Sevilla da una patada para adelante con el problema de la deuda en los países del Sur Global

El Compromiso de Sevilla, el documento final de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebra estos días, fue acordado por 192 países, y supone un avance alentador frente a las actuales amenazas al multilateralismo y la búsqueda de soluciones coordinadas a problemas globales. Pero también es un acuerdo poco ambicioso, que pone un listón muy bajo y que queda lejos de la urgente necesidad que tienen los países del Sur Global por aumentar su espacio fiscal. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de ambición lo encontramos en lo acordado sobre la reforma de la arquitectura de deuda. Los países ricos, incluida la UE como bloque, continúan aferrados a sus privilegios y defendiendo los intereses de acreedores privados para impedir que los mecanismos y espacios de concertación para resolver los problemas de sobreendeudamiento se trasladen de los foros informales dominados por los propios acreedores a las Naciones Unidas.

En 1996, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores bilaterales y multilaterales impulsaron la puesta en marcha de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Mediante restructuraciones, cancelaciones y canjes, y siempre de acuerdo con estrictos criterios, esta iniciativa permitió aligerar la pesada losa que suponía la deuda para los países en desarrollo. Así, por ejemplo, 36 países vieron como el servicio de la deuda que pagaban disminuía aproximadamente 1,5 puntos porcentuales del PIB entre 2001 y 2015, año en que se celebró la anterior conferencia sobre financiación en Adís Abeba. Aunque bienvenida y necesaria, esta iniciativa supuso un parche, no una solución sistémica.

Desde entonces, y especialmente tras la covid-19 y la fuerte subida de precios, la deuda pública de los países en desarrollo no ha parado de crecer. En esta última década, el peso de la deuda pública sobre el PIB en las economías emergentes y en desarrollo ha crecido más de 31 puntos porcentuales, hasta alcanzar prácticamente el 70%. De hecho, la deuda pública de este grupo de países ha crecido el doble de lo que lo ha hecho en los países más avanzados, hasta alcanzar los 32 billones de dólares.

3.400 millones de personas en todo el mundo viven en países que destinan más partida de sus presupuestos a intereses que a educación o atención médica

Más allá de este aumento, otro elemento destacable es que el perfil de los acreedores se ha transformado, y mucho, en los últimos años. Cada vez son más importantes las deudas contraídas con acreedores privados (bancos y fondos de inversión, incluidos los conocidos como “fondos buitre”), frente a países y a instituciones financieras internacionales tradicionales. Los últimos datos disponibles publicados por el Banco Mundial reflejan que los acreedores privados se habrían convertido en los principales financiadores de la deuda pública externa de los países en vías de desarrollo, especialmente durante los años anteriores a la covid-19. Los bajos tipos de interés y las políticas de estímulo llevadas a cabo por los bancos centrales en los países ricos para salir de la gran crisis financiera de 2008, incentivaron a los acreedores privados internacionales a buscar mayores rentabilidades y a aumentar su exposición al endeudamiento con los países en desarrollo. Las condiciones de estas deudas cuando los acreedores son privados son menos ventajosas y los tiempos de devolución más cortos.

Pero además de entidades financieras privadas de todo tipo, otros países prestamistas no tradicionales como, por ejemplo, China, India y otros países productores de petróleo, llevan años prestando fuertes cantidades de dinero. De hecho, entre 2009 y 2019, los países del G-7 recibieron más dinero de los países en desarrollo, en forma de retorno de la deuda, del que les prestaron. Al mismo tiempo, y año tras año, China, por ejemplo, prestó más dinero del que recibió de sus deudores.

Aunque la falta de transparencia dificulta tener una imagen clara de quién debe a quién y, sobre todo, cuánto y en qué condiciones, lo que está claro es que nuevas potencias emergentes y actores privados son ahora grandes tenedores de la deuda pública de los países en desarrollo. Esta nueva realidad choca con los (imperfectos) mecanismos y espacios de concertación global establecidos por las viejas potencias tradicionales para resolver los problemas que puedan surgir sobre este tema.

Sin embargo, al margen de estos importantes cambios en los acreedores, la señal de alarma lo constituye el alto y creciente aumento de los costes de financiación de esta deuda: la famosa prima de riesgo. Desde 2020, el tipo de interés al que se endeudan los países en desarrollo es entre dos y cuatro veces más alto que el de EE UU, un país con un nivel estratosférico de endeudamiento público. En 2023, el servicio de la deuda para este grupo de países alcanzó los 487.000 millones de dólares. Y claro, a algo hay que renunciar: los países en desarrollo pagan a sus acreedores en vez de invertir en su propio bienestar o en la adaptación y lucha contra el cambio climático. 3.400 millones de personas en todo el mundo viven en países que destinan más partida de sus presupuestos a intereses que a educación o atención médica. El 60 % de los países de renta baja se encuentran en una situación de estrés de deuda alto, es decir, ya están experimentando dificultades o van a experimentarlas a muy corto plazo.

Nos podríamos encontrar ante el inicio de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, o podría acabar siendo otro foro de debate

A iniciativa del Banco Mundial y del FMI, los países del G-20 acordaron en mayo de 2020 (apenas dos meses después de la declaración de pandemia global) poner en marcha la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda permitiendo aplazar (que no cancelar) hasta finales de 2021, el pago de la deuda contraída con otros gobiernos (5.300 millones de dólares, apenas un 4,1% de lo que tenían pendiente de pago a sus acreedores internacionales). Antes de finalizar 2021, en noviembre de 2020, el G-20 volvió a la carga, y junto a los demás países integrantes del Club de París y el FMI, puso sobre la mesa una nueva iniciativa conocida como el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda. Esta propuesta iba más allá de los acreedores tradicionales e incluía a países como China (y también India, Turquía y Arabia Saudí), hasta ahora ajenos a cualquier proceso concertado de renegociación de la deuda soberana, pero que tienen en sus manos cada vez más deuda de estos países. Sin embargo, de nuevo, esta propuesta resulta insuficiente: por su alto coste reputacional, por dejar fuera a muchos países que, aunque no son de renta baja necesitan de manera urgente una salida al pago de sus préstamos, pero sobre todo, porque los acreedores privados no están incluidos. De hecho, deben ser los propios países deudores quienes consigan sentar a la mesa a sus acreedores privados.

Con todo, el acuerdo suscrito en Sevilla conserva el que probablemente haya sido el párrafo más contencioso, sobre la creación de un proceso en la ONU para la resolución de disputas sobre deuda soberana (párrafo 50f), pero a costa de rebajar ambición y con un lenguaje ambiguo. Propone un proceso intergubernamental en el seno de Naciones Unidas, pero no parece haber acuerdo sobre la agenda de dicho proceso. Nos podríamos encontrar ante el inicio de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, o podría acabar siendo otro foro de debate para comentar las iniciativas existentes relacionadas con la deuda que se llevan a cabo fuera del sistema de Naciones Unidas.

No es el único asunto relativo a la deuda que se incluye en este acuerdo o en algunas de las Plataformas de Acción de Sevilla impulsadas por países. Se habla también de canjes de deuda, de cláusulas de suspensión o incluso de establecer nuevas líneas de liquidez para hacer frente a los pagos. Pero de nuevo, son parches sobre los que los países acreedores tienden a exagerar sus beneficios, y que acostumbran a quitarle impulso a reformas más ambiciosas. De nuevo, una patada para adelante. Una tirita para tapar una hemorragia.