Matar ciudadanos en nombre del racismo

Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada a tiros el miércoles por un agente de la policía federal de inmigración (ICE) en Minneapolis durante una redada. En un país donde las muertes por disparos de la policía son una macabra cotidianeidad, esta no es una tragedia más: es el síntoma más dramático de cómo la política migratoria de Estados Unidos ha degenerado bajo Donald Trump en un instrumento de represión que normaliza la violencia estatal. Según el relato oficial, un agente disparó a Good dentro de su coche porque intentó atropellar a los agentes. Vídeos, ampliamente compartidos online, muestran como en realidad la mujer trata de maniobrar su vehículo para evitar a los agentes. La reacción a tiros habría sido desproporcionada e injustificada en cualquier caso.

La tragedia ocurre en el marco de una ofensiva antiinmigrantes con miles de agentes desplegados en áreas urbanas para dar satisfacción a una Casa Blanca que ha prometido presentar cifras récord de deportaciones. El despliegue ha ido derivando en un intento de militarización de las calles, en las que los agentes de ICE aterrorizan barrios enteros impunemente con tácticas de guerra y dan el alto a ciudadanos solo por el color de su piel. Minneapolis se une a la creciente lista de ciudades donde grupos de manifestantes exigen en las calles que se vayan los agentes de ICE.

Detrás de esta represión está Stephen Miller, un fanático racista convertido en el director político de la Casa Blanca. Miller lidera una cultura institucional donde la migración se percibe como una amenaza existencial y se combate igual que a un enemigo en tiempos de guerra. Bajo su liderazgo ideológico, ICE ha dejado de ser una agencia de aplicación de leyes civiles para convertirse en una fuerza paramilitar que opera a sus órdenes con impunidad y con escasa supervisión judicial o legislativa. Esa metamorfosis no es accidental, sino política: responde a una estrategia de deshumanización para impedir a los inmigrantes, particularmente a los latinos, vivir sin miedo en Estados Unidos.

La consecuencia es el terror vecinal ante las redadas masivas, las detenciones arbitrarias y, ahora, una mujer muerta a tiros a manos de agentes federales. Pero el daño va más allá: erosiona la confianza en las instituciones, deslegitima el Estado de derecho y abre la puerta a una normalización del uso de fuerza letal contra civiles. Todo ello bajo el paraguas de una retórica que justifica falazmente estas acciones como defensa de la seguridad nacional.

La violencia institucional contra los inmigrantes no solo quebranta sus propios principios democráticos, sino que implica que el Estado puede tratar con dureza brutal a quienes considera “otros”. La muerte de Renee Good es una advertencia y una llamada urgente a que el Congreso, los Estados y las ciudades hagan todo lo que esté en su mano para frenar esta dinámica: si la ley se aplica de manera desigual y violenta, deja de ser ley.