El CGPJ certifica el bloqueo para elegir la presidencia de las dos salas clave del Supremo

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha hecho saltar por los aires este miércoles el proceso de selección de los presidentes de las dos salas clave del Supremo. Perelló ha sometido a votación las cuatro candidaturas —dos por sala— que se habían presentado para la Sala Segunda (Penal) y la Tercera (Contencioso-Administrativo) a pesar de que fuentes tanto del grupo progresista como del conservador coincidían en que, de momento, no hay posibilidad de pacto para estos dos nombramientos. Y, tras una primera votación que ha constatado la división entre los dos bloques —con el voto en blanco de Perelló—, la presidenta ha instado a votar tres veces más para forzar la devolución de las candidaturas a la Comisión de Calificación formule otra propuesta. Para su elaboración, según lo acordado en el pleno, esa comisión solo podrá tener en cuenta a los aspirantes que habían concurrido a la convocatoria, por lo que, previsiblemente, desembocará en los mismos nombres, salvo que alguno retire su candidatura.

La negociación sobre las presidencias de las dos salas clave está encallada con cuatro candidatos sobre la mesa: los progresistas proponen a dos mujeres, la magistrada Ana Ferrer para la Segunda —presidida hasta diciembre pasado por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de resolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y Pilar Teso para la Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—; mientras que los conservadores defienden el nombramiento de Andrés Martínez Arrieta para presidir la Sala Penal y Pablo Lucas para la de lo Contencioso-Administrativo.

Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Los vocales elegidos a propuesta del PP aseguran que, por ahora, no se plantean aceptar a ninguna de las dos candidatas de los progresistas, a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno.

Fuentes conservadoras admiten que no tienen prisa por desencallar estos nombramientos porque las dos salas están ahora presididas en funciones por sus dos candidatos para la designación formal. Ambos están, además, en la recta final de su carrera (Martínez Arrieta tiene 70 años y Lucas, 71) y los conservadores argumentan que se merecen jubilarse (a los 72 años) como presidentes de Sala, aunque sea ocupando ese puesto de forma interina si los progresistas rechazan votarles.

La negociación, además, está atravesada por otro debate de fondo: cómo aplicar la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado y que establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”. Un informe encargado por Perelló al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluyó que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco años de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisión de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de órgano.

Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones, como aseguran los conservadores, supongan primar la paridad sobre el mérito y la capacidad, como sostienen los conservadores. “Son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y así lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisión de calificación y la permanente”, señala un vocal progresista.

La presidenta ya había incorporado estos nombramientos en el orden del día de varios plenos, pero luego los había retirado tras constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Tras el pleno de abril, Perelló dio un ultimátum y advirtió a los vocales de que las presidencias de las dos salas clave del Supremo tenían que votarse en uno de los dos plenos previstos en mayo, uno este miércoles y otro el día 21. Algunos consejeros pensaban que ese margen se prolongaría hasta la segunda sesión, pero en los últimos días la presidenta había advertido a los grupos de que, esta vez, no iba a sacar ese punto del orden del día e iba a forzar la votación.

Perelló , finalmente, no solo ha forzado una votación sino cuatro seguidas para cada sala, a sabiendas de que no había ninguna opción de que el resultado cambiara de una a otra: los diez vocales progresistas han votado a Ferrer y Teso y los diez conservadores, a Martínez Arrieta y Lucas. Perelló ha votado en blanco. Al votar cuatro veces sin que ninguno de los candidatos haya obtenido los apoyos necesarios, entra en funcionamiento el artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo que establece que, después de tres votaciones consecutivas, “se entenderá denegada la propuesta, que se devolverá al órgano competente para que formule otra nueva”.

En los nombramientos en los que se exija una mayoría cualificada, como ocurre en las presidencias de sala del Supremo, la norma establece que será el pleno el que fijará los trámites de la votación. Varios vocales consultados admiten que hay discrepancias sobre cómo aplicar esta regla, pero, según estas fuentes, lo acordado en la reunión de este miércoles implica devolver las candidaturas a la Comisión de Calificación (la encargada de examinar a los aspirantes para cada plaza y proponer las ternas que se votarán) para que esta haga una nueva propuesta. En principio, según las fuentes, lo previsible que es esa comisión vuelva a proponer las mismas candidaturas y el pleno vuelva a votarlas, supuestamente, tras una nueva negociación entre los grupos.

Perelló vota con los conservadores

Las presidencias de la Sala Penal y Contencioso-Administrativo no han sido las únicas votaciones que han llevado a cabo los vocales este miércoles. El pleno se ha pronunciado también sobre otras plazas vacantes en cargos del Consejo, y en tres de ellas (el adjunto a jefe del Servicio de Inspección y dos plazas de inspector delegado), han salido adelante los candidatos del bloque conservador gracias al voto de Perelló y del consejero propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado. Esta decisión ha causado gran malestar entre el resto de miembros del grupo progresista, segúnlas fuentes consultadas.

Parte del grupo progresista próximo a Sumar afirma estar molesto por “los resultados desastrosos” de los negociadores de este grupo y por su actuación “completamente al margen de cualquier acuerdo” entre las distintas sensibilidades que integran el grupo.