Montoro, imputado

Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otras 27 personas —la mayoría, altos cargos de sus dos etapas al frente del Ministerio— por la supuesta comisión de delitos continuados de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. El magistrado describe una trama en la que empresas gasistas pagaban a Equipo Económico —el despacho de abogados que fundó Montoro con algunos de los mandos de su primera etapa en Hacienda— para lograr rebajas fiscales hechas a su medida y promovidas por los altos cargos de su segunda época en el Gobierno.

Se trata de algo gravísimo. Los tribunales tendrán que delimitar las responsabilidades penales en un caso cuya investigación de siete años se inició a partir de una denuncia anónima y del hallazgo de correos electrónicos en los que se ponía de manifiesto la existencia de esos posibles pagos a Equipo Económico para obtener modificaciones legislativas favorables a las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). El sumario revela que las propias empresas beneficiarias redactaban los textos legales que luego iban a ser aprobados, en una escandalosa privatización de las rebajas fiscales, más sangrante aún por el contexto de dificultades económicas —entre 2011 y 2018— en que se produjeron.

Independientemente de que se pueda probar la existencia de los delitos investigados y de que el proceso acabe en condenas por la vía penal, el caso Montoro revela una censurable práctica en la que empresas, consultoras y cargos públicos se confabulaban en una captura regulatoria sistémica, una perversión del poder legislativo que no solo supuso la pérdida de millones de euros de recaudación, sino que también erosionó el Estado de derecho. La política debe promover el interés general y en este caso se produjo una corrupción obvia de ese principio. La cercanía y familiaridad de los responsables de Equipo Económico con los altos cargos de Hacienda ya despertó en su día sospechas y recelos y fue objeto de investigaciones que no cristalizaron. Lo que el juez ha hallado son pruebas de cómo funcionaba ese mecanismo por el cual los antiguos colaboradores de Montoro en Hacienda influían de forma directa sobre el ministro y los miembros de su equipo en su segunda etapa en el Ejecutivo.

La investigación judicial obliga también a reflexionar sobre las puertas giratorias y sobre los grupos de presión, carentes de regulación en España. Queda además por ver si las pesquisas apuntan a otras prácticas cuestionables dentro de un ministerio que debería ser especialmente pulcro en el uso de la información que maneja, la apertura de inspecciones fiscales y la promoción de una normativa no discriminatoria ni arbitraria. Lo opuesto a lo que hacía la Hacienda de Montoro.

En la causa están imputados miembros de la cúpula ministerial de las dos etapas. Entre los investigados están el ministro, el secretario de Estado, subsecretarios de Hacienda, directores y subdirectores generales de tributos y otros cargos del ministerio durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso como ejemplo en el último congreso de los populares.

Feijóo ha convertido los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez en el eje de su oposición, pero si su compromiso con la limpieza de la vida pública pretende ser creíble, debe condenar sin ambages también los que afectan a su partido. Cristóbal Montoro se dio ayer de baja como afiliado del Partido Popular. Sin embargo, la reacción inicial de los dirigentes del PP ha sido la de restar importancia al caso. Aunque Feijóo no sea responsable político de los escándalos de los Gobiernos de su formación en el pasado, mirar para otro lado es una respuesta indigna de alguien que aspira a gobernar España en el futuro.