Las candidatas progresistas renuncian a presidir las dos salas clave del Supremo

Las magistradas del Tribunal Supremo Ana Ferrer y Pilar Teso han retirado sus candidaturas respectivas a las presidencias de la Sala Segunda (de lo Penal) y Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo, dos puestos clave para los que ambas eran las candidatas del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ferrer ha renunciado este jueves, en una carta dirigida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, lamenta que los “vetos ideológicos” de vocales del órgano de gobierno de los jueces a determinados candidatos prevalezcan “sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”. En el caso de Teso, fuentes de su entorno confirman que también retira su candidatura y que prevé enviar un escrito de renuncia en los próximos días.

Los vocales progresistas ya defendieron el pasado verano las candidaturas de Ferrer y Teso para presidir el CGPJ, pero sus nombres fueron vetados por los conservadores, que ni las eligieron para ese cargo ni estaban dispuestos a votarlas para las dos salas principales del Supremo. Las renuncias de Ferrer y Teso dejan como únicos aspirantes a los candidatos propuestos por los conservadores: Andrés Martínez Arrieta para la Sala Segunda y Pablo Lucas, para la Tercera. Ninguno de los dos terminará los cinco años de mandato porque llegarán a la edad máxima de jubilación de los jueces (72 años) antes de ese plazo (Martínez Arrieta tiene 70 años y Lucas, 71). Ferrer (66 años) y Teso (65) sí estaban en disposición de completar los mandatos, una razón que también esgrimían a su favor los vocales progresistas.

La presidenta del CGPJ pretende incluir las votaciones de ambas plazas en el pleno previsto el próximo 23 de julio, pero fuentes del órgano admitían en los últimos días que el acuerdo está lejos y no descartaban que se declararan desiertas y hubiera que buscar otros candidatos. Esta situación es la que ha llevado a ambas magistradas a retirar sus candidaturas.

“Ninguna de las salas de este tribunal, pero aún menos la Sala Segunda dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una Presidencia en funciones. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y en particular en el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”, señala Ferrer en el escrito que ha enviado a Perelló.

“Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar”, añade la magistrada.

Teso no ha dirigido aún ninguna comunicación formal al CGPJ, pero fuentes de su entorno señalan que lo hará. En ese escrito, según estas fuentes, la magistrada explicará su decisión en la necesidad de acabar con los tres años de interinidad en la presidencia de la Sala Tercera. Teso ya retiró su candidatura el pasado verano para presidir el CGPJ y el Supremo, cuando, como ahora, el veto de los conservadores hizo imposible su nombramiento y la candidata renunció para desbloquear la situación. Para presidir la Sala Tercera, los vetos a Teso no han llegado solo desde el sector conservador, sino que, según fuentes el órgano, la propia Perelló, magistrada de esa sala, se ha opuesto a su designación.

Existe la posibilidad de que, en el pleno del 23 de julio, los progresistas rechacen votar a Martínez Arrieta y Lucas y las dos plazas se declaren desiertas, pero fuentes de ese bloque dan por hecho que se avalará a ambos magistrados. Esa es también la intención de las dos magistradas que han optado por retirarse, según las fuentes consultadas. La propia Ferrer, en su carta de renuncia, define a Martínez Arrieta como un “candidato de prestigio incuestionable” al que ella ofrece su “más leal colaboración” en todo lo que contribuya a mejorar el funcionamiento de la Sala Penal, cuya presidencia está vacante desde que, en diciembre pasado, terminó el segundo mandato de Manuel Marchena.

La pugna por estas dos plazas estaba abierta desde octubre pasado, sin que hasta ahora se haya vislumbrado una posibilidad de acuerdo. La división entre los bloques se certificó el pasado 7 de mayo, cuando la presidenta del CGPJ forzó cuatro votaciones consecutivas para ambas presidencias para devolver el proceso de selección a la Comisión de Calificación, con el objetivo de que esta formulara otra propuesta. Todos en el Consejo daban por hecho que esa comisión propondría a los mismos cuatro candidatos, pero se trataba solo de ganar tiempo para la negociación.

La comisión encargada de seleccionar a los aspirantes confirmó su propuesta este martes, ratificando las candidaturas de Ferrer, Martínez Arrieta, Teso y Lucas. Y estos cuatro nombres eran los que se iban a llevar al pleno del próximo miércoles, en el que la presidenta quiere que se voten todos los nombramientos, alrededor de una treintena, que quedan pendientes desde el anterior Consejo tras la reforma legal que eliminó la competencia del CGPJ para los nombramientos discrecionales mientras estuviera en funciones (el anterior órgano estuvo con el mandato prorrogado entre 2018 y 2024).

Tras la renuncia de las dos magistradas, las negociaciones se centrarán ahora en acordar el resto de nombramientos, entre ellos el de la presidencia de las Audiencias Provinciales de Madrid y Valencia, una plaza de magistrado en la Sala Quinta (militar) del Supremo y varias presidencias de sala de TSJ.

El choque entre conservadores y progresistas para la elección de las presidencias de las Sala Segunda y tercera ha estado atravesado por otro debate de fondo: cómo aplicar la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Un informe encargado por Perelló al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco años de mandato, pero este dictamen contradice a otros dos redactados por la comisión de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de órgano. Esta es también la postura que defiende la mayoría del bloque progresista, que advierte que no es comparable presidir una sala del Supremo con una Audiencia Provincial.

Esta tesis supondría que tendría que respetarse la regla del 60/40 en el número total de magistrados del alto tribunal y en las presidencias de sala del Supremo, lo que, tras la renuncia de Teso y Ferrer, ya no será posible. Pese a que el Consejo y el alto tribunal están por primera vez presididos por una mujer, solo hay una magistrada al frente de una sala (Concepción Ureste elegida en marzo pasado presidenta de la Sala Cuarta -Social-).