Reparación debida y tardía

La Iglesia católica y el Gobierno de España firmaron ayer un acuerdo para el reconocimiento y la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución eclesiástica. El pacto supone la asunción de la responsabilidad por parte de la Iglesia sobre los miles de casos de pederastia que durante décadas fueron minimizados y silenciados, cuando no directamente negados por sus jerarquías, y permitirá así que obtengan reparaciones un número indeterminado de casos que no pueden ser juzgados por vía penal porque los delitos han prescrito o porque el agresor ya ha fallecido.

Aunque hayan hecho falta años de presión, activismo y valientes denuncias públicas de hechos muy dolorosos, hay que celebrar la rectificación de la Iglesia católica española ante el reproche social que producía su poca implicación hasta ahora en el reconocimiento y reparación de esta realidad. Durante años, la jerarquía eclesiástica española se ha resistido a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de un sistema que veía a los agresores como víctimas y se enfocaba en trasladarlos de sitio para evitar la tentación, lo que ha dejado a las verdaderas víctimas en el desamparo. Esta actitud ha tenido un altísimo coste reputacional para una institución cuyo patrimonio social reside precisamente en su autoridad moral, pero que además ha sido y sigue siendo depositaria de la educación de muchos niños y jóvenes.

El establecimiento de un sistema de reparación para las víctimas de pederastia fue propuesto por el Defensor del Pueblo en el informe presentado a las Cámaras en octubre de 2023 sobre este asunto. El informe llegó cinco años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación que permitió revelar una cascada de casos de abusos y que provocó la reacción de las instituciones. Este periódico ha contabilizado más de 1.500 acusados y casi 3.000 víctimas. El Defensor del Pueblo calcula que hay más de 400.000 en España.

Hasta ahora, las víctimas tenían que acudir a un equipo de la Iglesia católica que gestionaba los casos y estudiaba la reparación. La Iglesia rechazaba la colaboración con los poderes públicos para que las reparaciones quedaran bajo su control, dependiente de sus propios informes, que rechazan numerosos casos como legítimos. El sistema organizado por la iglesia siempre ha sido considerado insuficiente por las víctimas. A partir de este acuerdo con el Gobierno, podrán acudir a un órgano independiente que evaluará cada caso y lo remitirá al Defensor del Pueblo, que propondrá la cuantía de la reparación después de cotejar sus conclusiones con la Iglesia. Si no hubiera acuerdo, prevalece el criterio del Defensor del Pueblo, que la Iglesia tendrá que acatar. El documento firmado ayer prevé no solo reparación económica, sino psiquiátrica o moral. La institución eclesiástica en la que trabajaba el agresor será la responsable de la reparación de sus víctimas. Un aspecto delicado es que todavía no se han fijado los baremos para las indemnizaciones. Los precedentes internacionales van desde los 6.000 euros de media en Bélgica hasta un máximo de 300.000 en Irlanda, por lo que es importante concretar este aspecto cuanto antes.

Este acuerdo llega tarde y no es el final del camino. Según lo firmado, en un mes se empezarán a tramitar las peticiones en el nuevo órgano independiente. Será ahí cuando las víctimas puedan valorar si por fin se ha cumplido la exigencia moral, democrática y de justicia que ninguna institución podía eludir un día más, y menos la Iglesia.