El debate | ¿Qué posibilidades hay de una transición democrática en Venezuela?

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, ha cambiado por completo el escenario venezolano. Frente a lo que podía parecer en un primer momento, Donald Trump no tiene ninguna intención de desmontar el aparato chavista, sino que ha dejado que Maduro sea sustituido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y parece dispuesto a no exigir cambios mientras se le permita a las empresas norteamericanas el acceso al petróleo.

El pasado 10 de diciembre, Colette Capriles y Mariano de Alba, ambos opositores al régimen chavista, debatían en esta misma sección sobre la posibilidad de una intervención militar de EE UU en Venezuela. Con la nueva situación, retoman la conversación, esta vez para dar su opinión sobre las posibilidades de que la intervención derive en una transición democrática.

No se puede descartar un escenario de caos

COLETTE CAPRILES

Un exembajador destacado en Venezuela, Todd Robinson, señala en conversación con Christiane Amanpour algo fundamental para comprender la naturaleza del régimen venezolano: “Es una hidra con diferentes cabezas”. De hecho, el secreto de su resiliencia y de su capacidad de adaptación consiste en los balances entre grupos o tribus de poder que satisfacen sus distintos intereses y colonizan las diferentes partes de la administración. Un acuerdo corporativo permitió que Maduro, como sucesor designado por Chávez, ejerciera la presidencia mientras otros aspirantes (o “jefes”, como se les llama) recibían cuotas de poder y autonomía.

Este esquema en realidad fue creado por el propio Chávez. Ejercía un “poder arbitral” entre las demandas de los grupos que componían su archipiélago. Ponía límites a las aspiraciones de unos y favorecía a otros. Su candidatura en 1998 fue posible por un aluvión heterogéneo de actores, que fue adelgazándose y encuadrándose en términos de lealtad y cada vez menos en términos de coincidencia ideológica o proyecto político.

Maduro prosiguió con ese esquema para construir su propia base de poder, en lo cual fue fundamental la influencia de su esposa, Cilia Flores, pero manteniendo la coalición de intereses. Esto explica su supervivencia como primum inter pares, pero también explica la incapacidad de mantener un mínimo de eficiencia en la gestión pública, que se distribuye entre los distintos grupos bajo la forma de división del trabajo con autonomía relativa y capacidad de decisión propia. También tienen recursos financieros, control de economías oscuras y pie de fuerza.

Todo esto es muy lejano a las caracterizaciones que suelen hacerse cuando se habla de autoritarismos, sobre todo de izquierda, siempre comparados con las formas soviéticas y su verticalidad absoluta, o las dictaduras tropicales y su personalismo. Estos regímenes en efecto son extremadamente sensibles a la decapitación: la pirámide se viene abajo.

La última gran sorpresa de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es que la administración Trump entendió esta dinámica del poder madurista y se preparó para ella. Una gran restricción política que tenía Trump para emprender una acción armada en Venezuela era su propia promesa electoral de no involucrar a su país en algún desordenado proceso de cambio de régimen o de costosa democratización a la fuerza.

The Wall Street Journal revela que los informes de la CIA concluyeron que esta estructura de poder desafiaba la mera separación de Nicolás Maduro y su reemplazo por un nuevo régimen encabezado por la oposición. La evaluación incluyó un descarnado análisis de las escasas capacidades de un gobierno de Edmundo González y/o María Corina Machado para asegurar la estabilidad, frente a los múltiples loci de poder enraizados en la fuerza armada y sistema policial, grupos de base comunales, partido, nuevas elites, bandas organizadas.

Hay un aspecto más político involucrado: las posiciones de Machado no privilegian una estrategia progresiva de desmantelamiento de estas estructuras, que supone postergar el acceso al poder, y en general no han acompañado las iniciativas de comunicación entre Washington y Caracas durante el último año, o de eventuales negociaciones derivadas.

La minuciosidad del diseño de la implacable operación militar estuvo, se presume, acompañada de otra cuidadosa atención a la sucesión. En este momento no se sabe si existe un acuerdo más o menos estructurado entre la ahora presidenta encargada, su entorno, y la Administración de Trump. Pero en el estilo de comunicación típico de ésta, se han filtrado sus exigencias. Privilegios para compañías estadounidenses en la explotación petrolera, con exclusión de otros actores; cooperación en la lucha contra el narcotráfico y en particular contra la presencia del ELN y disidencias de la FARC en Venezuela; ruptura de relaciones de cooperación con Irán y Hezbolá.

La Constitución venezolana establece que el vicepresidente suple, como parte de sus obligaciones, las ausencias temporales del presidente durante un periodo de 90 días prorrogables una vez. Sin embargo, Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada, con una confusa sentencia del Tribunal Supremo, pero con un claro mensaje: acepta que está a cargo de cumplir esa agenda. Más allá de vagas referencias a un plazo de “meses” para la vigencia de este “encargo”, no hay una hoja de ruta pública para la reforma institucional que necesita la transición, ni un espacio político para diseñarla.

La construcción de la “estabilidad” es de hecho un objetivo que puede ser contradictorio con la lista de deseos, y allí hay un primer problema, sobre todo en cuanto a aquellos actores no estatales y a sus aliados en el sistema, que constituyen el mayor riesgo de derivar hacia un escenario de caos nada descartable. Pero la cuestión de fondo es si ese funcionamiento casi colegiado que caracterizaba a la cúpula se reconfigurará para conservar el poder, o si por el contrario, se abre el camino para las reformas y medidas políticas que acerquen el horizonte democrático. Muchas de esas medidas figuran en los acuerdos suscritos en la última negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición en 2021-2023.

