabajadoras le dijo que el centro iba a cerrar pronto. “Me quedé preocupada. Necesito los fármacos contra el VIH para protegerme cada vez que tengo relaciones sexuales con mis clientes”, recuerda esta mujer de 32 años, que prefiere no dar su nombre completo.

La orientadora intentó, en vano, tranquilizarla diciéndole que había que esperar a que interviniera el Gobierno, pero Gloria tenía razones para estar nerviosa. En 2023, Uganda promulgó una severa ley contra la homosexualidad y, desde entonces, se desató un clima de hostilidad contra las personas LGTBIQ entre las comunidades conservadoras. Esta mujer no solo ha sufrido discriminación a la hora de alquilar un piso, sino también cuando necesita acceder a atención sanitaria. Por eso, Gloria asiste a clínicas sin cita previa que, en Uganda, funcionan como “espacios seguros” para minorías sexuales, trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas o expuestas a contraer VIH, como camioneros, pescadores o trabajadores del carbón. Allí, se prestan servicios de salud sexual y reproductiva, como pruebas de VIH, asesoramiento, anticonceptivos y otros medicamentos.

Pero, tras la orden del presidente Donald Trump de desmantelar USAID, el Ministerio de Sanidad de Uganda anunció el cierre de este tipo de clínicas por falta de recursos y previó integrar sus servicios en los hospitales públicos de todo el país. Esto obliga a las personas LGTBIQ que quieran tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a mezclarse con la población general. Y por ello, algunas dejaron de acudir por miedo a verse estigmatizadas o acosadas por los sectores más conservadores.

Para Gloria, esta perspectiva era aterradora. “Ya he sido suficientemente estigmatizada y no puedo poner en peligro mi vida por ir a un hospital público siendo bisexual”, explica. Por eso, contactó a Brenda Lamwaka, que la había ayudado a obtener una compensación cuando su casero la expulsó ilegalmente. “Le pregunté si podía ir a buscar los medicamentos preventivos contra el VIH en mi nombre” y Lamwaka aceptó, cuenta.

Lamwaka es una persona transgénero que por razones personales y por su propia seguridad conserva hasta el momento su nombre de mujer. En este reportaje prefiere que se use el pronombre masculino, su verdadera identidad, para referirse a él. Lamwaka sabe lo que significa ser marginado por su identidad de género. Además de ofrecer servicios jurídicos gratuitos desde 2018, la oficina que tiene alquilada “es casi un centro de servicios a la comunidad”, asegura. Por ejemplo, si las personas LGTBIQ son detenidas por la policía, él les ayuda a conseguir una fianza, las pone en contacto con abogados para que reciban asistencia jurídica o las orienta para rellenar documentos legales.

Ya he sido suficientemente estigmatizada y no puedo poner en peligro mi vida por ir a un hospital público siendo bisexual

Gloria, trabajadora sexual ugandesa

Aumento de las infecciones por VIH

La pasión de Lamwaka por ayudar a otras personas queer nació en la adolescencia. A los 16 años, huyó de casa después de que su madre lo obligara a casarse. “Me violó un hombre que se suponía que era mi marido. Además, me estigmatizaron, la gente me insultaba por ser quien soy: un hombre transgénero. Estuve a punto de suicidarme”, recuerda.

Después de aquel calvario, se enteró de que una ONG local formaba a quienes quisieran hacer trabajo voluntario como consejeros y orientadores y se animó. “Yo ya ofrecía servicios de asesoramiento. A veces, algunas personas queer venían a mi casa a recoger las pastillas para prevenir el VIH. Se sentían a salvo conmigo”, añade Lamwaka.

El VIH y las enfermedades de transmisión sexual son la segunda causa de muerte en Uganda y la primera en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la tasa de nuevas infecciones de VIH se ha reducido en el país en los últimos 30 años ―actualmente es de 0,9 casos por cada 1.000 habitantes― aún es superior a la tasa del continente africano (0,6) y a la del mundo (0,2).

El problema, no obstante, es que con la suspensión de USAID y otros recortes a la ayuda internacional, se corre el riesgo de retroceder en la lucha contra el VIH. USAID, según una investigación de ISGlobal, había conseguido reducir en un 74% el número de muertes por VIH en los últimos 20 años. Otra investigación, publicada en The Lancet, calculaba que, de seguir con los recortes, el mundo registraría entre 770.000 y 2,9 millones de muertes relacionadas con el VIH y hasta 10,8 millones de nuevas infecciones en los próximos cinco años, sobre todo en África subsahariana.

Por ejemplo, en la ciudad de Gulu, donde vive Gloria, la interrupción de los fondos de USAID ha obligado a uno de los principales hospitales públicos a despedir a 20 orientadores que se encargaban de organizar actividades de educación para la salud, suministrar pruebas del VIH y ofrecer asesoramiento a grupos de riesgo.

Uno de los trabajadores sanitarios, que ha estado atendiendo a la comunidad queer en un centro público, pero que prefiere no dar su nombre, ha revelado que “las infecciones por VIH han aumentado considerablemente” en la ciudad de Gulu desde que se suspendieron los programas de USAID.

Miedo al estigma

Recientemente, Lamwaka acudió a un hospital público de la ciudad de Gulu porque se le habían acabado las existencias de medicamentos. “Mis clientes se sienten seguros cuando voy a buscar los productos sanitarios en su lugar y no tienen que ir a los hospitales públicos”, explica.

Allí se encontró con las profesionales sanitarias que prestan servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva a personas LGTBIQ. La trabajadora sanitaria dijo a Lamwaka que muchas personas queer se resisten todavía a acudir al hospital por miedo al estigma. “Muchas personas queer se estigmatizan a sí mismas”, consideró aquella trabajadora.

El contexto no es fácil, pero Lamwaka sigue teniendo esperanzas. Por ahora, tiene que esforzarse mucho para “garantizar que se ofrezcan a la gente todos los servicios necesarios”. “Lo más doloroso del estigma es que, una vez que lo sufres, te va consumiendo día tras día. Pero estoy aquí para ayudar a mi gente a sentirse a salvo cuando viene a recoger los productos a mi oficina”, afirma.

Para Gloria, es imprescindible conseguir que haya un entorno seguro en el que todos los ugandeses LGTBIQ tengan el mismo acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que antes de que se interrumpieran los fondos de USAID. “Es difícil ser queer en Uganda, pero Lamwaka siempre nos ha apoyado en las duras y en las maduras”, subraya. “Rezamos para que a las personas queer de nuestro país se las trate como seres humanos y no con repugnancia”, confía.

El camino de dificultades que describen las minorías ugandesas contraste con el optimismo de las autoridades de Uganda. “El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, ha asegurado al país que el suministro de medicamentos contra el VIH no se ha visto afectado por el recorte de los fondos de USAID”, afirma Sheila Nduhukire, portavoz de la Reserva Médica Nacional de Uganda.

Según esta responsable, el país ha sufrido previos recortes, como cuando el Banco Mundial dejó de financiar proyectos debido a la ley homófoba. “Pensaron que no sobreviviríamos, pero no fue el caso. Hemos permanecido a flote durante dos ejercicios fiscales”, se felicitó.