Trump legisla para los ricos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este 4 de julio, Día de la Independencia, tal y como anhelaba: firmando la ley “grande y bonita” que consagra un masivo recorte de impuestos que beneficia particularmente a los más ricos y que se financia con recortes en programas de protección social y con un aumento del endeudamiento. Al mismo tiempo, revierte gran parte de los esfuerzos del expresidente Biden por encaminar al país hacia una economía de energías limpias. Aunque los efectos de la norma pueden acabar costándole las elecciones de mitad de mandato, en 2026, solo dos congresistas conservadores le han negado su apoyo, lo que demuestra el dominio que Trump ejerce sobre el Partido Republicano

En el plano político, se trata de una indudable victoria del mandatario neoyorquino, que cumple así con algunas de sus promesas electorales: eliminar los impuestos sobre las propinas, financiar una campaña de deportación masiva de migrantes o aumentar el gasto en defensa. Y al contrario de lo sucedido con su política arancelaria, lo logra además sin que se produzca un terremoto en los mercados. Todo ello en un poco más de cinco meses desde su vuelta a la Casa Blanca y pese a las dudas que en sus propias filas han generado aspectos de una ley que dejará su impronta en la economía estadounidense de la próxima década.

El principal propósito de la norma era garantizar la prórroga de las rebajas fiscales que Trump introdujo en 2017, durante su primer mandato, y que expiran a finales de este año. Desde ese punto de vista, la ley refuerza la tradicional política reaganiana de rebaja de impuestos a las empresas y las grandes fortunas, pero esta vez sin que suponga un nuevo estímulo al crecimiento, dado que el grueso de esas rebajas ya está en vigor. Pese a sus grandilocuentes palabras, el impacto de la Trumpeconomía quedará bastante lejos del New Deal de Rooselvelt o la Gran Sociedad de Johnson.

Otra cosa es la vertiente presupuestaria de la nueva legislación, que pone las finanzas de la primera economía mundial en una senda difícilmente sostenible. Las rebajas de impuestos ascienden a 4,5 billones de dólares, mientras que los recortes en programas sociales —especialmente Medicaid (el seguro médico público para los más pobres) y las ayudas a la alimentación para los más desfavorecidos— suponen 1,1 billones. Eso significa que el déficit aumentará en los próximos 10 años en 3,4 billones de dólares y que, a pesar de los ingresos procedentes de los aranceles, los números rojos se situarán en el entorno del 6% del PIB y la deuda pública escalará hasta el 120%. El FMI ya advirtió sobre los riesgos de este megaproyecto fiscal, lo que añade presión sobre los bonos del Tesoro y la cotización del dólar.

La Oficina Presupuestaria del Congreso sentenció que, en su versión inicial, la norma impulsada por Trump era indudablemente regresiva, dado que el 30% más pobre de la población vería empeorar su situación, mientras que los ingresos del 10% más rico aumentaban más de un 2%. Ese sesgo no ha hecho más que acentuarse con las concesiones añadidas durante la tramitación para lograr su aprobación. Entre recortes y nuevos requisitos burocráticos, alrededor de 12 millones de estadounidenses podrían perder su seguro médico. El cambio es de tal magnitud que requerirá vigilancia constante por parte de las autoridades económicas para evitar un aumento generalizado de los costes de financiación de la economía estadounidense y de sus empresas. La “bonita” ley de Trump supone una mutación que a largo plazo tendrá efectos muy negativos sobre la cohesión social y la estabilidad fiscal de Estados Unidos.