Pero nada de esto puede ocurrir al margen de la sociedad venezolana y sin una interlocución comprometida con los factores de la oposición en Venezuela y fuera de ella, que a la vez deben ejercer su responsabilidad política de representar las demandas de bienestar y democracia de todos los venezolanos.

Parece que Venezuela vuelve a ser un experimento para calibrar la nueva gramática de las relaciones internacionales puesta en práctica por la Administración de Trump a través de una operación bélica que violó todas las convenciones internacionales, que interpela a los organismos multilaterales y su diplomacia, y que revive la doctrina del Lebensraum. Y por ello la responsabilidad política de quienes quieren construir democracia en Venezuela se extiende también a la recuperación del derecho internacional y de los principios de la soberanía nacional.

Democracia primero, petróleo después

MARIANO DE ALBA

La captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas armadas estadounidenses es un hecho trascendental que podría incrementar la probabilidad de que eventualmente en Venezuela se pueda construir un sistema democrático. Pero la edificación de las condiciones necesarias para una transición democrática no se puede seguir dejando tan preponderantemente en manos del Gobierno estadounidense, cuyo interés principal, habida cuenta de las declaraciones del presidente Donald Trump, es el petróleo venezolano y no la democracia.

Por ahora, las condiciones mínimas para considerar que hay una transición democrática en marcha no están presentes. Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos en Estados Unidos, pero el régimen que lideraban sigue en el poder con la firme intención de perpetuarse. Si se evalúan las declaraciones del presidente Trump y de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, al menos en el corto y mediano plazo lo que está planteado es un continuismo sin Maduro, condicionado a que el mismo régimen, ahora liderado por Delcy Rodríguez, acepte e implemente una serie de condiciones impuestas por Washington, enfocadas en el negocio petrolero y la posible reconstrucción de la infraestructura en Venezuela. Para empezar, la urgente liberación de los presos políticos y el cese inmediato de la represión ha quedado fuera de la agenda de Washington.

Al mismo tiempo, la abrupta salida de Nicolás Maduro del poder a través de una operación militar estadounidense que no sufrió prácticamente ningún daño, le plantea al chavismo, que sigue contando con el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, la necesidad de tratar de acordar un reacomodo profundo entre sus distintas facciones. Se trata de un régimen que ha demostrado en infinidad de oportunidades que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de seguir en el poder.

Esto no descarta de plano, pero tampoco hace necesariamente probable, que la captura de Maduro podría comenzar a desencadenar una serie de disputas internas a lo interno del chavismo sobre cómo seguir adelante y que ello desemboque que algunos de esos grupos empiecen a tratar de negociar las condiciones de su salida del poder, buscando evitar sufrir el mismo destino que Maduro. Sin embargo, las señales de los últimos días dan cuentan de un régimen que sigue controlando toda la institucionalidad que subsiste en el país, y está dispuesto a persistir. No será sorpresivo si también aceptan concesiones de gran importancia al Gobierno estadounidense, especialmente en cuanto los recursos petroleros, con el objetivo ulterior de tratar de mantener una cohesión y conseguir vías para continuar en el poder, en contra del deseo de la mayoría de los venezolanos expresado en las urnas el 28 de julio de 2024.

Uno de los elementos centrales que sigue atentando contra la posibilidad de que Venezuela pueda empezar a caminar hacia una transición democrática es la debilidad de la organización y coordinación entre el liderazgo opositor que fue elegido en 2023 y 2024 con las demás fuerzas políticas y la sociedad civil venezolana. Durante el año 2025, ese liderazgo apostó prácticamente todos sus esfuerzos a una solución producto de las acciones del Gobierno estadounidense. Ahora se encuentra en una situación dónde ese mismo Gobierno estadounidense apuesta por una supuesta estabilidad prometida por el régimen chavista, centrada en unos posibles acuerdos leoninos con relación al petróleo venezolano que justamente son más posibles bajo la perpetuación de un sistema autoritario que sea indiferente a los intereses y bienestar de los venezolanos.

Ese liderazgo, que se suponía que estaba coordinando todas sus acciones con Washington, también se vio sorprendido por la acción contra Maduro, y no fue capaz de aprovechar la confusión generada para demostrar una serie de movilizaciones que al menos incrementara la posibilidad de que los intereses de la mayoría de los venezolanos también fueran relevantes para el Gobierno estadounidense y al menos una parcialidad del régimen chavista o las fuerzas armadas venezolanas. Es innegable que esa movilización, organización y coordinación es muy difícil y riesgosa producto de la represión y el miedo que se ha instalado en Venezuela, pero justamente para poder vencer el miedo es que hace falta una mayor organización. Sostener que es imposible adelantar este esfuerzo sería desconocer cómo se ha logrado derrotar otros sistemas autoritarios.

El escenario que está planteado ciertamente abre la posibilidad de que eventualmente entre las condiciones que imponga el Gobierno estadounidense esté la realización de unas elecciones competitivas y con garantías. Sin embargo, la oposición venezolana, que aspira seguir representando los intereses de una mayoría de los venezolanos, no puede limitarse nuevamente a apostar todas sus esperanzas a lo que se decida en la Casa Blanca. La iniciativa y organización interna ya no sólo tiene que ser protagonista para lograr un cambio político y democratizar al país, sino también porque bajo un sistema realmente democrático es que podrán ponerse ciertos límites a la obsesión y demandas del presidente estadounidense con respecto al petróleo venezolano.