El Constitucional estudiará por primera vez el incumplimiento del deber del Gobierno de presentar Presupuestos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado ―a instancias del PP, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara― por el incumplimiento por parte del Gobierno de su deber de presentar anualmente en las Cortes Generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Será la primera vez que la corte de garantías estudie este asunto.

El Pleno ha acogido por unanimidad de sus doce miembros la propuesta de la magistrada progresista Laura Díez, que abogaba por analizar este conflicto de atribuciones, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

El PP hizo valer su mayoría en el Senado para que su Pleno aprobara el pasado octubre este conflicto de atribuciones, que acabó formalizándose a finales de año, tras una decisión muy meditada por las dudas que suscitaba a los ‘populares’ acudir a un Constitucional de mayoría progresista.

El PP sostiene que el Gobierno le ha hurtado la posibilidad de debatir y aprobar las cuentas públicas por no presentar las de 2026, aunque también denuncia las sucesivas prórrogas de los Presupuestos aprobados en 2023. Técnicamente señala vulneraciones, entro otros, de los artículos 1.3 y 66.2 de la Constitución, que establecen que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y atribuyen a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, respectivamente.

También esgrime una violación del artículo 134 de la Carta Magna, que regula la presentación de las cuentas públicas. En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo argumentan que el 30 de septiembre expiró el plazo que la propia Constitución da al Gobierno para registrarlas. La Ley Fundamental establece que debe hacerlo al menos tres meses antes de que caduquen las del año anterior y, aunque no siempre se cumplen estos plazos, sí es la primera vez que no se han presentado.

El PP también denuncia un “abuso de la prórroga”

“Estamos ante un supuesto de estricta usurpación de atribuciones pues el Gobierno, mediante el abuso de la prórroga, se está arrogando una competencia que no le corresponde, autorizando gastos no previstos en el Presupuesto de 2023 y, por tanto, no aprobados por las Cortes Generales, sobre la base de un Presupuesto prorrogado más allá del límite temporal permitido por la Constitución”, argumenta el recurso del PP, al que tuvo acceso El PAÍS.

Los populares aseguran que se trata de “una lesión por menoscabo de atribuciones constitucionales, por la que se frustra el ejercicio de la competencia presupuestaria del Senado, impidiéndose, por la omisión del Gobierno de elaborar unos Presupuestos, que los efectos de dicha función constitucional del Senado se desplieguen”.

Además, el PP aduce que “la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año, del mismo Presupuesto de 2023 es inconstitucional” porque “desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual y es un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales”.

Fuentes del Ejecutivo creen que el conflicto planteado por la Cámara alta no tendrá mucho recorrido porque entienden que no se puede obligar a un Gobierno a presentar unos Presupuestos sin apoyos. En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido a hacerlo.