De Adís Abeba a Sevilla: una década de cambios en la financiación internacional del desarrollo sostenible

La próxima semana se celebrará en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, donde se espera que se definan el marco de gobernanza y las estrategias de financiación del desarrollo sostenible internacional para los próximos años. Los borradores de los compromisos finales ya están disponibles y apuntan a una estructura de acuerdos similar a la definida en Adís Abeba hace una década.

En aquella cumbre de 2015, pensada como complemento a la aprobación de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París en materia climática (COP25), se pusieron los cimientos del actual sistema de financiación internacional del desarrollo. La cumbre planteó una idea revolucionaria: que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ya no era suficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global, y que era necesario diversificar las fuentes de financiación para alcanzar los famosos “trillions”. El lema de la Cumbre fue: “from billions to trillions”: de los billones a los trillones, en términos norteamericanos; aunque, en la traducción estricta al castellano, el lema de la cumbre se refería a pasar de los miles de millones a los billones.

10 años después de los Acuerdos de Addis Abeba el sistema de financiación muestra escasos avances y los que muestra no son particularmente alentadores

Los cálculos que hacían en aquel entonces los principales organismos internacionales estimaban que se necesitaban entre uno y dos billones de dólares para alcanzar los ODS. Las estimaciones actuales hablan ya de unos cuatro billones para cerrar el gap financiero. En cualquier caso, dado que la AOD no podía alcanzar a cubrir estas exigencias financieras, ya que se movía entre los 150.000 y 200.000 millones de dólares netos anuales, resultaba inevitable buscar nuevas fuentes de financiación complementarias.

Es aquí donde surge la propuesta de ampliar el alcance financiero sumando al capital privado, potenciando la generación de recursos fiscales domésticos y reforzando la cooperación fiscal internacional. Además, también se planteaban otras vías estructurales para aumentar la financiación mediante diversas reformas en los ámbitos de la cooperación internacional para el desarrollo, las reglas del comercio internacional, los mecanismos para la reducción de deuda, la arquitectura financiera internacional y la transferencia de ciencia y tecnológica. En definitiva, una aproximación más integral, que fuese más allá de la tradicional AOD.

Sin embargo, 10 años después de los Acuerdos de Adís Abeba, el sistema de financiación muestra escasos avances que no son particularmente alentadores. Esto se explica por la progresiva degradación de la gobernanza global definida tras la posguerra fría y la emergencia de dinámicas internacionales desestabilizadoras y cargadas de incertidumbres. En el plano económico, comercial y tecnológico asistimos a una creciente competición por liderar los sectores estratégicos de la Cuarta Revolución Industrial entre las grandes potencias internacionales. Esto ha derivado en crecientes conflictos comerciales y la puesta en marcha de barreras proteccionistas y políticas industriales a nivel global. El impacto ha sido negativo en algunos de los vectores estructurales que Adís Abeba definía claves para la financiación del desarrollo, como el comercio internacional y la transferencia tecnológica, entre otros.

En cuanto a las fuentes de financiación de carácter más directo, hay que señalar que la financiación privada ha aumentado, pero no en la cuantía esperada. Por otra parte, la financiación concesional de los organismos internacionales se ha reconfigurado masivamente para reducir los riesgos a las inversiones del capital privado en los países en desarrollo (blending-derisking). Además, estas dinámicas han venido acompañadas de un abultado trasvase de la financiación para el desarrollo de los objetivos económicos, institucionales y sociales de los países del Sur Global a los objetivos verdes de los Estados, bancos y multinacionales del Norte Global.

De materializarse estas propuestas sentarían los pilares de un sistema fiscal global, que contribuiría de forma destacada a un sistema de financiación internacional más nutrido

El ejemplo más paradigmático de este último proceso lo encontramos en la ayuda financiera de las grandes potencias, particularmente de China, el principal financiador bilateral del Sur Global. La ayuda china se ha caracterizado por orientarse hacia aquellos países con recursos minerales críticos para su transición energética-industrial. Esta financiación en muchos casos se condiciona al acceso preferencial a los minerales críticos, así como a la contratación de empresas multinacionales chinas. En una línea similar, aunque con algunos matices, se ha posicionado la Unión Europea con su estrategia de Global Gateway. Mención aparte merece la nueva administración estadounidense cuya ayuda financiera y protección militar se condicionan de forma explícita al acceso a los minerales críticos locales.

En este marco, parece necesaria una reflexión profunda, que vaya más allá de las grandes cifras, y retome las discusiones sobre la eficacia de la ayuda y sobre la economía política detrás de estos flujos financieros.

En cualquier caso, los avances más promisorios en materia de financiación del desarrollo los encontramos en el ámbito de la cooperación fiscal internacional. El más destacado es el Acuerdo de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), que fue alcanzado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que busca asegurar unos mínimos impositivos globales a las grandes multinacionales y, particularmente, a las grandes tecnológicas, que permitiría recaudar más de 300.000 millones anualmente. De forma complementaria, está la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional liderada por el grupo africano, que trata de promover un BEPS más inclusivo, institucionalizado y aterrizado a las necesidades de los países en desarrollo. Otros ejemplos son las propuestas de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional y las del economista francés, Gabriel Zucman, en el marco de la presidencia brasileña del G-20, para la creación de un impuesto global a la riqueza (un IRPF global solo para los superricos), que se estima podría recaudar unos 250.000 millones de dólares adicionales anualmente.

De materializarse estas propuestas sentarían las bases de un sistema fiscal global que contribuiría de forma destacada a un sistema de financiación internacional más nutrido, corrector de desigualdades y atenuador de las dependencias del capital y la ayuda internacional, tan tendientes en estos tiempos a la instrumentalización y las tentaciones neocoloniales. En definitiva, la construcción de una fiscalidad global permitiría superar el paradigma asistencialista de la financiación tradicional por un nuevo contrato social global, con reconocimiento de derechos ciudadanos globales y la construcción de un verdadero multilateralismo solidario. Este es el camino verdaderamente progresista para la financiación del desarrollo sostenible global.