Sacrificio por la institucionalidad

Tras varios meses de bloqueo, las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso han renunciado a sus candidaturas a presidir las salas Segunda (de lo Penal) y Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo. Dejan paso así para que los otros dos candidatos —Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas— sean elegidos en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este miércoles.

El gesto de Ferrer y Teso es un acto de compromiso con la institucionalidad del Supremo porque permite el restablecimiento de la normalidad en las dos salas más importantes del alto tribunal. La Segunda, cuya presidencia está vacante desde diciembre, es la que se encarga de juzgar a los aforados y que ahora investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y a los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La Tercera, por su parte, es la que trata los pleitos que afectan al Gobierno. Su presidencia está en situación de interinidad desde hace tres años.

Pero la cesión de las magistradas también es una demostración clara de la cerrazón de los sectores mayoritarios a hacer concesiones de cualquier tipo. Incluso en contra de las evidentes necesidades de modernización que tiene el Poder Judicial. Es importante recordar que los cuatro candidatos son juristas de reconocida experiencia y prestigio. Las diferencias entre ellos a la hora de su elección por parte del CGPJ tienen, por lo tanto, otros motivos.

Hace algo más de un año las Cortes aprobaron la Ley de Paridad, que establece unos mínimos y unos máximos de representatividad de género en las altas instituciones del Estado. Respaldados por su presidenta, Isabel Perelló, los vocales conservadores han impuesto su veto para rechazar a estas dos magistradas. El quid del bloqueo tiene, más que nada, motivos ideológicos. Al defender posturas más progresistas, Ferrer y Teso han sido vinculadas, dentro y fuera del CGPJ, a un Gobierno que los vocales más conservadores consideran irrespetuoso y hasta hostil con el Poder Judicial en su conjunto. Eso las ha convertido en objeto de una latente animadversión por parte de un segmento de sus compañeros, lo que sin duda ha pesado en su decisión de abandonar su candidatura.

Martínez Arrieta y Lucas, los candidatos únicos, son los que hasta ahora encabezaban en funciones ambas salas en razón a su antigüedad en el cargo. Tienen 70 y 71 años, respectivamente, y la edad de jubilación forzosa de la carrera judicial es de 72. Dado que el mandato de los presidentes de sala es de cinco años, esto implica que los puestos volverán a quedar vacantes en un tiempo relativamente breve.

El compromiso institucional de Ferrer y Teso no debe servir como coartada para el inmovilismo del resto. El sector más conservador del CGPJ no puede seguir ignorando la necesidad de un Poder Judicial más plural que represente en los más altos puestos de la judicatura la diversidad ideológica y de género de la sociedad española. La imparcialidad y la independencia de la justicia exige sacrificios por parte de todos. No solo de un lado.