El Gobierno quiere obligar a las grandes marcas de moda a cambiar el diseño para que menos ropa acabe en la basura

El proyecto de real decreto para regular los residuos textiles y de calzado en España que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha experimentado múltiples cambios tras la revisión posterior al periodo de información pública, en el que se presentaron más de 2.100 alegaciones. Según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, una de las principales novedades es la obligación para las marcas de textil y calzado que superen una cuota anual del 2,5% del mercado de adoptar programas empresariales de prevención para reducir la generación de residuos. Igual que ocurre con otros ámbitos, como los envases y los neumáticos, se busca que en el propio diseño de la ropa se introduzcan pautas que alarguen su vida útil o faciliten su reutilización o reciclaje.

El mundo de la ropa y el calzado, así como todo lo relacionado con textiles (sábanas, toallas, cortinas...), supone un grave problema en la generación de residuos. Primero, porque la moda rápida o ultrarrápida acorta cada vez más el tiempo entre la tienda y el contenedor de basura. Y, segundo, porque ahora mismo cerca del 90% de la ropa usada termina en el vertedero, y la mayoría de las veces su reciclaje es inviable por la mezcla de materiales. Según datos del sector, en España apenas se recoge un 10% de estos desechos, que se envían a tiendas de segunda mano o a terceros países, donde en muchos casos acaban en montañas de ropa contaminantes.

El nuevo texto del proyecto de real decreto, que todavía no es definitivo, pues le queda pasar por los diferentes ministerios, trata de adecuar el marco jurídico relativo a la gestión de estos derechos a la legislación europea. Entre los cambios introducidos, ahora especifica que esta nueva regulación no afecta a ropa de uso profesional (como militares o sanitarios) que puede presentar riesgos para la seguridad o la salud. Sin embargo, sí que incluye a cualquier prenda vendida por marcas extranjeras a través del comercio online, siendo esta una de las principales vías de entrada hoy en día de la moda ultrarrápida.

En lo que respecta a los objetivos de recogida de este tipo de residuos por separado, la versión anterior del real decreto fijaba como meta recuperar el 50% de los desechos generados en 2030 y el 70% en 2035. Pero esto ha cambiado al 30% en 2030, el 50% en 2035 y el 70% en 2040.

Desde el punto de vista de la gestión de los residuos, la mejor opción para una prenda usada, antes de intentar reciclarla, eliminarla o que acabe en un vertedero, es reutilizarla. A este respecto, la primera versión del real decreto establecía como objetivos reutilizar al menos un 20% de estas prendas (en peso) para 2030 y un 35% en 2035. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora las nuevas metas son alcanzar un 30% en 2030 y un 35% en 2040. Asimismo, en la nueva redacción desaparece la obligación de que los comercios de más de 400 metros cuadrados dispongan de espacio de venta de ropa de segunda mano, lo que había generado muchas críticas.

Hay otros dos cambios relevantes en lo que se refiere a los objetivos. Por primera vez, se incluye una meta de reciclaje: el 25% de los residuos recogidos por separado en 2030, el 30% en 2035 y el 35% en 2040. Igualmente, se introduce un objetivo mínimo para recuperar en 2032 al menos el 5% del textil y el calzado que acaba en la basura mezclada (la llamada fracción resto) y el 10% en 2035, un propósito realmente complicado.

El texto considera que “aquellos artículos clasificados como no aptos para la reutilización o preparación para la reutilización serán destinados a ser remanufacturados o reciclados y, cuando la tecnología lo permita, reciclados fibra a fibra, priorizándose la remanufactura sobre el reciclado”.

Por otro lado, la nueva redacción establece que, pasados cinco años de la entrada en vigor de la nueva regulación, se evalúe el cumplimiento de los objetivos para proponer nuevos y se pueda introducir alguna meta sobre contenido de material reciclado en la composición de la ropa o el calzado.

Al igual que ocurre en otros residuos, el proyecto de real decreto establece que son los productores de textil y calzado los que deben hacerse cargo y financiar la gestión de los artículos que venden una vez se convierten en desechos. Aparte de las marcas de ropa, esto incluye a las pymes y a comercializadores a distancia, tales como plataformas digitales, pero excluye a los sastres y modistas que trabajan por cuenta propia en la fabricación de productos a medida, así como a quienes suministran prendas reutilizadas.

La normativa fija las pautas generales para reducir el impacto ambiental de estos desechos, pero no decide cómo debe realizarse la recogida de estos materiales. Con todo, el marco jurídico creado por el real decreto prevé la posibilidad de que coincidan distintos sistemas de recogida, ya sea puestos en marcha por las marcas o por empresas de economía social (para lo que deben ser gestores de residuos). En este sentido, el texto especifica que no tendrán la condición de residuo “aquellos productos textiles o de calzado usados que hayan sido entregados personalmente por usuarios finales a operadores de reutilización y sean clasificados inmediatamente como aptos para la reutilización en el punto de recogida”.

Del mismo, la nueva redacción prevé la obligación de crear una oficina de coordinación en caso de que existan varios sistemas de recogida colectivos. Y establece que los sistemas colectivos de recogida deberán destinar como mínimo un 10% de sus ingresos a financiar actuaciones de I+D+i, y un 5% a actuaciones en materia de prevención.

Por último, en lo que atañe al envío de ropa a terceros países, el proyecto de real decreto fija los requisitos, documentación e inspección incluida que deben cumplir los traslados de productos usados aptos para la reutilización, para distinguirlos de los traslados de residuos de productos textiles y de calzado. Si son desechos se pueden exportar, siempre que cumplan los requisitos del reglamento europeo de traslado de residuos. Pero si se determina que pueden ser aptos para la reutilización, estos dejan de ser desechos y son considerados otra vez productos.